Managua, 10/05/24 (Más / IA).- El Parlamento de Nicaragua, controlado por el Frente Sandinista, reformó las normativas relativas al ambicioso proyecto de un canal interoceánico que data de hace 12 años y derogó derogado la Ley 840, que desde 2013 otorgaba su construcción y administración al empresario chino Wang Jing y su grupo HKND.
La ley había concedido a Wang Jing, por medio de su empresa, el derecho a planificar, construir y gestionar un canal que rivalizaría con el Canal de Panamá por un periodo de 50 años, con posibilidad de prórroga.
El proyecto, valorado en 50 millones de dólares, fue anunciado en 2014 por el presidente Daniel Ortega y Wang Jing, pero no progresó y nunca se materializó.
La reciente reforma, impulsada por Ortega y aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, busca “fortalecer y actualizar el ordenamiento jurídico nacional” ante un entorno en constante cambio, según declaró Raquel Dixon, vicepresidenta de la Cámara.
El canal proyectado tendría una longitud de aproximadamente 278 kilómetros, cruzando desde el río Brito en el Pacífico hasta cerca de la desembocadura del río Punta Gorda en el Caribe, y atravesaría el Lago Nicaragua, el más grande de Centroamérica.
A diferencia del Canal de Panamá, que mide 80 kilómetros y maneja el 6% del comercio marítimo mundial, el canal nicaragüense prometía ser una obra de mayor envergadura.
La polémica Ley 840 fue llevada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021 por grupos ambientalistas que acusaron al gobierno de violar los derechos de las comunidades indígenas rama y creole al no ser consultados sobre la aprobación de la ley.
La demanda ante la CorteIDH acusa al Estado de Nicaragua de violar múltiples derechos de las comunidades indígenas, incluyendo el derecho a un medioambiente sano.
María Luisa Acosta, abogada del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, espera que el tribunal emita su fallo en las próximas semanas. Se estima que al menos la mitad del área del proyecto afectaba a territorios indígenas en el sur del Caribe nicaragüense.
La derogación de la Ley 840 fue celebrada como un logro significativo por parte de movimientos campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, ambientalistas y la sociedad civil de Nicaragua.
Mónica López Baltodano, abogada ecologista, expresó que, aunque la dictadura persiste, la anulación de la concesión del canal es un paso importante en la lucha contra la tiranía y motivo de celebración.
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