Ciudad de México, diciembre 22. El gobierno de Estados Unidos anunció que ofrecerá 3 mil dólares y un boleto de avión pagado a los migrantes indocumentados que decidan autodeportarse voluntariamente antes de que concluya el año, como parte de una estrategia para acelerar las salidas voluntarias y reducir los costos asociados a la detención y deportación forzada. La información fue publicada originalmente por El País México.
El Departamento de Seguridad Nacional detalló que el incentivo económico, conocido como “bono de salida”, triplica el monto ofrecido desde mayo, cuando el apoyo era de mil dólares. El programa incluye además el pago del pasaje aéreo al país de origen y aplica tanto para personas que no han sido detenidas como para aquellas que se encuentran bajo custodia migratoria sin cargos penales.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó que los migrantes que opten por esta vía deberán registrar su salida voluntaria a través de la aplicación oficial CBP Home. Según la funcionaria, quienes se autodeporten podrían tener la posibilidad de regresar legalmente en el futuro, a diferencia de quienes son deportados de manera forzada tras un proceso de detención.
Especialistas en migración advierten, sin embargo, que la salida voluntaria no elimina las consecuencias legales previstas en la legislación vigente. En los casos de personas que han permanecido más de 365 días sin estatus migratorio regular, la autodeportación puede activar una prohibición de reingreso de hasta 10 años, pese a los incentivos económicos ofrecidos por el gobierno.
El anuncio forma parte de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ha buscado endurecer los controles migratorios y promover las salidas voluntarias como una alternativa menos costosa que los procesos de deportación forzada. La estrategia también pretende disminuir la saturación en centros de detención y agilizar los procedimientos administrativos.
Aunque las autoridades aseguran que un número elevado de migrantes ha optado por la autodeportación durante este año, no se han dado a conocer cifras oficiales detalladas que permitan verificar cuántas personas han recibido efectivamente el pago de los incentivos o han utilizado los vuelos financiados por el gobierno.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por la falta de claridad del programa y por el riesgo de que los migrantes tomen decisiones sin contar con información completa sobre las consecuencias legales de abandonar el país bajo este esquema. También han advertido que los incentivos económicos podrían generar expectativas que no siempre se cumplen.
La ampliación del incentivo ocurre en un contexto de fuerte debate político y social en Estados Unidos sobre la gestión de la migración, el respeto a los derechos humanos y el impacto de las políticas restrictivas en millones de personas que viven sin estatus legal en el país.
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