Por Refugio Ontiveros
Saltillo, 04/10/24 (Más).- Yolanda Guadalupe Montes Martínez asumió este viernes la Presidencia del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila para el periodo 2024-2025, en sustitución de Miguel Francisco Crespo.
Al rendir protesta, destacó que su agenda se centrará en mejorar los indicadores sobre el combate a la corrupción en Coahuila, cuyos resultados se presentarán a finales de octubre. Además, subrayó la importancia de coordinar acciones entre la sociedad civil y los entes públicos para avanzar en este tema.
“La transparencia y el correcto manejo de los recursos son esenciales para la confianza de los coahuilenses en sus autoridades”, enfatizó.
Asimismo hizo mención a las políticas del Gobierno federal anterior, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en relación con la eliminación de organismos autónomos como el Sistema Nacional Anticorrupción.
“Asumo este cargo en una coyuntura muy importante del Sistema, en una atmósfera difícil para los órganos autónomos, pero muy consciente de que hay retos importantes dentro del Sistema Estatal Anticorrupción”, expuso.
Frente a la incertidumbre sobre si la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum dará continuidad a estas decisiones, Montes Martínez resaltó que el combate a la corrupción trasciende cualquier agenda política.
“Nos enfocaremos en el trabajo técnico y en sistematizar los esfuerzos no solo de las instancias que conforman el sistema, sino también en estrechar la colaboración con la sociedad civil organizada”, declaró al destacar la importancia de una estrategia integral en la lucha contra la corrupción.
Montes Martínez indicó que el Plan de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, que se aprobará a finales de octubre, establecerá 35 puntos clave para trabajar de manera conjunta entre el Estado, los municipios y los organismos del Sistema Estatal Anticorrupción.
El Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila es un organismo del Sistema Estatal Anticorrupción que tiene como función principal representar a la ciudadanía en las acciones para prevenir, detectar y combatir la corrupción en el estado. Es responsable de vigilar el cumplimiento de las políticas públicas relacionadas con la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización.
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