Ciudad Victoria, Tamaulipas, 21/10/25 (Más).- Tres exsecretarios del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca fueron vinculados a proceso penal por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión, en audiencias realizadas el pasado 20 de octubre en los juzgados de control de esta ciudad.
Los casos involucran adjudicaciones directas que, según la Fiscalía estatal, debieron realizarse mediante licitaciones públicas conforme a la normatividad vigente.
La información, dada a conocer por Animal Político con datos de Elefante Blanco, señala que los exfuncionarios enfrentan cargos por uso ilícito de atribuciones y facultades, además de desempeño indebido de funciones.
En el primer caso, la jueza Mónica Iliana Pérez Chapa vinculó a proceso a Carlos Alberto “G”, exsecretario de Desarrollo Económico, por autorizar de forma irregular la contratación de servicios jurídicos por un monto de 3 millones 438 mil pesos a favor de un despacho privado, sin cumplir con el procedimiento legal correspondiente. Como medida cautelar, se le impuso una garantía económica de 200 mil pesos.
En una audiencia distinta, el juez Santiago Espinoza Camacho resolvió la vinculación a proceso de Rómulo “G”, exsecretario de Bienestar Social, acusado de haber autorizado en 2020 la compra de despensas por 250 millones de pesos a una razón social local, sin realizar licitación pública. El juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, con fecha límite al 20 de enero de 2026. El exfuncionario enfrenta otros procesos relacionados con ese mismo programa social.
Un tercer caso corresponde a Enrique Jorge “N”, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, vinculado a proceso por adjudicar directamente un contrato de seguros de vida para el personal de salud por 5 millones 867 mil pesos durante el periodo enero-diciembre de 2020. El juez Juan Antonio Haro Morales impuso una garantía de 500 mil pesos, además de solicitar la entrega de su pasaporte como medida precautoria. En una declaración reciente, el exfuncionario afirmó públicamente: “No me he escondido; seguiré dando la cara”.
Durante las audiencias, las defensas de los imputados argumentaron que las contrataciones se realizaron en el contexto de la emergencia sanitaria por covid-19 y bajo excepciones legales permitidas. No obstante, el Ministerio Público presentó documentos oficiales y dictámenes técnicos para sustentar las acusaciones y contradecir dichas justificaciones.
Las imputaciones contra los excolaboradores de García Cabeza de Vaca se derivan de contratos firmados durante el año 2020, cuando los recursos públicos fueron destinados a servicios y compras sin cumplir con los requisitos de licitación establecidos por la ley. Estas carpetas de investigación fueron iniciadas por autoridades estatales, y tras diversas etapas legales, las resoluciones judiciales que habían frenado los procesos fueron modificadas, permitiendo que las imputaciones avanzaran.
Las causas seguirán su curso legal con investigaciones complementarias, desarrollo de peritajes y aplicación de medidas procesales, conforme al código penal del estado. Estos casos representan un nuevo capítulo en el escrutinio judicial sobre la gestión del exgobernador de Tamaulipas, quien ha sido señalado por presuntas redes de corrupción y mal manejo de recursos públicos durante su administración.
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