En México, la violencia del crimen organizado ha alcanzado incluso a uno de los sectores históricamente más marginados y desprotegidos: las trabajadoras sexuales. Grupos criminales les exigen pagos de “cuota” —entre 500 y mil pesos— a cambio de dejarlas operar en zonas que controlan, bajo amenaza de agresiones físicas o incluso la muerte. La extorsión no es sólo callejera, también proviene de cuerpos policiacos coludidos con el narco o con intereses políticos.
La denuncia fue hecha pública hoy por la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” durante el XVIII Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual (RMTS), y fue recogida por el portal informativo Infobae México, donde se detalla cómo la extorsión, el uso político y la violencia institucional configuran un panorama crítico para quienes ejercen el trabajo sexual en distintas regiones del país.
Según el portal, Elvira Madrid Romero, fundadora de la Brigada Callejera, explicó que el cobro de piso no era una práctica extendida hasta hace dos años. Desde entonces, y en paralelo con el repunte de violencia criminal, las trabajadoras sexuales se han convertido en blanco de cárteles que diversifican sus ingresos ante la caída del negocio de las drogas. “Con menos consumidores y más controles para cruzar droga a Estados Unidos, se están dedicando a otras cosas: trata de personas, extorsión, secuestro”, señaló.
El aumento de esta presión coincide con un endurecimiento de la política antidrogas estadounidense. Madrid apuntó que la dificultad para comercializar drogas al otro lado de la frontera, sobre todo durante el gobierno de Donald Trump, llevó a los grupos delictivos a reforzar su dominio interno, trasladando el costo de sus pérdidas a sectores vulnerables como el trabajo sexual.
La situación es aún más grave en el norte del país. En estados como Sinaloa, la Brigada Callejera ha reducido al mínimo su presencia debido al riesgo extremo. “Ya no hay con quién trabajar. Allá el gobierno está completamente involucrado. La delincuencia forma parte del sistema, y la sociedad, desgraciadamente, también”, afirmó Madrid. Recordó que en 2024 apenas pudieron realizar dos visitas de emergencia: “Fuimos porque la situación era insostenible. Hicimos un foro, hablamos del tema, y se calmó un poco. Pero no es suficiente”.
La violencia no se limita al crimen organizado. En zonas como Tlalpan, Cuauhtémoc e Iztapalapa, las trabajadoras también son víctimas de extorsión institucional. Policías, inspectores y autoridades locales imponen cobros ilegales, realizan detenciones arbitrarias y ejercen violencia como mecanismo de control. “Te cobran según cuántos cuartos trabajes. Si no cumples, te suben la cuota o te golpean”, denunció una activista.
La Brigada Callejera ha documentado que hasta el 60% de las trabajadoras sexuales ha visto mermados sus ingresos por el cobro de piso. A esto se suma la precariedad de las condiciones laborales: hoteles insalubres que obtienen el 90% de sus ingresos gracias a ellas, sin ofrecer seguridad ni salubridad mínima. “No les importa nada. Solo dinero y violencia. Si alguna denuncia, la golpean como advertencia para las demás”, relató Madrid.
Las menores de edad enfrentan aún mayor riesgo. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el 58% de las víctimas de trata identificadas entre 2024 y 2025 fueron niñas. Madrid alertó que ya no se usan promesas engañosas: ahora las levantan directamente. “Antes las enamoraban, ahora las secuestran. Son esclavas”.
El panorama también está atravesado por el uso político del trabajo sexual. La Brigada Callejera acusó a figuras como Temístocles Villanueva, María Clemente y José Luis Rodríguez de instrumentalizar la causa para eventos públicos, campañas electorales o simulaciones de inclusión. Entre 2024 y 2025 se registraron al menos 85 intentos de criminalización contra trabajadoras organizadas, además del desvío de apoyos sociales como las tarjetas COVID-19, utilizadas como moneda de cambio político.
Pese a contar con medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Elvira Madrid ha sido amenazada sin recibir apoyo efectivo. “Ese mecanismo no sirve. Cuando tocábamos el botón de pánico, tardaban en llegar o simplemente no hacían nada. Dicen que no estamos en guerra, pero sí lo estamos. Como en Palestina, hay más de 120 mil personas desaparecidas en México”, denunció.
Desde hace 37 años, la Brigada Callejera acompaña jurídica, médica y emocionalmente a trabajadoras sexuales, personas con VIH y víctimas de trata. En 2013, lograron que se reconociera legalmente el trabajo sexual como actividad asalariada mediante un amparo. Pero en el terreno real, la violencia, la impunidad y el abandono del Estado siguen siendo el pan de cada día para miles de mujeres que luchan por sobrevivir.
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