Caso Ayotzinapa: el fiscal prefiere fiesta 

Por su propio equipo, Rosendo Gómez Piedra fue acusado de corrupción, negligencia y desvío de recursos

Ciudad de México, 28/05/25 (Más).- A casi tres años de asumir la titularidad de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), el fiscal Rosendo Gómez Piedra enfrenta múltiples denuncias de corrupción, desvío de recursos y negligencia en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Las acusaciones provienen de trabajadores en activo de la misma Unidad, quienes aseguran que la indagatoria permanece “olvidada y estática”.

En entrevistas realizadas por el medio Animal Político, al menos cuatro fiscales en funciones afirmaron que la prioridad del fiscal Gómez Piedra no ha sido avanzar en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, sino organizar actividades ajenas a la labor institucional, como concursos de disfraces, rifas y banquetes, todo financiado con recursos del personal subordinado. Las denuncias, formalizadas desde abril ante la presidenta Claudia Sheinbaum y el fiscal general Alejandro Gertz Manero, siguen sin respuesta oficial.

Los agentes aportaron fotografías, documentos y videos que muestran eventos festivos organizados por Gómez Piedra dentro de las instalaciones de la FGR en fechas clave del caso, como la celebración del Día de Muertos en octubre de 2023. Ese festejo incluyó maquillaje profesional, calaveritas literarias y una comida tabasqueña con presencia de altos funcionarios, mientras el Estado mexicano debía entregar un informe urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El fiscal tampoco asistió a la audiencia convocada por la CIDH el 9 de noviembre de ese año. En su lugar, envió una carta, lo que fue considerado por los familiares de los normalistas como una muestra de desprecio hacia el proceso de rendición de cuentas. “Fue indignante que prefiriera organizar un festejo antes que atender el llamado de la CIDH”, denunciaron los fiscales.

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos solicitaron de manera directa a la presidenta Claudia Sheinbaum la destitución de Gómez Piedra durante la reunión celebrada este martes 27 de mayo. “Ya pusimos el tema sobre la mesa. Esperamos respuesta”, declaró Melitón Ortega, vocero de las familias.

Clemente Rodríguez, padre del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, también pidió públicamente la salida del fiscal. “Necesitamos a alguien comprometido. No se puede permitir que se use el caso para apoyar campañas políticas”, afirmó en referencia a las denuncias de que Gómez Piedra habría pedido dinero al personal para apoyar la candidatura de la fiscal Sara Irene Herrerías a la Suprema Corte.

Entre otras acusaciones, se señala al fiscal de otorgar estímulos económicos sólo a su círculo cercano, de pedir comisiones en efectivo del 20% sobre bonos institucionales y de utilizar vehículos oficiales para mandados personales. También se denunció la contratación de personal sin experiencia, como el caso del director general César Ovidio Suárez Aldecoa, allegado del fiscal, quien según los trabajadores “no tiene conocimientos en derecho penal ni experiencia en investigación”.

En declaraciones al diario El País, Gómez Piedra negó las acusaciones y aseguró que todo responde a una “venganza” tras el despido de dos personas por presunto robo de información. Sin embargo, los fiscales sostienen que esta denuncia surgió después de la primera que ellos presentaron y consideran que se trata de una estrategia para desviar la atención.

Los familiares de los normalistas también reclamaron la falta de avances en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, prófugo en Israel. Señalaron que tampoco se han entregado los más de 800 documentos en poder de la Sedena, considerados clave para esclarecer el caso. Además, insistieron en que el gobierno debe transparentar el papel del estudiante Julio César López Patolzin, quien fue infiltrado por el Ejército como informante.Pese a los compromisos públicos reiterados por el gobierno federal —incluido el de la presidenta Sheinbaum— para llegar a la verdad y justicia en el caso Ayotzinapa, las denuncias internas y la falta de resultados mantienen la desconfianza entre los familiares y organismos de derechos humanos. A 10 años de la desaparición, persiste la impunidad.