El gobierno de Javier Milei suspendió el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, bajo el argumento de garantizar la seguridad nacional.
La medida incluyó la desactivación del sistema de huellas dactilares utilizado por corresponsales y se produjo tras una denuncia por presunta violación de seguridad relacionada con la difusión de imágenes internas del edificio, lo que ha generado críticas por restricciones a la prensa.
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