Ciudad de México, 16/12/25 (Más).- El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha identificado tres principales esquemas de evasión fiscal que, en conjunto, provocan millonarias pérdidas al erario mexicano: el huachicol fiscal, la facturación falsa y la subvaloración aduanera.
Estas prácticas, según un estudio legislativo impulsado por la vicecoordinación de Morena en la Cámara de Diputados, representan un golpe directo a las finanzas nacionales, distorsionan el mercado y suponen riesgos para la seguridad del país.
La información fue publicada por el diario El País, que advierte que estas maniobras fraudulentas se han beneficiado durante años de vacíos legales y de una débil supervisión institucional.
El contrabando de combustible, también conocido como huachicol fiscal, ha ocasionado pérdidas por 4,600 millones de dólares solo en evasión de IVA e IEPS. En total, el perjuicio calculado para Pemex y la hacienda pública durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador supera los 28,2 millones de dólares, de acuerdo con el legislador Alfonso Ramírez Cuéllar, autor del análisis.
Otro esquema consolidado de evasión es el uso de facturación falsa a través de empresas fantasma. Identificadas como EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) y EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas), estas entidades simulan servicios o compras inexistentes para reducir la carga tributaria de sus clientes. Esta modalidad, que comenzó a tomar fuerza en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ha crecido 63% en los últimos años: de 7,400 empresas identificadas en 2018, se pasó a más de 12,000 al cierre de 2022.
Entre los principales rostros de este esquema destaca el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, considerado por autoridades mexicanas como uno de los operadores más importantes de estas redes. Acusado de un desfalco millonario a la Secretaría de Gobernación, enfrenta un proceso de deportación desde Estados Unidos, mientras se le vincula con figuras del poder político, empresarial y del espectáculo.
El tercer punto de evasión masiva es el contrabando técnico en aduanas, particularmente con mercancías como azúcar, camarón y acero. En el caso del azúcar, se documenta la entrada de mezclas con alto contenido de sacarosa pero etiquetadas como otros productos –como cacao o harinas– para pagar aranceles mucho más bajos. Solo entre 2023 y 2024, se estima que ingresaron más de 329,000 toneladas bajo esta modalidad, provocando una evasión de al menos 5,000 millones de pesos. Además, se ha detectado contrabando bronco –ingreso sin pasar por aduana– y la operación de ingenios irregulares en estados como Puebla, Oaxaca y Veracruz, lo que amenaza la viabilidad del sector cañero en más de 15 estados del país.
El tráfico de camarón también representa una fuga multimillonaria. El informe legislativo refiere la entrada anual de entre 20,000 y 22,000 toneladas mediante triangulación desde Ecuador vía Centroamérica, con etiquetas falsas y sin cumplir requisitos sanitarios. Esta práctica ha generado un mercado paralelo que compite en desventaja con la producción nacional, especialmente en Sinaloa, donde se produce el 40% del camarón cultivado. Entre 2021 y 2022, ingresaron ilegalmente casi 36,000 toneladas con un valor superior a los 6,000 millones de pesos, afectando a más de 900 granjas y 20,000 empleos directos.
En el caso del acero, el esquema se apoya en el uso indebido de programas de importación temporal diseñados para fomentar exportaciones. Empresas han aprovechado esta figura para introducir insumos sin pagar impuestos, a pesar de que no eran destinados a procesos industriales de exportación, lo que llevó a la Secretaría de Economía a cancelar permisos. Aunque el Congreso ha avanzado con medidas como el muro arancelario para productos asiáticos –principalmente de origen chino– y la apertura de 109 expedientes penales por parte del SAT, las autoridades reconocen que el combate a esta evasión estructural exige mayor vigilancia, regulación efectiva y transparencia. La administración de Sheinbaum enfrenta el reto de cerrar estos boquetes fiscales que comprometen la estabilidad financiera y la competitividad del país.