Candidatos “verificados”, gobernantes corruptos

Adela Navarro Bello

 La Presidencia de la República ha propuesto verificar a los candidatos, que sean investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por la Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN), y por la Fiscalía General de la República, para, justifica, asegurarse que no sean nominadas a cargos de elección popular personas ligadas al crimen, a actividades ilícitas, delincuentes en sí. Ricardo Monreal ha dicho que se trata de “una prevención que puede evitar sean postuladas personas vinculadas a conductas criminales o a presuntas actividades ilícitas”. Así que la iniciativa para la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas pasará sin problema.

Pero el problema real es la impunidad. Y que las ligas con el crimen, las actividades ilícitas, las cometen una vez que ya son electos, cuando en algunos casos ya tienen fuero, y en la gran mayoría no son investigados, especialmente cuando se trata de gobernantes emanados del mismo partido en el gobierno, en este caso, de Morena.

Ahí están los casos paradigma del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, la Diputada federal Araceli Brown Figueredo, o el cercanísimo y súper protegido Adán Augusto López Hernández, e incluso los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quienes han sido señalados en investigaciones periodísticas, pero jamás investigados formalmente y muchas veces defendidos desde el podio presidencial.

Los políticos señalados de vínculos con el crimen organizado, Rocha Moya con los Chapitos y Brown Figueredo con el Cártel de Sinaloa, un ala de los Mayos, permanecen impunes a pesar de la acusación formal en el caso del Gobernador con licencia de Sinaloa en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y de la alerta emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el caso de la Diputada federal. A ambos, ciertamente, la UIF les ha congelado sus cuentas, pero en ningún caso son formalmente investigados por esos señalamientos. El miércoles 26 de mayo, Rocha acudió en el sigilo a presuntamente declarar ante la FGR, más por un trámite que por una real indagatoria ministerial.

El problema pues, no es que se desconozca que se desconozcan las relaciones mafiosas de los aspirantes a un cargo de elección popular, la cuestión es que, en la gran mayoría de los casos, las ligas con el crimen las establecen una vez logrado el cargo. Diputados locales, legisladores federales, alcaldes, gobernadores, que una vez juramentados en las posiciones oficiales, no pueden justificar su repentina riqueza, su cambio de código postal o la adquisición de lujosos objetos, propiedades, autos de alto valor.

Las ligas con actividades ilícitas las establecen desde el cargo, abusan del poder para beneficio personal. Y casos hay muchos y en toda la República, no sólo del priísmo en el pasado, partido que por ahora tiene el récord de más exgobernadores en prisión, o del panismo que rápidamente se corrompió al lograr el gobierno, también de Morena y ahora de Movimiento Ciudadano con las sospechosas transacciones del Gobernador de Nuevo León, Samuel García. 

Pero ahora con la propuesta de la Presidenta para la creación de esta Comisión de Verificación de Integridad, los candidatos que así lo deseen, tendrán una carta de buena conducta, un cheque en blanco para canjear una vez llegado al cargo. ¿Es confiable darle autorización al gobierno para investigarte? Seguramente no, especialmente cuando eres oposición con posibilidades, abrirle las puertas de la información privada al gobierno podría representar peligro para quien no comulga con sus ideas, y un sello de validez para quien órbita en la misma ideología. La Comisión de Verificación estará en el Instituto Nacional Electoral, y en coordinación con las autoridades ya referidas para “verificar” a las personas que los partidos propongan, no será obligatorio pues. 

Quizá los partidos políticos, y la sociedad misma, debería iniciar por exigir a quienes aspiran a un cargo de elección popular, hacer pública su declaración patrimonial, y partir de ahí para verificar el origen de los recursos y dar seguimiento anual del crecimiento económico de quienes gobiernan, sería importante que tal verificación se hiciera también en los años en que la persona ocupa un puesto público. Dados los casos, regresando a Rocha Moya o Araceli Brown, señalados por autoridades de los Estados Unidos, las relaciones criminales las perpetraron cuando ostentaban el poder, no cuando aspiraban al mismo. Tiene lógica, en las posiciones de Gobernador o de Alcaldesa, tenían la autoridad para apoyar desde el estado a las organizaciones mafiosas del cártel de Sinaloa.

Pero la Presidenta los ha defendido, mucho más a Rocha que a Brown, pero ambos morenistas continúan en la impunidad, ni con los señalamientos de las autoridades de los Estados Unidos la Presidenta ha visto las ligas con el crimen de los políticos de su partido, y que, es evidente, no se habrían detectado con una verificación como la que propone para “evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada es algo que se ha estado trabajando, platicando desde hace tiempo y ayer tomamos la decisión de que será enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027”, como lo dijo en su conferencia matutina.

Y bueno, quizá sería mejor empezar por ahí, por indagar oficialmente a los que desde la esfera del poder emanados de Morena, han sido señalados en investigaciones periodísticas, por autoridades de los Estados Unidos, y por hechos conocidos y públicos, como el caso de Adán Augusto López, el exsecretario de la Marina de México, los hijos del Presidente, Rocha, Brown y otros que desde ya, abusan del poder y a manos llenas hacen campaña no sólo de forma anticipada, acaso con abundantes recursos de los cuáles se desconoce su origen.