Ciudad de México, 09/09/26 (Más).- La reforma constitucional que obligaría a quienes tengan doble nacionalidad a renunciar a la extranjera antes de competir por la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México avanzó en la Cámara de Diputados, luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobara el dictamen con 26 votos a favor y 5 en contra.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por Morena y sus aliados mantiene sin modificaciones sustanciales el planteamiento original y ahora deberá ser discutida por el pleno de San Lázaro.
De ser aprobada, la nueva restricción comenzaría a aplicarse a partir de los procesos electorales de 2028.
La reforma no impediría que los mexicanos conserven dos o más nacionalidades mientras no aspiren a alguno de los cargos incluidos. El requisito se activaría únicamente cuando una persona pretenda registrarse como candidata a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina, para lo cual deberá acreditar previamente que dejó de ser reconocida como ciudadana de cualquier otro país.
Uno de los puntos centrales del dictamen establece que no sería suficiente presentar ante las autoridades mexicanas una declaración de renuncia a la segunda nacionalidad. El aspirante deberá demostrar que el país extranjero aceptó formalmente el trámite y dejó de considerarlo ciudadano antes de que concluya el periodo de registro de candidaturas.
Esta condición ha generado críticas de la oposición debido a que la posibilidad de competir por un cargo público en México podría depender también de los procedimientos administrativos y los tiempos de respuesta de gobiernos extranjeros. Si la renuncia no queda formalizada antes del registro electoral, la persona no podría cumplir con el requisito constitucional, aun cuando hubiera iniciado el procedimiento previamente.
Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México defienden la reforma bajo el argumento de que quienes encabezan los poderes ejecutivos federal y estatales toman decisiones vinculadas con seguridad nacional, relaciones internacionales, soberanía y manejo de recursos públicos, por lo que consideran necesario que mantengan una sola relación jurídica y política de nacionalidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que quienes gobiernen al país o alguna entidad deben mantener una lealtad exclusiva con México.
“¿Por qué vas a tener doble nacionalidad si representas al pueblo de México?”, cuestionó el pasado 25 de agosto al anunciar la iniciativa. Posteriormente, frente a señalamientos de que la medida podría restringir derechos políticos, afirmó: “La nacionalidad conlleva lealtad, no es quitar un derecho político”.
La propuesta fue presentada públicamente mientras la mandataria se refería al exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense y reside actualmente en Estados Unidos.
Otro personaje que podría verse alcanzado por las nuevas reglas es el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ha reconocido poseer una segunda nacionalidad y ha acusado que la iniciativa tendría como objetivo impedirle buscar la Presidencia en 2030.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, rechazó que la modificación constitucional esté dirigida contra alguna persona en particular y sostuvo que únicamente establecerá nuevas condiciones para quienes decidan aspirar a los cargos contemplados.
La mayoría legislativa prevé que el dictamen sea llevado al pleno después del 21 de septiembre, aunque la fecha definitiva de votación todavía no ha sido establecida.
La discusión en comisión estuvo marcada por la salida de los diputados del Partido Acción Nacional antes de la votación. Los legisladores acusaron a Morena y sus aliados de negarse a realizar un parlamento abierto en el que pudieran participar organizaciones de migrantes, organismos de derechos humanos y especialistas para analizar las implicaciones de la reforma.
Paulina Rubio Fernández, diputada del PAN, cuestionó el procedimiento legislativo y anunció que su bancada abandonaría la sesión.
“Acción Nacional no puede permanecer aquí tratando de validar su imposición”, señaló antes de que los cinco integrantes panistas dejaran el salón. El dictamen terminó aprobado con los votos de Morena y sus aliados, mientras representantes del PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
El PAN sostiene que millones de mexicanos adquirieron otra ciudadanía después de residir y trabajar durante años fuera del país y que obligarlos a renunciar a ella para competir por determinados puestos representaría una afectación a derechos adquiridos durante su trayectoria migratoria.
Noemí Luna cuestionó particularmente que el acceso a una candidatura pueda quedar sujeto a una decisión administrativa de otro gobierno: “Pretenden dejar la decisión de si un hombre o una mujer con doble nacionalidad puede ser candidato a un burócrata de otro país”, afirmó.
Movimiento Ciudadano y el PRI también se pronunciaron contra la iniciativa al considerar que poseer una segunda nacionalidad no prueba deslealtad hacia México ni supone automáticamente un conflicto de interés; ambas fuerzas cuestionaron que la Constitución sea modificada a partir de una presunción general sobre las personas binacionales.
Los partidos que respaldan la propuesta rechazaron que exista una eliminación de derechos políticos.
Juan Luis Carrillo, del PVEM, sostuvo que una persona seguiría conservando íntegramente sus derechos como mexicana y únicamente tendría que cumplir una condición adicional para asumir determinados cargos.
Desde el PT, Lilia Aguilar admitió que poseer exclusivamente la nacionalidad mexicana tampoco garantiza la lealtad de un gobernante, pero defendió la medida al señalar: “No es una garantía, eso es cierto, pero es un paso jurídico”.
Las restricciones continuarían una vez asumido el cargo. Quienes lleguen a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no podrían adquirir otra nacionalidad mientras permanezcan en funciones ni utilizar pasaportes o documentos de identidad extranjeros. Tampoco podrían ejercer derechos políticos en otro país o solicitar protección diplomática de un gobierno distinto al mexicano.
El dictamen establece que las violaciones a estas disposiciones serían sancionadas conforme al régimen de responsabilidades aplicable a los servidores públicos, aunque no precisa una pena específica ni determina si el incumplimiento implicaría necesariamente la separación del cargo. La reforma tampoco comprende a presidentes municipales ni alcaldes de la Ciudad de México.
Las nuevas reglas quedarían fuera de los comicios de 2027, en los que se renovarán 17 gubernaturas, debido a que uno de los artículos transitorios establece su entrada en vigor electoral a partir de 2028.
Una vez aprobada por la Cámara de Diputados, la iniciativa tendría que pasar al Senado y, por tratarse de una modificación constitucional, requerirá posteriormente el respaldo de al menos 17 congresos estatales antes de poder ser promulgada.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.