El contrabando de combustibles basado en evasión fiscal y corrupción institucional, opera con estructuras similares al narcotráfico
Ciudad de México, 12/09/25 (Más).- El llamado huachicol fiscal, una forma sofisticada de contrabando de combustibles, ha generado pérdidas millonarias al erario mexicano, al tiempo que enriquece a redes criminales integradas por funcionarios, empresarios y altos mandos militares. Esta práctica se ha vuelto más compleja y peligrosa con el paso de los años, al punto de convertirse en una amenaza binacional que, según especialistas, ya opera con la misma logística y estructura que el narcotráfico.
De acuerdo con Animal Político, el huachicol fiscal consiste en el robo, traslado y comercialización ilegal de hidrocarburos, en donde el combustible sustraído es registrado falsamente como desecho petroquímico o como otro líquido para evadir impuestos en las aduanas.
A diferencia del huachicol tradicional, este modelo involucra directamente el contrabando transfronterizo y la evasión fiscal. “Es un delito que involucra corrupción en altos niveles. Simplemente, la persona encargada de hacer las verificaciones en aduanas o los altos mandos responsables se hacen de la vista gorda”, explica el abogado Michel Levien, especialista en antilavado y combate a la corrupción.
En marzo de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló una red de huachicol fiscal al decomisar 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas. En esa operación fueron detenidas 14 personas, entre ellas empresarios, funcionarios de la Secretaría de Marina y exservidores públicos de aduanas. Entre los arrestados destaca el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, considerado el funcionario de más alto rango implicado en estos delitos. También fue detenido Francisco Javier Antonio Martínez, exdirector de Administración y Finanzas de la terminal portuaria de Tampico.
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el caso en su conferencia del 8 de septiembre, asegurando que habrá “cero impunidad”, aunque reconoció que las investigaciones podrían extenderse.
La mandataria enfrenta una problemática que viene arrastrándose desde administraciones anteriores. Fluvio Ruíz, exconsejero de Pemex, recordó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se sustraían decenas de miles de barriles diarios y que incluso funcionarios que se negaban a colaborar con estas redes, como Tadeo Alfonzo Rojas, jefe de seguridad de la refinería de Salamanca, fueron asesinados.
Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador se implementó una estrategia de combate frontal al huachicol, pero esto generó desabasto en varias zonas del país sin erradicar el problema.
Para especialistas como Fluvio Ruíz, el huachicol fiscal no solo ha crecido, sino que se ha sofisticado, diversificado y vuelto binacional, operando en conjunto con otras redes del crimen organizado, incluyendo tráfico de armas, personas y drogas.
Levien subraya que la evasión fiscal derivada de esta actividad representa un golpe directo a las finanzas públicas, pues se dejan de percibir impuestos y se afecta a Pemex y a los distribuidores formales de combustibles. Además, sostiene que la gravedad del delito aumenta cuando los implicados son servidores públicos o miembros de las fuerzas armadas, como es el caso de Farías Laguna y otros detenidos, lo que añade cargos por corrupción, colusión y delincuencia organizada.
En términos legales, el artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece penas de 20 a 30 años de prisión y multas de hasta 2.8 millones de pesos por la sustracción ilegal de hidrocarburos. A esto se suman las sanciones fiscales, dependiendo de la magnitud del fraude.
Ante el panorama, desde los primeros meses de 2025, el gobierno federal ha desplegado operativos coordinados entre la Marina, la Guardia Nacional y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), logrando decomisos relevantes.
No obstante, especialistas consideran que es necesario fortalecer los mecanismos de rastreo digital y fiscal. “Con la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) el gobierno podría tener un mejor control sobre empresas y funcionarios sospechosos”, propone Fluvio Ruíz. Levien coincide en que las investigaciones actuales ofrecen una oportunidad clave para ampliar el combate a estas redes, siempre y cuando no prevalezca la impunidad.
El huachicol fiscal se ha consolidado como una actividad ilícita altamente lucrativa para el crimen organizado, con consecuencias directas sobre la seguridad energética, la recaudación fiscal y la integridad institucional del país. El reto ahora está en desmontar el entramado de complicidades que lo sostiene.