El asesinato de la periodista Roxana Guzmán volvió a evidenciar la situación de riesgo que enfrenta la prensa en Veracruz, donde 34 comunicadores han sido asesinados desde el año 2000. Las investigaciones derivaron en la detención de ocho personas, entre presuntos integrantes de un grupo criminal y policías municipales señalados por brindar apoyo logístico
Xalapa, Veracruz, 11/07/26 (Más).- Veracruz mantiene una de las estadísticas más preocupantes para el ejercicio del periodismo en México: desde el año 2000, al menos 34 periodistas han sido asesinados en la entidad, una cifra que refleja un entorno persistente de violencia e impunidad, sin que los cambios de gobierno o las transformaciones en la actividad de los grupos criminales hayan logrado modificar el riesgo que enfrentan quienes ejercen la labor informativa.
De acuerdo con información publicada por El País, el caso más reciente es el de Roxana Guzmán, fundadora de la página de Facebook Pulso Informativo del Sureste, cuyos restos fueron localizados en Nanchital después de haber sido privada de la libertad el pasado 2 de junio. Antes de confirmarse su fallecimiento, la gobernadora Rocío Nahle sostuvo que las agresiones en este caso no estaban relacionadas con su actividad periodística y afirmó que en su administración existe plena libertad de expresión.
La situación recuerda otros episodios que han marcado la historia reciente del periodismo en Veracruz, entre ellos el asesinato de Regina Martínez en 2012. La corresponsal de la revista Proceso fue encontrada sin vida en el baño de su domicilio en Xalapa, después de haber publicado investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción y vínculos entre autoridades estatales y grupos delictivos. Su muerte representó un punto de inflexión para la prensa mexicana debido al impacto nacional e internacional que generó.

Tras ese crimen, el entonces gobierno encabezado por Javier Duarte intentó desvincular el homicidio de la labor periodística de Martínez e incluso se cuestionó públicamente su imagen. Posteriormente, un proceso judicial señalado por diversas irregularidades concluyó con la versión oficial de que el móvil del asesinato había sido un robo, una explicación que fue ampliamente cuestionada por organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
En el caso de Roxana Guzmán, además de desempeñar actividades periodísticas mediante su plataforma digital, también participaba junto con su familia en varios negocios locales, entre ellos la venta de mariscos, botanas y micheladas. En sus publicaciones convivían anuncios comerciales con información sobre accidentes, actividades comunitarias, manifestaciones, desapariciones y hechos de violencia registrados en la región sur de Veracruz, una zona afectada por la presencia del crimen organizado.

Las circunstancias de su privación de la libertad apuntan a una operación organizada. Un video captado por la propia periodista muestra a varios hombres armados y con el rostro cubierto irrumpiendo violentamente en su vivienda tras romper los cristales de la puerta principal. Las imágenes forman parte de las principales evidencias dentro de la investigación que desarrolla la Fiscalía General del Estado.
Como resultado de las indagatorias, las autoridades estatales han detenido a ocho personas. Entre ellas se encuentran cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva que opera en el sur de Veracruz y cuatro elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste. De acuerdo con la investigación, uno de los primeros detenidos fue José del Carmen, conocido como “Delta 7”, quien fue identificado por Rubicelia Ramírez, madre de Roxana Guzmán, como uno de los participantes en el secuestro.

La Fiscalía también informó que otros presuntos implicados fueron identificados como Javier Iván, alias “Delta 1”, y Luis Arturo, conocido como “Delta 11”, quienes presuntamente participaron de manera directa en la privación ilegal de la libertad de la periodista. Asimismo, las investigaciones señalan que dos policías municipales y un comandante habrían proporcionado recursos, alimentos y apoyo logístico a la organización criminal involucrada en los hechos.
El testimonio de la madre de Roxana Guzmán coincide con esa línea de investigación. Según relató, los hombres que ingresaron a su domicilio vestían como policías y, al preguntarles hacia dónde se llevaban a su hija, respondieron que “a la comandancia”.
Mientras continúan las investigaciones, el caso vuelve a colocar a Veracruz en el centro del debate sobre la seguridad de los periodistas y la necesidad de garantizar condiciones efectivas para el ejercicio de la libertad de expresión en la entidad.
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