Rubén Aguilar Valenzuela
En noviembre de 2025, el Día de Muertos, en la fiesta de las velas, fue asesinado el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, del Movimiento del Sombrero.
Desde el primer momento, su esposa, Grecia Quiroz, pidió que se investigara como actores intelectuales a tres políticos de Morena muy conocidos en el estado.
A Leonel Godoy, exgobernador y actual senador; Raúl Morón, senador, y a Ignacio Campos, expresidente municipal. A pesar de la denuncia, en su momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) no abrieron carpetas de investigación.
El pasado 17 de febrero, Quiroz, quien sustituyó a su esposo en la alcaldía, presentó una denuncia formal sobre estos tres políticos en la FGE, acompañada por cientos de simpatizantes.
Como prueba presentó grabaciones de Manzo, realizadas antes de ser asesinado, en las que advierte que, en caso de que se atente contra su vida, responsabiliza directamente a los ahora acusados por su esposa.
En la entrega de la denuncia en Morelia, capital del estado, dijo “presenté pruebas que el propio Manzo dejó en vida. No vengo a acusar por rumores, vengo a pedir que se investigue lo que él mismo dejó grabado”.
La ahora alcaldesa exige que no solo se detenga a los autores materiales, algunos ya en la cárcel, sino también a los autores políticos e intelectuales.
Quiroz pidió de manera formal que el Ministerio Público solicite la presencia de los acusados y que el caso sea atraído por las autoridades federales, que encabeza el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.
La alcaldesa subrayó que “esto va más allá de coyunturas políticas, es una exigencia de justicia. La Fiscalía ya tiene los elementos para llamar a declarar a quienes fueron señalados directamente”.
Y fue enfática al decir que “Carlos Manzo habló antes de morir y el Estado debe escucharlo. No estamos construyendo una narrativa política; estamos entregando evidencia”.
En sus declaraciones sostuvo que “no solo se mata con un arma, también se mata desde el poder. Si hubo descuido o protección, también debe de investigarse. La línea de investigación no puede detenerse en los ejecutores”.
“La gente, dice la alcaldesa, quiere verdad, no versiones oficiales. El silencio y la mentira también lástima a las víctimas”.
Y exige, por la importancia del caso y las pruebas que se han entregado a la FGE, la intervención federal, “queremos garantías de imparcialidad en la investigación; el país debe saber qué pasó realmente”.
La denuncia, con pruebas, que se ha entregado a la FGE necesariamente, debe abrir carpetas de investigación sobre reconocidos políticos de Morena en el estado de Michoacán. La FGE no puede desconocer lo que tiene en sus manos, porque actuaría como cómplice de los ahora acusados.
Habrá que ver el desarrollo del caso ya en manos de la FGE y, si esta no actúa, que es una posibilidad, no lo hizo antes incluso habiendo acusaciones, la investigación deberá ser asumida por la FGR, que en su momento, de ser el caso, tampoco podrá evadir su responsabilidad porque pasaría como encubridora de políticos de Morena acusados como responsables intelectuales de un crimen.
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