Ciudad de México, 14/09/26 (Más).- A pesar de la reforma constitucional al Poder Judicial y de la primera elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, 65.8 por ciento de las personas que identifican la labor de los juzgadores los percibe como corruptos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recopilados por Animal Político, la percepción de corrupción entre quienes reconocen a los jueces disminuyó respecto de 2025, cuando alcanzó 69 por ciento. El resultado de 2026 representa el nivel más bajo registrado en los últimos años, aunque mantiene a la judicatura como la segunda autoridad con mayor percepción de corrupción entre las 11 instituciones evaluadas, solo por debajo de la Policía de Tránsito, con 74.1 por ciento.
La encuesta fue levantada entre febrero y abril de 2026, después de la primera elección judicial realizada en México y de la entrada en funciones, en septiembre de 2025, de los nuevos cargos derivados de la reforma constitucional al Poder Judicial.
La reforma fue publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación y estableció, entre otros cambios, la elección mediante voto popular de las personas juzgadoras. El 1 de junio de 2025 se llevó a cabo una jornada electoral extraordinaria para elegir ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de magistraturas de circuito y juzgados de distrito.
Los resultados de la ENVIPE 2026 muestran, sin embargo, un bajo nivel de reconocimiento social de los jueces. Solo 20.4 por ciento de las personas adultas consultadas afirmó identificar o reconocer su labor como autoridad, mientras que 79.6 por ciento señaló no identificarlos.
Con este porcentaje, los juzgadores son la autoridad con menor nivel de reconocimiento entre las instituciones consideradas en la medición. En contraste, el Ejército alcanzó 81.6 por ciento de reconocimiento y la Guardia Nacional 78 por ciento.
Durante la presentación de los resultados, Dwight Daniel Dyer Leal, titular de la Unidad de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, explicó que la medición de confianza, desempeño y corrupción se realiza únicamente entre las personas que previamente reconocen a cada institución.
El funcionario señaló que primero se pregunta a la población si identifica a determinada institución de seguridad o justicia y, únicamente cuando la respuesta es afirmativa, se solicita su valoración sobre aspectos como desempeño, confianza y percepción de corrupción.
Por ello, el INEGI advirtió que no resulta metodológicamente correcto establecer comparaciones directas entre instituciones cuando sus niveles de reconocimiento son diferentes, debido a que las percepciones se calculan sobre poblaciones distintas.
La encuesta también registró diferencias entre mujeres y hombres respecto de la percepción de corrupción de los juzgadores. Entre las mujeres que identifican a esta autoridad, 68.3 por ciento considera que es corrupta, mientras que entre los hombres el porcentaje fue de 63.3 por ciento.
En materia de confianza, 58.3 por ciento de las personas que reconocen a los juzgadores manifestó tener mucha o algo de confianza en ellos. La proporción representa un incremento frente al 55.9 por ciento registrado en 2025.
Por sexo, 59 por ciento de los hombres que identifican a los jueces señaló tenerles confianza, frente a 57.5 por ciento de las mujeres.
Los datos reflejan una disminución en la percepción de corrupción y un aumento en la confianza respecto del año anterior, aunque ambas mediciones se mantienen condicionadas por el reducido nivel de conocimiento que tiene la población sobre la labor de los juzgadores.
La ENVIPE 2026 ofrece así una primera medición de la percepción ciudadana sobre las autoridades judiciales después de la puesta en marcha del nuevo modelo derivado de la reforma constitucional. Los resultados muestran que, pese al cambio en el mecanismo de selección de las personas juzgadoras, persisten niveles elevados de percepción de corrupción entre quienes conocen su función.
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