Astillero
Julio Hernández López
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio ayer un paso más en el proceso de desmantelamiento de los insuficientes avances indagatorios de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
De un golpe ha descalificado trabajos realizados por Alejandro Encinas como subsecretario y principal cabeza del esfuerzo realizado en un primer tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego desguazado por ese mismo gobierno en su último trecho; de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj); del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que aportó hallazgos y claves del caso que de otra manera nunca se habrían difundido, y de otras instancias civiles, no gubernamentales, que han contribuido al esfuerzo de verdad y justicia, hasta ahora no alcanzadas.
Además, el organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra emitió consideraciones exculpatorias del rol jugado por el Ejército, al grado de establecer en el punto 583 (página 458 de 867 que forman la recomendación 208VG/2026, disponible en www.cndh.org.mx,, sección Últimas recomendaciones) que “para encontrar la verdad llana, y la justicia, ha sido igual de nociva la narrativa de la ‘Verdad Histórica’, como la narrativa de la ‘Antiverdad Histórica’”.
Porque “mientras en la narrativa de la ‘Verdad Histórica’ se sostenía que la Normal de Ayotzinapa estaba infiltrada por grupos del crimen organizado, puesto que toda la carga estaba en estos últimos y en los policías municipales, en la narrativa de la ‘Antiverdad Histórica’”, como la carga se ha querido trasladar al Ejército como una “acción de Estado”, luego entonces, éste tenía militares infiltrados entre los estudiantes y ese fue el detonante de los hechos. Lo planteó así el GIEI en su VI Informe: “La infiltración de los estudiantes de Ayotzinapa no era por el crimen organizado, sino por miembros del Ejército que ejercían su papel de informantes. Es decir, que a fin de cuentas, sea una o sea otra ‘verdad’, se acaba criminalizando siempre a los estudiantes e, incluso, en ambos casos se acaba por trasladar la responsabilidad de los hechos a uno o a varios de ellos”.
La recomendación de la CNDH, tan trascendente como polémica, no fue dada a conocer en conferencia de prensa, sino por medio de un comunicado colocado en Internet sobre la emisión de una “recomendación reivindicatoria de la lucha de las víctimas directas e indirectas de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y de las deficientes investigaciones de los mismos”. En ese manejo informativo se destaca que la CNDH acreditó “violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, con especial insistencia en denunciar las deficiencias en las investigaciones relacionadas con los hechos” (https://goo.su/6yGMsw).
En los hechos, la actual administración de la CNDH, sumamente cargada a las líneas políticas establecidas por el actual gobierno federal, aporta su cuota al trabajo de desarticulación y estigmatización de los primeros trabajos promisorios de investigación impulsados en la primera parte del gobierno obradorista.
Con este posicionamiento, Piedra Ibarra colabora especialmente con el proceso del primer y el segundo piso de la llamada 4T, que ha buscado disolver y enturbiar el caso histórico, con acento especial en la intención de desmarcar a las fuerzas armadas de los criminales acontecimientos que en septiembre próximo cumplirán 12 años sin que el Estado haya sido capaz de hacer algo más que declaraciones y embrollos.
Y, mientras en Chihuahua el partido de las cuatro mentiras (PVEM) ha dicho por voz de uno de sus sinuosos dirigentes, Arturo Escobar, que solo irá en alianza con Morena si la candidatura al gobierno estatal es asignada a Cruz Pérez Cuéllar, con lo cual se pretende descartar, en aras de la “unidad”, a la senadora con licencia Andrea Chávez, ¡hasta el próximo lunes!
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