La violencia política afecta principalmente a candidatos municipales; sin embargo, las medidas diseñadas por el INE y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no los contempla
REDACCIÓN MÁS / IA
En un año marcado por la expectativa de lo que se ha denominado «la elección más grande de la historia», las preocupaciones sobre la seguridad de los candidatos se intensifican, especialmente a nivel municipal y local. Aunque el Gobierno Federal y el Instituto Nacional Electoral (INE) han diseñado un esquema de seguridad para los candidatos a cargos federales y gubernaturas en nueve estados, la situación se vuelve más crítica para aquellos que compiten por cargos municipales y diputaciones locales, que son considerados los más vulnerables frente al crimen organizado.
Según un reporte de la agencia de información Animal Político, el protocolo presentado por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, no abarca a miles de personas que competirán por estos cargos locales. Si bien se ofreció la intermediación del INE para atender las solicitudes de seguridad de los candidatos a 638 cargos públicos, los datos del propio INE indican que en las elecciones de 2024 se votará para elegir un total de 20,375 cargos, incluyendo ayuntamientos y diputaciones locales en la mayoría de los estados.
De acuerdo con estudios del INE y organizaciones como Data Cívica, el riesgo es mayor a nivel municipal, donde la mayoría de los candidatos asesinados en los últimos años estaban compitiendo por cargos locales. De hecho, un informe de Data Cívica revela que el 86% de los asesinatos de políticos documentados en los últimos cinco años fueron de personas que contendían a cargos municipales.
Laboratorio Electoral también ha documentado que la mayoría de los homicidios de aspirantes a cargos políticos entre junio de 2023 y febrero de 2024 ocurrieron en el contexto de las elecciones municipales. Estas cifras subrayan la urgencia de abordar la seguridad de los candidatos a nivel local, un aspecto que parece haber sido pasado por alto en el protocolo diseñado por el INE y el Gobierno federal.
Aunque el protocolo del INE y el gobierno federal contempla la seguridad de los candidatos a cargos federales y gubernaturas, no aborda de manera específica la protección de los candidatos a nivel municipal y local. Si bien se menciona que se recomendará replicar el protocolo a los gobiernos estatales y los Organismos Públicos Locales Electorales, no queda claro cómo se implementará este proceso ni en cuántas entidades ya se ha puesto en marcha.
El documento entregado por el INE a los partidos políticos detalla el procedimiento para solicitar seguridad para los candidatos, que se tramitará a través de las Fuerzas Federales. El análisis de riesgo, realizado por la Guardia Nacional, determinará el nivel de protección otorgado a cada candidato, considerando factores como la incidencia delictiva en la entidad y las amenazas recibidas y denunciadas ante la autoridad competente.
La protección se otorgará principalmente a candidatos a la Presidencia y a gubernaturas, mientras que para los candidatos al Senado y la Cámara de Diputados solo se proporcionará seguridad en casos de alto riesgo previamente denunciados. Los niveles de protección variarán según el nivel de riesgo, desde escoltas con un número determinado de elementos y vehículos hasta medidas más simples en casos de riesgo bajo.
A pesar de estos esfuerzos, la falta de atención específica a la seguridad de los candidatos a nivel municipal y local deja una brecha preocupante en el esquema de protección diseñado para las elecciones de 2024. La necesidad de abordar esta vulnerabilidad es crucial para garantizar la integridad del proceso electoral y la seguridad de quienes participan en él.
EN QUÉ CONSISTE EL ESQUEMA DE SEGURIDAD
El documento que entregó la consejera presidenta del INE a los representantes de los partidos la semana pasada describe como propósito “proveer de un esquema de seguridad” a las candidatas y candidatos que contenderán por los 638 cargos contemplados, y detalla que se trata de tramitar a través de los partidos un servicio de seguridad que se ofrecerá por Fuerzas Federales.
“La procedencia del servicio tomará en cuenta el nivel de riesgo (alto, medio y bajo), el cual se conforma por tres aspectos: 1. Los resultados del análisis de riesgo formulado por la Guardia Nacional. 2. La incidencia delictiva de las entidades. Y 3. Las amenazas a su persona que hayan recibido y denunciado ante la autoridad competente”.
El análisis de riesgo se llevará a cabo por la Guardia Nacional y, según se lee en el documento, la protección se otorgará a las candidatas y candidato a la Presidencia, y a quienes aspiran a una gubernatura, pero a las candidatas y candidatos al Senado y la Cámara de Diputados “solamente se les proporcionará seguridad a aquellos en que en el análisis de riesgo resulte alto y que previamente hayan recibido y denunciado amenazas”.
En los casos de alto riesgo se otorgará escolta con 10 elementos y 4 vehículos; en nivel medio, 8 elementos y 3 vehículos, y en nivel de riesgo bajo 2 elementos y 1 vehículo.
El INE entregó ya a los partidos políticos los formatos que deberán llenar para solicitar la protección de sus aspirantes cuando se presenten las amenazas.
Con información de Animal Político
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