Ciudad de México, 03/06/25 (Más).- El 1 de mayo de 2015, las fuerzas armadas mexicanas intentaron capturar a uno de los líderes criminales más buscados del país: Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, lo que sería una operación quirúrgica terminó en tragedia y marcó un hito en la historia de la violencia criminal en México: por primera vez, un grupo delictivo derribó un helicóptero militar.
La emboscada ocurrió en Villa Purificación, Jalisco, cuando un convoy de helicópteros se aproximaba al complejo donde se creía que se escondía Oseguera. El helicóptero principal fue impactado por fuego de ametralladora y posteriormente por granadas propulsadas por cohete. El resultado: siete militares muertos y doce heridos. Los atacantes utilizaron armamento de alto poder que, más tarde, se determinó que provenía de ventas legales en Estados Unidos.
Una ametralladora Browning calibre militar fue rastreada hasta una compra en Oregón, mientras que un rifle Barrett .50 tenía origen en una armería en Texas. Este incidente, además de reflejar el poderío del CJNG, puso en evidencia un fenómeno constante y preocupante: el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México, alimentado por laxas regulaciones y escasa fiscalización.
Según un análisis realizado por un periodista de investigación y un profesor universitario, aproximadamente 135 mil armas de fuego cruzaron ilegalmente la frontera a México en 2022. Para ponerlo en perspectiva, es más del triple del número de armas pequeñas que Estados Unidos entregó a Ucrania durante más de cuatro años de conflicto armado.
La fuente principal de estas armas es una red de comerciantes estadounidenses cuyas ventas terminan, muchas veces sin supervisión efectiva, en manos de grupos criminales mexicanos. A pesar de la inversión de más de 3 mil millones de dólares por parte de Estados Unidos para fortalecer el Estado de derecho en México, la falta de control sobre la venta de armas en territorio estadounidense sigue minando esos esfuerzos.
Datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) muestran que entre 2015 y 2023, México envió 185 mil armas vinculadas a delitos para su rastreo. De ellas, 125 mil fueron rastreadas hasta su origen en EE.UU.
Una evaluación elaborada por la propia ATF en 2021 concluyó que el tráfico de armas a México creció un 20% entre 2017 y 2021, y que este país es el mayor mercado extranjero de armas ilegales provenientes de Estados Unidos. A pesar de ello, en abril de 2025, la ATF anunció la eliminación de su política de “tolerancia cero” para revocar licencias a comerciantes infractores y retiró del sitio oficial los reportes de revocaciones.
Esta política había sido implementada en 2021 por la administración Biden y había incrementado significativamente las revocaciones a vendedores reincidentes. En su lugar, la ATF propone ahora una revisión de normas, en medio de recortes presupuestales.
Las consecuencias de este tráfico no son meramente estadísticas. La historia de Emylce Inés Espinoza-Alarcón, desplazada junto con su familia por la violencia tras el asesinato de su madre, es solo una entre miles. “Las armas estadounidenses son responsables”, aseguró, “pero no tenemos otro lugar a dónde ir”.
De acuerdo con una encuesta de 2023, el 88% de los 180 mil migrantes mexicanos que llegaron ese año a Estados Unidos huían de la violencia, una tendencia distinta a años previos, cuando la mayoría buscaba mejoras económicas.
Mientras tanto, el poder de fuego de los cárteles no solo mantiene su capacidad operativa, sino que ha contribuido a niveles de homicidios tres veces más altos que en Estados Unidos. El vacío regulatorio en EE.UU. y la eficacia limitada de la fiscalización han resultado en un entorno donde la venta de armas alimenta directamente el conflicto, el desplazamiento y el crimen en México.
La historia de “El Mencho” y la fallida operación para capturarlo no solo ilustra el poder del CJNG, sino también una cadena de omisiones y políticas fallidas que permiten que el armamento pesado llegue a manos de quienes lo usan contra civiles, fuerzas del orden y el Estado mexicano.
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