Villahermosa, Tabasco, 07/11/26 (Más).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco habría ejecutado 12 órdenes de aprehensión contra personas relacionadas con investigaciones por presuntos actos de corrupción, extorsión, fraude y abuso de autoridad, entre las que se encontrarían exfuncionarios de las administraciones estatales encabezadas por Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos, de acuerdo con versiones periodísticas.
Según la información publicada por Infobae, las investigaciones también contemplan a antiguos integrantes de corporaciones policiales señalados por posibles vínculos con el grupo criminal La Barredora, organización que ha sido relacionada con actividades delictivas en Tabasco. Sin embargo, hasta el 6 de noviembre de 2026, la Fiscalía estatal no había publicado los nombres de las personas investigadas ni confirmado que los 12 mandamientos judiciales correspondieran a excolaboradores de ambos exgobernadores.
Entre los nombres mencionados en los reportes periodísticos se encuentra el de Marcué, quien habría ocupado un cargo relacionado con el área de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Adán Augusto López Hernández como titular de esa dependencia federal.
Según versiones retomadas por La Silla Rota, existiría una orden de aprehensión en su contra y presuntamente se encontraría fuera del país. No obstante, las autoridades tabasqueñas no habían confirmado públicamente la existencia de ese mandamiento judicial, los delitos que se le atribuirían ni su supuesto paradero.
Los reportes también hacen referencia a antiguos integrantes de corporaciones de seguridad pública que estarían bajo investigación por posibles relaciones con La Barredora. Entre los antecedentes figura el caso de Cleofas Juárez Lara, quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.
Su detención fue reportada el 23 de octubre, durante un operativo en el que también fueron asegurados seis elementos de la corporación municipal. Las investigaciones relacionadas con estos casos contemplan posibles delitos de narcomenudeo, cohecho y amenazas, aunque no se ha establecido oficialmente que esas detenciones formen parte de las 12 órdenes de aprehensión mencionadas.
Por otra parte, el fiscal general de Tabasco, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, informó que, al corte del 23 de octubre de 2026, la institución había iniciado 201 carpetas de investigación contra servidores públicos, de las cuales 186 permanecían en etapa de integración.
Entre los posibles delitos contemplados en esos expedientes se encuentran extorsión, fraude, cohecho, peculado, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias. También se investigan conductas relacionadas con encubrimiento, utilización de documentos falsos, simulación de pruebas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En materia administrativa, la Fiscalía reportó mil 113 procedimientos, de los cuales derivaron nueve destituciones, 42 suspensiones y una amonestación. Estas cifras corresponden a expedientes y procedimientos de distinta naturaleza, por lo que no representan necesariamente personas detenidas ni implican que los señalados hayan sido declarados responsables de algún delito.
Las nuevas versiones sobre las órdenes de aprehensión se presentan en medio de las investigaciones relacionadas con Hernán Bermúdez Requena, quien estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino.
Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y posteriormente trasladado a México para enfrentar los procedimientos judiciales correspondientes. Las autoridades lo identifican como presunto dirigente de La Barredora, grupo criminal señalado por actividades de narcotráfico, extorsión y otros delitos en territorio tabasqueño.
El exsecretario de Seguridad enfrenta procesos penales y ha rechazado las acusaciones formuladas en su contra. Su caso ha sido uno de los principales antecedentes de las investigaciones sobre posibles vínculos entre integrantes de corporaciones de seguridad y estructuras delictivas en la entidad.
La revisión de las administraciones estatales anteriores también ha colocado bajo investigación a servidores públicos de diferentes áreas, ante las denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el ejercicio de funciones, manejo de recursos y actuación de instituciones de seguridad.
Hasta el 6 de noviembre de 2026, la Fiscalía General del Estado de Tabasco no había difundido una relación oficial de las 12 personas presuntamente sujetas a órdenes de aprehensión ni precisado cuántos mandamientos judiciales habían sido cumplimentados.
Por ello, la identidad de los posibles involucrados y su relación con las administraciones de López Hernández y Merino Campos permanecían sujetas a confirmación oficial, mientras continúan las investigaciones ministeriales sobre los presuntos delitos y los posibles vínculos con La Barredora.
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