Washington, 26/06/24 (Más / IA).- Bajo la administración del presidente Joe Biden, el procesamiento penal de delitos de inmigración presenta un aumento significativo del 65 por ciento, según un informe publicado por la Universidad de Syracuse.
Este incremento destaca especialmente en los casos de migrantes que intentan reingresar a Estados Unidos después de haber sido expulsados.
El informe, basado en un análisis de la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), muestra que en enero de 2021 el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) emitía menos de mil 500 acusaciones mensuales. Para marzo de 2024, esta cifra se había acercado a las 3 mil. Aunque hubo fluctuaciones en algunos meses, la tendencia general se mantuvo al alza.
Entre febrero y abril de 2024, las acusaciones por delitos de inmigración aumentaron 21 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior, lo que refleja un esfuerzo intensificado del DOJ para abordar la inmigración ilegal, especialmente en la frontera sur del país.
Este incremento se atribuye en parte al anuncio del DOJ en mayo pasado, donde se comprometieron a fortalecer los esfuerzos para procesar los delitos de inmigración.
Las categorías de delitos analizadas en el informe incluyen el ingreso ilegal a Estados Unidos, el reingreso después de una expulsión o deportación y la ayuda consciente a un extranjero para ingresar o permanecer ilegalmente en el país.
El mayor aumento se observa en los procesos penales contra inmigrantes que reingresan al país tras haber sido deportados o expulsados. Comparando los primeros tres meses de la administración Biden (febrero-abril de 2021) con el mismo período de 2024, estos casos han experimentado un incremento del 57 por ciento.
El informe destaca que los delitos relacionados con el reingreso tras la deportación representan consistentemente la mayor proporción de procesos penales de inmigración, constituyendo alrededor de dos tercios del total de las acusaciones. La mayoría de estos casos se concentran en los cinco distritos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
El Distrito Oeste de Texas, que incluye las ciudades de El Paso y San Antonio, es el principal impulsor del aumento reciente en la presentación de estos delitos, seguido por el estado de Arizona. Estas áreas han visto un aumento significativo en el número de casos procesados, reflejando el enfoque intensificado del gobierno en estas regiones clave para el control de la inmigración.
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