Autónomos bajo la lupa

En el informe anual, la Auditoría Superior del Estado detectó 61 observaciones en cumplimiento de obra pública y 18 del tema financiero al IEC y al ICAI. El Instituto Electoral habría incurrido en desvío de recursos por 21.9 mdp

Por Miguel Villarello

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Saltillo, Coah. – De acuerdo con el Informe Anual de la Auditoría Superior del Estado (ASE), dos organismos autónomos: el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) tuvieron 61 observaciones en cumplimiento de obra pública y 18 en el tema financiero. Aunque, la mayoría fueron solventadas en el plazo establecido.

Lo anterior corresponde al ejercicio presupuestal del 2021 y derivado de un análisis del Informe Anual de Resultados 2021 de la ASE, documento que fue presentado ante el Congreso del Estado al finalizar el año 2022.

Dichas observaciones han sido tradicionalmente “solventadas”, no obstante, por las dependencias públicas para justificar su actuar administrativo, pero continúa la percepción de que persisten las fallas en cuanto al cumplimiento de lo que las leyes en la materia ordenan.

A ello se suma el que, al parecer, la ASE brinda cierto tipo de oportunidades a las dependencias públicas y autónomas tanto estatales como municipales para reparar las irregularidades que cometen no obstante que la reglamentación se los exija, en lugar de aplicar un castigo.

En el informe anual de resultados mencionado en cuanto a las auditorías practicadas, específicamente las de cumplimiento y financieras, a las dependencias públicas de Coahuila por la Auditoría Superior del Estado, se encontró que el ICAI durante el 2021, a través de cuatro auditorías de cumplimiento, se hizo acreedor a observaciones cuyo monto casi llega a los 4 millones de pesos; sin embargo, las logró justificar en los plazos establecidos por la ley.

• En el 2021, el IEC obtuvo un presupuesto de 469.1 mdp, ejerció 447.6 millones de pesos, 135.8 mdp para servicios personales.
• “Posterioridad a la presentación del informe, la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones no solventadas”, ASE

AUDITORÍA SUPERIOR

Anualmente la ASE revisa y audita las cuentas y manejo administrativo de más de 150 dependencias públicas del estado y de los municipios.

Asimismo, este Informe de Resultados 2021 de la ASE comprende tres tipos de auditorías, de cumplimiento en cuanto a inversión y obra pública, de desempeño y legalidad, así como financieras.

Solamente de esa anualidad se practicaron mil 797 auditorías a las cuentas públicas practicadas a más de 150 dependencias u organismos autónomos estatales y municipales que manejan recursos públicos, de las cuales fueron 1 mil 159 a entes municipales y 638 del ámbito estatal, dijo en su informe ejecutivo el titular de la ASE, Manuel Rodríguez Briones, en diciembre pasado.

A ellas se suman mil 532 auditorías de revisión practicadas a los informes de avance de gestión financiera del primero y segundo trimestre del 2022.

Sin embargo, las prácticas de auditoría bajan considerablemente en lo que se refiere a los nueve organismos autónomos entre los que están el ICAI y el IEC, la cantidad descendió a 100 auditorías para el ejercicio 2021; entre las que destacan 61 de cumplimiento en obra pública e inversión y solamente 18 en cuanto al tema financiero.

En lo general una de las conclusiones del informe fue que, poco más de 6 mil 706 millones de pesos corresponden a montos observados por la Auditoría Superior del Estado a dependencias públicas y organismos estatales y municipales en el ejercicio mencionado.

De las auditorías practicadas en rubros como De Cumplimiento y Financieras en cuanto al avance de obra pública, informó que, de las observaciones obtenidas y que suman un monto de 6 mil 706 millones de pesos en el ejercicio 2021, a las entidades públicas y poderes del Estado corresponde un monto de 4 mil 483 millones de pesos y a los organismos y dependencias públicas municipales 2 mil 222 millones de pesos.

Sólo por poner un ejemplo, el monto observado y posiblemente desviado en cuanto a las auditorías de cumplimiento en cuentas públicas de los organismos autónomos entre los que se encuentran el IEC y el ICAI suman mil 152 millones de pesos, y de los montos financieros observados como “no justificados” suman 2 millones 480 mil pesos; montos que deberán justificar documentalmente el destino que les dieron los próximos meses.

FALLAS EN CUMPLIMIENTO

Las Auditorías de Cumplimiento se refieren a la fiscalización de los informes de avance de gestión financiera y la Cuenta Pública correspondientes al ejercicio 2021 de la dependencia pública y en la que la Auditoría Superior del Estado evaluó sus procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos del ejercicio de la gestión financiera de los entes auditados las cuales permitieron conocer el cumplimiento de los aspectos más significativos del ente público.

Al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) se le aprobaron 38.8 millones de pesos para el ejercicio del 2021, de los cuales ejerció casi el 89 por ciento en servicios personales, lo que significa poco más de 32.2 millones de pesos.

Y entre los resultados de la fiscalización, dice el informe de la ASE, “con motivo de la fiscalización superior al Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del ejercicio 2021 fueron llevadas a cabo 4 auditorías de Cumplimiento al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública de los primeros dos trimestres del año”.

Como resultado de la auditoría número ASE-06252-2021 se desprendió una observación que contiene hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 156 mil 975 pesos, todas relativas a los egresos.

Como resultado de la auditoría número ASE-04014-2022 se desprenden dos observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 2 millones 119 mil 208 pesos con 41 centavos.

Incluso dio a conocer que la comprobación o la documentación e información presentadas son insuficientes para su comprobación y justificación y están integrados en 1 observación por un valor de 1 millón 805 mil 257 pesos.

Otra más refiere el incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila o con otras disposiciones normativas e integrados en una observación por un valor de 313 mil 951 pesos.

Sin embargo, en el caso del ICAI las recomendaciones fueron atendidas en tiempo y forma y quedaron solventadas antes de terminar el 2021.

Al respecto y en el mismo informe la ASE exhortó a las entidades a que, “dentro de un plazo improrrogable de 40 días hábiles deberán atender los pliegos de recomendaciones ante este órgano técnico de fiscalización”.

De lo contrario se procederá a fincar la responsabilidad mediante la denuncia correspondiente, ya sea ante el órgano interno de control, el Tribunal de Justicia Administrativa o ante la Fiscalía Especializada por Hechos de Corrupción.

En el 2021 el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) obtuvo un presupuesto de 469.1 millones de pesos, de los cuales ejerció 447.6 millones de pesos, es decir, logró un ahorro de poco más de 21 millones de pesos, sin embargo, destinó 135.8 millones de pesos a servicios personales.

En cuanto a los resultados de la fiscalización y con motivo de la fiscalización superior al Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del ejercicio 2021 fueron llevadas a cabo 5 auditorías de Cumplimiento al IEC.

Como resultado de la auditoría número ASE-06257-2021 se desprendieron “tres observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 659 mil 200 pesos”; y casi todas se refieren a egresos.

Otras cinco auditorías de Cumplimiento al mismo órgano autónomo y como resultado de la auditoría número ASE-10454-2021 se desprendieron cuatro observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 2 millones 728 mil 800 pesos.

Asimismo, otras ocho auditorías de Cumplimiento y una de Inversión y Obra Pública al IEC en cuanto a observaciones no solventadas por la entidad durante el plazo legalmente establecido para tal efecto y por un valor de 3 millones 776 mil 985 pesos.

Continúa el informe: “Como resultado de la auditoría número ASE-04020-2022 se desprende 1 observación que contiene hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 752 mil 550 pesos”.

“Como resultado de la auditoría número ASE-04021-2022 se desprenden 5 observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 2 millones 837 mil 622 pesos”.

“Como resultado de la auditoría número ASE-04730-2022 se desprenden 3 observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 186 mil 813 pesos”.

Por lo que se refiere al concepto de Obra, la ASE encontró deficiencias en la realización de los trabajos contratados durante la inspección de las obras o acciones.

Declaró que “se advierten deficiencias físicas y técnicas por el valor que se informa en este apartado, integrados en 1 observación por un valor de 111 mil 592 pesos”, otra más en cuanto a normatividad en los procesos de adjudicación de los contratos o en la modalidad de adjudicación aplicada integrados en 2 observaciones por un valor de 75 mil 221 pesos.

Otro resultado de la fiscalización de la ASE más adelante indica que “como resultado de la revisión al Informe de Avance de Gestión Financiera del Instituto Electoral de Coahuila del primer trimestre del ejercicio 2021 a través de la auditoría número ASE-06262-2021 encontró observaciones no solventadas por la entidad las cuales ascienden a 444 mil 194 pesos”.

Mientras que del segundo trimestre y como “resultado de la revisión al Informe de Avance de Gestión Financiera del IEC del segundo trimestre del ejercicio 2021 a través de la auditoría número ASE-10459-2021 observaciones no solventadas por la entidad las cuales ascienden a 10 millones 477 mil 526 pesos”.

En este rubro se precisaron fallas como la falta de comprobaciones, que se realizaron pagos a personas durante el mismo periodo en dos o más entidades los cuales no fueron justificados con la documentación correspondiente o que se realizaron pagos a empleados bajo la modalidad de “Asalariados” con dos o más cargos o plazas en la misma entidad sin comprobar la compatibilidad de funciones y horarios.

Aunque el Informe de la ASE no dice si el IEC solventó dichas observaciones en el período que le permite la ley, el posible desvío de recursos públicos estaría ascendiendo a más de 21.9 millones de pesos.

DESTINO FINANCIERO

Las Auditorías Financieras son la evaluación al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Comprenden también la revisión del registro y soporte documental de la depuración de saldos contables, así como del cumplimiento de la armonización contable y de la validación a la congruencia de la información financiera de cada uno de los entes públicos auditados por la ASE.

El objetivo de esta auditoría es el de verificar, mediante la aplicación de pruebas globales, que la información financiera de las entidades no contenga errores u omisiones de registros contables que no fueron sujetos a depuración, así como el de evaluar el cumplimiento de los procedimientos, formalidades y registros que deben aplicarse en los procesos de depuración de saldos contables llevados a cabo por las entidades públicas del estado de Coahuila, con base en la ampliación del plazo para la aplicación de los Lineamientos para la Depuración de Saldos Contables.

En este rubro y como resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2021 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, correspondiente a la auditoría de depuración de saldos de número ASE-03854-2022 se desprendieron 2 observaciones no solventadas durante el plazo establecido para tal efecto.

Éstas fueron por un valor de 2 millones 469 mil 48 pesos con 45 centavos y que tienen que ver con inventarios, almacenes, bienes muebles, inmuebles y activos intangibles, así como el incumplimiento en la presentación de información o documentación requerida.

Como resultado de la fiscalización del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2021, también del ICAI, la ASE en lo relativo a la auditoría de congruencia de la información de número ASE-08989-2021 se desprendió una observación.

La cual no fue solventada durante el plazo establecido para tal efecto, no obstante, el valor financiero fue de cero pesos ya que, al parecer se trató de una falla en la integración de documentos.

Curiosamente este organismo autónomo no obtuvo tantas observaciones al manejo de sus finanzas.

Por lo que se refiere al Instituto Electoral de Coahuila la Auditoría Superior del Estado, como resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2021 y correspondiente a la auditoría de disciplina financiera de número ASE-05133-146 2022 se desprendió una observación no solventada durante el plazo establecido para tal efecto, casualmente por un valor de cero pesos.

Sin embargo, más adelante indica que “se detectó que las cifras reveladas en los formatos que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios no guardan coherencia con el resto de la información contenida en la Cuenta Pública del ejercicio 2021”.

Otro resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2021 del IEC correspondiente a la auditoría de depuración de saldos de número ASE-03855-2022 se desprendieron 4 observaciones no solventadas durante el plazo establecido para tal efecto, todas por un valor de 14 mil 098 pesos.

Dicho faltante tiene que ver con el incumplimiento en la presentación de información o documentación requerida, omisión del reconocimiento contable de la depreciación y amortización de bienes e incongruencias entre la relación de bienes que componen el patrimonio de la entidad y los bienes registrados contablemente, sostiene la ASE en su Informe 2021.

Además, la ASE detectó otros dos hallazgos, en el primero, que las cifras reveladas en el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2021 no son congruentes entre sí,

Mientras que, en el segundo, se detectaron deficiencias u omisiones en la elaboración del formato integrado en el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2021.

Para ambos casos, el ICAI y el IEC, la ASE advierte que “con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones que no hubieran sido solventadas por las entidades fiscalizadas”.

JUSTIFICAR

De este modo, ambos organismos autónomos deberán solventar las observaciones ante la ASE, observaciones que en lo general suman más de 25.9 millones de pesos, para lo cual tienen los próximos dos meses según la ley en la materia.

Incluso el ICAI y el IEC últimamente han estado en la opinión pública frecuentemente, el primero cuestionado por su concurrente opacidad y falta de aplicación de sanciones a las dependencias que son poco transparentes o que se niegan a proporcionar información pública; así como la posible incurrencia en responsabilidad administrativa por parte de su dirección general al dar de baja a varias personas trabajadoras sin considerar las leyes en materia laboral.

Y el segundo en el ojo del huracán por el sospechoso acto administrativo para asignar la liquidación financiera a la titular de la presidencia del Consejo General una vez que terminó su encargo legalmente el año pasado.

De ahí que, por lo que se refiere a la legislación, la Auditoría Superior del Estado cuando presentó su Informe Anual de Resultados 2021 haya propuesto varios temas para la mejora del sistema.

Derogar la ley estatal para determinar la Unidad de Medida de Actualización y evitar confusiones al denominarlo y regirse por la ley federal, crear la ley de juicio político estatal, establecer la figura del defensor público en materia administrativa.

Además, la modificación de los plazos para solventar peticiones hasta 20 días hábiles, el que los regidores emitan informes sobre sus egresos generados por comisión edilicia, la promoción de responsabilidades administrativas o sanciones a partir de procedimientos de entrega recepción, y el seguimiento de sanciones por faltas administrativas no graves.