Caracas, 03/02/26 (Más).- El impacto económico fue uno de los primeros efectos visibles tras la operación militar. De acuerdo con el Banco Central de Venezuela, en enero el bolívar se depreció 21.87% frente al dólar en el mercado oficial, mientras que en el mercado paralelo la divisa estadounidense superó momentáneamente los 800 bolívares y después retrocedió a poco más de 400, luego de que las autoridades anunciaron una inyección de 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo. A pesar de la reducción en la brecha cambiaria, los precios se mantuvieron elevados y, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el país cerró 2025 con una inflación de 548%.
En el plano político, el nuevo gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez optó por abrir un proceso de diálogo con Washington y avanzar hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas interrumpidas desde 2019. Como parte de ese giro, la diplomática Laura F. Dogu llegó a la capital para reabrir la sede diplomática estadounidense, luego de la visita del director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, a territorio venezolano. Este viraje ha sido cuestionado por sectores del oficialismo, entre ellos el exvicepresidente Elías Jaua, quien afirmó que el país se encuentra bajo una ocupación naval, aeroespacial y electrónica.
Analistas citados por BBC Mundo coincidieron en que el cambio de rumbo es consecuencia directa de la captura del anterior mandatario. La politóloga Carmen Beatriz Fernández consideró que la estrategia de la presidenta encargada busca construir legitimidad a partir de resultados, mientras que el académico Ángel Oropeza, del Universidad Católica Andrés Bello, sostuvo que el proyecto en curso apunta a una estabilización autoritaria, con una apertura rápida en lo económico y una transición política mucho más lenta. Por su parte, la exdiputada y exdefensora del Pueblo Gabriela Ramírez advirtió que la única salida viable es una transición pacífica que desemboque en una elección democrática.
En materia de derechos humanos, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de más de 600 opositores, sindicalistas, activistas, periodistas y manifestantes, medida que definió como “un gesto unilateral” para “consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica”. Sin embargo, organizaciones como el Foro Penal Venezolano señalaron que, hasta el 1 de febrero, solo habían verificado 344 excarcelaciones. En el mismo paquete de decisiones, se informó que cerrará El Helicoide, centro de detención señalado por organismos internacionales como sede de torturas contra la disidencia. Estas acciones contrastan con declaraciones previas de altos dirigentes del chavismo, como el actual ministro del Interior Diosdado Cabello, quien años atrás rechazó públicamente cualquier ley de amnistía.
El viraje también alcanzó al sector energético. La estatal Petróleos de Venezuela reconoció que mantiene negociaciones con Estados Unidos para la venta de crudo, luego de que se anunciara la entrega de hasta 50 millones de barriles a precios de mercado. Paralelamente, el Parlamento aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos que revirtió parcialmente la política de estatización impulsada desde 2007 por el fallecido presidente Hugo Chávez. La modificación fue duramente cuestionada por el exministro Andrés Izarra, quien afirmó que el país perdió el control efectivo sobre su industria petrolera.
El punto de quiebre se produjo con el ataque militar lanzado por Estados Unidos contra Venezuela, que fue precedido por explosiones y sobrevuelos de aeronaves en Caracas. Horas después, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que la operación concluyó con la captura del entonces mandatario Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera del país y posteriormente a Nueva York.
Actualmente, la pareja permanece recluida en el Metropolitan Detention Center Brooklyn, donde espera su comparecencia del 17 de marzo ante un tribunal federal, para responder por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, mientras en el país se ejecuta una serie de reformas políticas, económicas y legales que, hasta semanas antes de la operación, parecían imposibles.
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