Ciudad de México. Septiembre 4.- Activistas, ciudadanos y la asociación Defensores del Medio Ambiente y Recursos del Mañana A.C. (Demarem) denunciaron que el megaproyecto de la Secretaría de Marina (Semar) para expandir el Puerto de Manzanillo en Colima generará un grave daño ecológico en la Laguna de Cuyutlán, uno de los ecosistemas más valiosos del Pacífico mexicano.
La propia Manifestación de Impacto Ambiental en Modalidad Regional (MIA-R) reconoce afectaciones de “magnitud alta” que modificarían de manera irreversible este entorno natural.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, el proyecto denominado “Desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, en el Vaso II de la Laguna Cuyutlán” fue presentado por la Semar y la Administración del Sistema Portuario Nacional.
El documento técnico, elaborado por la Universidad de Colima y actualmente en revisión de la Semarnat, advierte riesgos ambientales significativos, a pesar de que el gobierno federal lo impulsa como una obra estratégica.
El plan portuario contempla dragado, remoción de islas, construcción de canales de navegación y plataformas para buques de gran calado. En total, ocuparía 11.6 millones de metros cuadrados con una inversión de 131 mil 859 millones de pesos, financiados mediante recursos federales y privados. Su ejecución está programada para cinco años y medio, concluyendo al final de la administración de Claudia Sheinbaum.
Los activistas advierten que el proceso se ha hecho sin consulta ni consentimiento de las comunidades, lo que consideran “una simulación” que invisibiliza los impactos ambientales, sociales y culturales. Por ello, exigirán una consulta pública conforme al Artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El megaproyecto se enmarca en el anuncio del gobierno federal de invertir 55 mil 179 millones de pesos públicos y 241 mil 51 millones privados en nueve puertos prioritarios. En el caso de Manzanillo, la inversión específica asciende a 20 mil 500 millones de recursos públicos y 92 mil 184 millones privados.
Consecuencias ambientales y sociales señaladas por la MIA y Demarem
Entre los principales impactos se encuentran la destrucción de las salineras con más de 300 años de tradición, pérdida de biodiversidad, erosión costera, alteración de corrientes marinas, desplazamiento de pescadores y salineros, agudización de la escasez de agua potable, pérdida de vestigios arqueológicos y riesgos de incremento de violencia en la zona por el control portuario.
Pese a las advertencias, la Semar y la Asipona justifican la obra argumentando que busca promover el desarrollo regional y atender la creciente demanda portuaria. Sin embargo, defensores ambientales aseguran que se trata de un proyecto que prioriza intereses económicos sobre el derecho a un medio ambiente sano.
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