Ciudad de México, 09/10/26 (Más).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que una grabación en la que se mencionan presuntos vínculos entre el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, su hermano Luis Alberto Olán Aparicio e Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, señalado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), forma parte de los elementos considerados en las investigaciones relacionadas con este último.
Sin embargo, el funcionario aclaró que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existen motivos para investigar a otras personas.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, García Harfuch abordó el tema durante una conferencia de prensa ofrecida después de una reunión privada con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, donde fue cuestionado sobre una supuesta conversación telefónica de 2023 que relacionaría a los hermanos Olán Aparicio con el presunto integrante de la organización criminal, recientemente detenido por autoridades federales.
La grabación difundida periodísticamente hace referencia a presuntos contactos de Luis Alberto Olán Aparicio con Cazarín Molina, quien habría intervenido para detener las extorsiones contra proveedores de balasto, material utilizado en la construcción de vías ferroviarias, particularmente en proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, las autoridades no han confirmado que ese supuesto contacto constituya por sí mismo una conducta delictiva ni que exista una carpeta de investigación abierta específicamente contra los empresarios.
Al responder sobre el alcance de las indagatorias, García Harfuch precisó que, hasta ese momento, la información disponible respecto de los hermanos provenía de la grabación difundida por medios de comunicación, por lo que evitó anticipar conclusiones sobre posibles responsabilidades.
“Sobre el sujeto que usted menciona, lo único que tenemos también al momento es la grabación de la nota periodística, pero también, por supuesto, todo forma parte de las investigaciones correspondientes y será la propia Fiscalía General de la República la que determine quién más será investigado en este caso”, expresó.
La declaración coloca nuevamente bajo atención pública las actividades empresariales de Jorge Amílcar Olán Aparicio, originario de Tabasco y identificado por su cercanía con Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la administración federal anterior, el empresario amplió sus actividades comerciales, originalmente relacionadas con el sector de los azulejos, hacia el suministro de medicamentos y la comercialización de materiales utilizados en obras ferroviarias.
El posible vínculo adquiere relevancia debido a que las conversaciones mencionadas se relacionan con proveedores que participaron en proyectos prioritarios del gobierno anterior.
La referencia a una supuesta intervención de El Tanque para frenar actos de extorsión abre interrogantes sobre la relación que pudieron mantener particulares vinculados con esas operaciones comerciales y personas señaladas por su participación en actividades del crimen organizado, aunque hasta ahora no se ha establecido judicialmente una responsabilidad de los hermanos Olán Aparicio por esos hechos.
Un día antes de las declaraciones del secretario de Seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado que no contaba con información sobre una posible relación entre Amílcar Olán y Cazarín Molina.
La mandataria indicó que correspondería a la Fiscalía General de la República esclarecer cualquier señalamiento derivado de la difusión de la grabación y determinar si existían elementos suficientes para ampliar las investigaciones.
Sheinbaum también se refirió a las versiones que involucraban a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, y sostuvo que, conforme a la información que le había proporcionado la titular de la FGR, no existía una investigación abierta en su contra relacionada con este asunto.
De esta manera, tanto la Presidencia como la Secretaría de Seguridad dejaron en manos del Ministerio Público federal la determinación sobre eventuales nuevas líneas de investigación.
Respecto de Iván Cazarín Molina, García Harfuch explicó que las autoridades federales lo buscaban desde 2015 y que su nombre estaba relacionado con el ataque en el que fue derribado un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional en Jalisco, episodio que dejó militares y policías federales muertos durante un operativo contra integrantes del crimen organizado.
El secretario detalló que las actividades criminales atribuidas a El Tanque se extendían por Tabasco, Oaxaca, Puebla y Veracruz, entidades donde presuntamente participaba en delitos relacionados con el robo de hidrocarburos, extorsión, homicidio y privación ilegal de la libertad; su captura fue realizada mediante una operación conjunta de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y elementos de fuerzas especiales del Ejército mexicano.
Las declaraciones de García Harfuch ocurrieron después de su participación en una reunión a puerta cerrada con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila. El encuentro se realizó como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y permitió revisar distintos aspectos de la estrategia nacional de seguridad.
Al concluir la reunión, el funcionario respondió cuestionamientos sobre otros asuntos de seguridad pública, entre ellos los riesgos de intervención del crimen organizado en las elecciones de 2027, el reclutamiento de jóvenes mediante plataformas digitales, las investigaciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo y los operativos contra el tráfico ilegal de combustibles.
En materia electoral, García Harfuch informó que sostuvo una reunión con la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que también participaron representantes de la Consejería Jurídica, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia. El propósito fue identificar zonas de riesgo a partir de antecedentes registrados en procesos electorales anteriores y preparar mecanismos de coordinación para prevenir hechos de violencia e infiltración criminal durante los próximos comicios.
El secretario señaló que la Guardia Nacional desempeñará una función importante en los dispositivos de seguridad electoral, junto con las policías y fiscalías estatales. No obstante, evitó identificar las regiones consideradas de mayor riesgo o anticipar las características del despliegue previsto.
“Estamos trabajando para determinar los focos rojos, vamos a dar a conocer más adelante también las acciones que se van a llevar a cabo”, manifestó.
Sobre el asesinato de Carlos Manzo, García Harfuch indicó que corresponde a la FGR decidir si atrae formalmente la investigación, como lo solicitó la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. Aseguró que mantiene comunicación permanente con ella, que cuenta con protección federal por instrucciones presidenciales y que las investigaciones del homicidio han permitido la detención de 33 personas.
En relación con el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales, reconoció que el Centro Nacional de Inteligencia mantiene labores de seguimiento y colaboración con plataformas digitales utilizadas para captar personas mediante engaños o invitaciones directas.
Asimismo, informó que las autoridades mexicanas han detectado el ingreso de ciudadanos colombianos que estuvieron en Ucrania, asunto sobre el cual existe cooperación con el gobierno de Colombia, aunque aclaró que no tienen identificados exmilitares mexicanos vinculados con entrenamiento en drones o armamento en ese país.
Otro de los asuntos abordados fue el denominado huachicol fiscal. El secretario afirmó que los 10 millones de litros de combustible asegurados en el buque Challenge Procyon, en Tampico, Tamaulipas, permanecen bajo resguardo de la Fiscalía General de la República. También confirmó que existen marinos y empresarios detenidos por las investigaciones relacionadas con estas operaciones, aunque no aclaró el destino de otros 10 millones de litros mencionados en los cuestionamientos periodísticos.
Finalmente, García Harfuch rechazó la posibilidad de distraerse de sus responsabilidades actuales ante los comentarios del senador Manuel Velasco, quien lo mencionó como una eventual opción presidencial para 2030.
El secretario agradeció las expresiones, pero sostuvo que su función al frente de la seguridad pública nacional “no permite una agenda paralela”, pues consideró que dedicar atención a aspiraciones políticas distintas de su encargo representaría una falta de respeto hacia las víctimas de la violencia y sus familias.
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