El gobierno estadounidense sanciona a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas ligadas con el CJNG. La red usaba empresas fachada, documentos falsos para mover combustible ilegal
Ciudad de México, 30/06/26 (Más).- El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas con una red de contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal, que operaría en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las medidas fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, que acusa a los involucrados de participar en un esquema de evasión fiscal y tráfico transfronterizo de hidrocarburos.
De acuerdo con la OFAC, la estructura criminal utilizaba empresas fachada, documentación aduanera falsificada y operaciones financieras para introducir combustible desde Estados Unidos hacia México sin cubrir los impuestos correspondientes.
Las autoridades estadounidenses sostienen que este mecanismo genera ganancias de millones de dólares al año para el CJNG y representa una de las principales fuentes de financiamiento de esa organización delictiva.
Según la investigación, el esquema inicia con el robo de combustible y petróleo crudo en territorio mexicano mediante prácticas como el soborno a empleados, la perforación ilegal de ductos, el saqueo de refinerías, el secuestro de camiones cisterna y las amenazas contra trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Posteriormente, el hidrocarburo es trasladado a Estados Unidos para su procesamiento y reingresa a México con documentación alterada para evadir el pago de contribuciones.
Entre los sancionados se encuentra Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por las autoridades estadounidenses como un operador financiero que presuntamente facilita la red de robo de combustible del CJNG.
De acuerdo con la información oficial, el empresario y contador habría creado y administrado compañías fantasma, además de falsificar documentos aduaneros para permitir el traslado ilícito de combustible entre ambos países.
Las sanciones también alcanzan a las empresas Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.; OJ Living Trust, SAPI de C.V.; RK Real King, S.A. de C.V.; Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.; Ogui Fletes; OF Transportes y la firma Cucumber Sweet Waves Ltd., con sede en Reino Unido, las cuales, según el Departamento del Tesoro, estarían bajo el control o propiedad de Juraidini Silva y habrían sido utilizadas para favorecer las operaciones financieras del grupo criminal.
El segundo mexicano sancionado es J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por presuntamente introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México sin contar con los permisos requeridos.
Las autoridades afirman que también se encargaba de realizar pagos de sobornos a organizaciones criminales que controlan los cruces fronterizos y que mantenía vínculos con las empresas Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V., y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V., ambas incluidas igualmente en la lista de sanciones.
La investigación estadounidense señala que las organizaciones involucradas aprovechaban permisos de distribución de combustible y emitían facturas falsas para aparentar la legalidad del hidrocarburo comercializado en México.
Asimismo, sostiene que el combustible era transportado mediante camiones cisterna, vagones ferroviarios y embarcaciones, utilizando empresas de transporte y logística para ocultar el origen ilícito de las operaciones.
El Departamento del Tesoro también aseguró que las ganancias obtenidas mediante estas actividades eran lavadas a través de la adquisición de bienes de lujo, propiedades inmobiliarias y diversos activos de inversión.
Además, afirmó que parte de esos recursos eran utilizados para efectuar pagos en efectivo dirigidos a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el propósito de favorecer la llegada de funcionarios que colaboraran con las organizaciones criminales.
En paralelo a las acciones del gobierno estadounidense, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, tras realizar diversos análisis financieros, detectó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos declarados y los movimientos registrados en el sistema financiero. Como resultado, incorporó a los 11 sujetos señalados por Estados Unidos a la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedir el acceso a recursos financieros mientras continúan las investigaciones.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.