El Congreso de Coahuila aprobó un crédito de hasta 150 millones de pesos para que Aguas de Saltillo invierta en obras hidráulicas
Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 03/06/25 (Más).- El Congreso del Estado autorizó al Ayuntamiento de Saltillo para que, a través de Aguas de Saltillo (Agsal), contrate un crédito bancario de hasta 150 millones de pesos para usarse exclusivamente a proyectos de inversión pública productiva este mismo año.
Aunque el dictamen indica que este crédito es para fortalecer y modernizar la infraestructura hidráulica del municipio, no detalla obras, acciones específicas, montos por proyecto ni ubicación, pero sí apunta que el objetivo de esta inversión es garantizar un mejor servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento para la ciudad.
Según información de Agsal, el crédito se destinará a la segunda fase del Plan Antisequía, que incluye la perforación de nuevos pozos en el Acuífero Sur y la interconexión de redes de captación en las zonas de Zapalinamé y Loma Alta. La inversión total del plan asciende a 519 millones de pesos, de los cuales 150 millones serían obtenidos a través del crédito aprobado.
El financiamiento aprobado por el Legislativo podrá contratarse con un plazo de hasta 15 años y una tasa de interés variable referenciada a la interbancaria a 28 días, más un margen que se definirá en el proceso de contratación, por lo que no se conoce el costo exacto de este préstamo.
Como garantía de pago se contemplan los ingresos propios de Agsal, pero, en caso necesario, también las participaciones federales que le correspondan al Municipio de Saltillo, por lo que éstas quedarán comprometidas en el contrato durante los próximos nueve años o tres administraciones futuras.
Según el análisis de la Comisión de Finanzas del Congreso, el Ayuntamiento cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Coahuila de Zaragoza, incluyendo la autorización previa del Cabildo.

El Congreso advierte en el dictamen que el crédito no podrá utilizarse para gasto corriente, pago de nómina ni refinanciamiento de pasivos anteriores, sino exclusivamente para obra pública hidráulica.
La decisión generó un intenso debate entre los legisladores, quienes expresaron posturas encontradas respecto al endeudamiento y la gestión del recurso hídrico.
El diputado Antonio Attolini Murra, de Morena, manifestó su oposición al dictamen, argumentando que el agua no debe tratarse como una mercancía sujeta a las lógicas del mercado.
“El agua no es una mercancía, es un derecho”, afirmó, señalando que la participación de empresas privadas en la gestión del agua puede llevar a la pérdida de soberanía hídrica y al aumento de tarifas para los usuarios.
Su compañero de bancada, el diputado Alberto Hurtado Vera, también votó en contra y señaló que, aunque el financiamiento esté dirigido a obra pública productiva, debe tomarse en cuenta el historial de endeudamiento del estado y las condiciones bajo las cuales se celebran estos contratos.
“No podemos seguir aprobando créditos bajo el argumento de que son necesarios si no se transparenta cada peso y cada condición del contrato”, advirtió.
Ambos morenistas observaron que la empresa tiene la capacidad financiera de solventar el gasto sin necesidad de contratar un crédito.
Hurtado cuestionó además la falta de mecanismos de evaluación ciudadana sobre el uso del recurso, y llamó a fortalecer modelos públicos de gestión del agua en lugar de profundizar esquemas mixtos que –dijo– tienden a favorecer intereses corporativos.
Por su parte, el diputado Alfredo Paredes, del PAN, defendió la aprobación del crédito, destacando la urgencia de atender la crisis hídrica que enfrenta la región.
“El endeudamiento es precisamente para no llegar a esa catástrofe que vivió el estado vecino”, refiriéndose a la situación en Nuevo León.
Paredes subrayó que los proyectos productivos están avalados por la Comisión Nacional del Agua y que existen normativas claras para su ejecución.
El diputado Sergio Zenón Velázquez, del PRI, y coordinador de la Comisión de Finanzas que dictaminó el proyecto, respaldó el dictamen al señalar que Agsal cumplió con todos los lineamientos legales y financieros establecidos.
“No compromete ni perjudica las finanzas del Ayuntamiento de Saltillo”, aseguró, indicando que la fuente de pago y la garantía del financiamiento provendrán de los recursos propios de la paramunicipal.
En contraste, el diputado Antonio Flores Guerra, del PT, expresó su rechazo al crédito, argumentando que la empresa ha lucrado con el agua a costa del pueblo.
“Prometieron eficacia, cuidar y reparar toda la red de agua, aparte cobran tarifas altísimas y sobre todo no se tocan el corazón para cortar el agua a la gente humilde”, denunció.
Flores Guerra advirtió que el endeudamiento podría trasladar el costo al usuario final mediante aumentos en las tarifas.
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