Ciudad de México, 05/11/26 (Más).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 40 personas relacionadas con proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de detectar operaciones financieras con elementos de riesgo, en medio de señalamientos periodísticos sobre presuntas irregularidades en contratos y adquisiciones del organismo electoral.
De acuerdo con información publicada por Infobae, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la UIF, incorporó a 25 personas físicas y 15 personas morales a la Lista de Personas Bloqueadas, como resultado de los análisis financieros realizados dentro de sus atribuciones legales.
Entre las personas señaladas en las publicaciones relacionadas con el caso se encuentran los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, identificados como proveedores electorales, así como Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del INE. Según información publicada por El Universal, los tres estarían incluidos en las medidas anunciadas por la autoridad financiera.
Los señalamientos surgieron a partir de reportes periodísticos sobre posibles irregularidades en contratos celebrados durante la gestión de Taddei al frente del organismo electoral, particularmente en operaciones relacionadas con empresas proveedoras de bienes y servicios.
La UIF precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa, preventiva y precautoria, por lo que no representa una determinación definitiva sobre la responsabilidad de las personas involucradas.
La dependencia también señaló que quienes fueron incluidos en dicha lista conservan los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia establecidos en la legislación, además de que deben respetarse los principios de presunción de inocencia y debido proceso durante el desarrollo de las investigaciones.
Como parte de las acciones derivadas de los análisis financieros, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que deberá realizar las investigaciones correspondientes y determinar si existen elementos para establecer posibles responsabilidades penales.
En paralelo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el inicio de una investigación de oficio sobre presuntas anomalías en los procedimientos de contratación del INE, del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y de los organismos públicos locales electorales (OPLEs).
El organismo fiscalizador informó que sus revisiones buscan identificar posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos destinados a adquisiciones y prestación de servicios, tanto en las autoridades electorales federales como en las instituciones estatales.
La investigación contempla un análisis histórico de las contrataciones realizadas entre 2000 y 2025, periodo de 25 años durante el cual se revisarán patrones de adquisición, concentración de proveedores y posibles prácticas contrarias a la legalidad.
La ASF también prevé examinar la participación de grupos empresariales que habrían obtenido contratos con las autoridades electorales, así como la intervención de servidores públicos relacionados con los procedimientos de compra y contratación.
Otra de las líneas de trabajo anunciadas consiste en una auditoría integral al INE y una revisión del gasto federalizado ejercido por los OPLEs, con el propósito de analizar los recursos públicos destinados a sus operaciones y los mecanismos utilizados para contratar bienes y servicios.
La Auditoría indicó que los trabajos se desarrollarán bajo criterios de independencia, rigor técnico y apego a la legalidad. Sin embargo, el anuncio del 4 de noviembre no identificó los contratos específicos, las empresas ni los funcionarios que podrían estar sujetos a revisión.
Por su parte, la consejera presidenta del INE, Blanca Cruz, adelantó que presentará una denuncia contra quien resulte responsable de cualquier delito que pudiera haberse cometido dentro del organismo electoral.
Las actuaciones de la UIF, la FGR y la ASF representan distintas líneas de investigación sobre las operaciones financieras y las contrataciones vinculadas con las autoridades electorales. Mientras la primera dependencia aplicó medidas preventivas sobre cuentas, la Fiscalía deberá determinar posibles responsabilidades penales y la Auditoría revisará el manejo de los recursos públicos durante el periodo señalado.
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