Ciudad de México, 17/06/2024 (Más / IA).- Tras la absolución de Diego ‘N’, acusado de alterar y comercializar sin consentimiento las fotografías de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) mediante inteligencia artificial, la diputada de Morena Cecilia Vadillo presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar el Código Penal local.
La propuesta busca especificar el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial en delitos contra la intimidad sexual, además de considerar como agravante la comercialización de estos contenidos.
“Nos damos cuenta que hay un vacío legal que no solamente afecta al momento de la sentencia, sino también desde la investigación. Si modificamos el tipo penal vamos a lograr ir empujando que la Fiscalía y las policías tengan más herramientas para poder identificar estos casos”, explicó Vadillo.
La iniciativa reforma los artículos 69 ter y 181 quintus del Código Penal para el Distrito Federal y será analizada por las comisiones de Igualdad de Género y Administración y Procuración de Justicia. El texto especifica que los materiales serán considerados simulados cuando la víctima no aparezca realmente en ellos, pero su imagen o identidad sea manipulada mediante inteligencia artificial o software digital.
Valeria Martínez Mondragón, abogada de las estudiantes del IPN, coincidió en la necesidad de visibilizar y sancionar la violencia digital, pero destacó que el problema principal radica en la falta de protocolos de investigación claros y homologados a nivel nacional. “Lo que se necesita más allá de una regulación sería la creación de protocolos para integrar carpetas de investigación y ayudar a los jueces a juzgar estos casos”, afirmó.
Martínez Mondragón subrayó que actualmente el verbo “almacenar” no está contemplado en el artículo 181 quintus, lo que limita la capacidad de sancionar a quienes posean este tipo de contenidos sin autorización. En el caso de Diego ‘N’, se encontraron 160 mil imágenes y 2 mil videos en su dispositivo electrónico, situación que podría haberse agravado legalmente si la legislación incluyera dicha acción.
“Añadir la palabra almacenar ayudaría todavía más que especificar el uso de inteligencia artificial”, puntualizó la abogada.
La diputada Cecilia Vadillo reconoció la importancia de la Ley Olimpia como un avance fundamental para visibilizar y sancionar la violencia digital. Sin embargo, consideró que la legislación aún no aborda de manera integral los desafíos planteados por las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial.
“A pesar de su importancia, la Ley Olimpia aún no aborda de manera integral todos los aspectos de la violencia digital, especialmente en lo que respecta al uso de tecnologías emergentes”, se lee en la iniciativa.
Vadillo insistió en que la reforma no busca incrementar penas, sino crear un marco legal sólido que permita investigar, juzgar y sancionar estos delitos con mayor precisión, evitando la impunidad.
La propuesta surge tras el fallo absolutorio del juez Francisco Salazar Silva, que exoneró a Diego ‘N’, decisión que generó indignación pública y reacciones tanto en el Congreso como en el gobierno. La senadora Andrea Chávez, quien también ha sido víctima de violencia digital, denunció en el Senado la falta de sensibilidad en el Poder Judicial y expresó su solidaridad con las estudiantes del IPN.
“Que no se olvide nunca el nombre del juez Francisco Salazar Silva para que nunca más una mujer confíe en él durante los procesos por venir”, señaló Chávez en sesión legislativa.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su respaldo a las víctimas y pidió a las autoridades competentes ponerse en contacto con ellas para brindarles apoyo. La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, informó que se reunirá con la activista Olimpia Coral Melo y con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para revisar el caso y, de ser necesario, presentar una queja formal contra el juez Salazar Silva.
Martínez Mondragón advirtió que, sin protocolos efectivos, nuevos casos de violencia digital podrían quedar impunes, especialmente si surgen otras tecnologías no contempladas en el marco legal actual. A pesar de que la comercialización ya está incluida en el artículo 181 quintus, aún no se considera una agravante, como lo propone la iniciativa de Vadillo.
La legisladora espera que la reforma sea votada y aprobada en enero, con el apoyo de colectivas y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para fortalecer las herramientas jurídicas contra la violencia digital y garantizar justicia para las víctimas. “La clave no es aumentar penas, sino crear un marco legal y jurídico que permita terminar con la impunidad”, concluyó Vadillo.
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