Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 29/05/26 (Más).- El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila tiene en ruta diversos proyectos que, en su implementación, funcionarán como antídoto frente a la corrupción revelada por el Inegi en su reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, lo que incluye la promoción de medidas como la cláusula anticorrupción en todos los contratos públicos de los gobiernos, la capacitación y mejor selección de servidores públicos, la aplicación de códigos de ética en los Municipios y el fortalecimiento de mecanismos de denuncia y vigilancia ciudadana, afirmó Juan Carlos Guzmán Escobedo, presidente del organismo.
Luego de que la ENCIG identificara a corporaciones policiacas, oficinas de trámites vehiculares, juzgados y escuelas entre los espacios donde los ciudadanos perciben con mayor frecuencia actos de corrupción, el consejero explicó que el organismo mantiene una agenda permanente orientada a reducir riesgos de corrupción desde distintos frentes.
Uno de los proyectos con mayor avance es la llamada cláusula anticorrupción, una disposición que el CPC busca incorporar en los contratos celebrados por municipios y otras entidades públicas con empresas proveedoras o contratistas.
La medida establece que, en caso de acreditarse un acto de corrupción relacionado con el contrato, cualquiera de las partes pueda dar por terminada la relación contractual sin responsabilidad jurídica.
Guzmán Escobedo señaló que el instrumento ya fue aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana, se encuentra en revisión dentro de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y posteriormente será promovido entre los municipios para lograr su adopción voluntaria. Actualmente ningún municipio del estado la aplica.
Otro de los ejes impulsados por el organismo es el fortalecimiento del servicio público mediante mejores procesos de selección y capacitación de personal.
El presidente del CPC sostuvo que una parte importante de la percepción ciudadana de corrupción se origina en la mala atención brindada por algunos funcionarios, aun cuando no exista necesariamente una conducta ilícita de por medio.
Por ello, consideró indispensable profesionalizar a los servidores públicos y elevar los estándares de contratación. “La prevención de la corrupción empieza con la contratación del servidor público”, señaló.
En materia de integridad institucional, el Consejo promovió además la adopción de códigos de ética en los 38 municipios de Coahuila, una obligación prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De acuerdo con Guzmán Escobedo, todos los ayuntamientos ya cumplieron con la emisión de estos documentos, por lo que ahora corresponde avanzar en su socialización entre los trabajadores y en la operación de los comités de ética encargados de revisar conductas contrarias a esos principios y, en su caso, canalizar los expedientes a las contralorías para la aplicación de sanciones.
El organismo también trabaja en mecanismos para ampliar la vigilancia ciudadana sobre las acciones gubernamentales.
Entre ellos se encuentra la integración de un catálogo estatal de instrumentos de participación ciudadana y el impulso para que existan observadores ciudadanos en obras públicas, con el propósito de supervisar que los trabajos se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas y presupuestales autorizadas.
Asimismo, el Consejo mantiene una red de participación ciudadana integrada por universidades, organismos empresariales y organizaciones civiles que colaboran en la detección de malas prácticas y en la promoción de acciones preventivas, aseguró.
Otro de los proyectos actualmente en desarrollo es una propuesta de mejora regulatoria orientada a reducir la interacción presencial entre ciudadanos y funcionarios, considerada uno de los espacios donde con mayor frecuencia se presentan actos de corrupción.
La iniciativa busca que más trámites y pagos gubernamentales puedan realizarse de manera digital, eliminando traslados, filas y contactos innecesarios con personal de ventanilla.
A ello se suma el impulso a mecanismos de denuncia. El CPC promovió que los sujetos obligados cuenten con buzones de quejas y denuncias en sus portales electrónicos y manifestó su respaldo a la iniciativa federal para crear una ley de protección a denunciantes de actos de corrupción.
Finalmente, Guzmán Escobedo informó que el organismo también impulsa que todos los entes públicos dispongan de sitios web oficiales que faciliten el acceso ciudadano a la información pública y a las obligaciones de transparencia, una medida que, aseguró, fortalece la rendición de cuentas y reduce espacios para la opacidad.
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