Ciudad de México, 04/11/26 (Más).- La extorsión en México mantiene niveles elevados y se ha extendido hacia distintas regiones económicas del país, con una tasa de 6.4 víctimas por cada 100 mil habitantes entre enero y septiembre de 2026, cifra que representa un incremento de 65 por ciento respecto al mismo periodo de 2015.
De acuerdo con el informe publicada por México Evalúa, basada en registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y proyecciones poblacionales del Consejo Nacional de Población (Conapo), tres regiones estratégicas concentran 85 por ciento de las víctimas de este delito: el Centro Metropolitano, el Bajío-Occidente y el Norte Industrial y Minero, pese a que en conjunto albergan 69 por ciento de la población nacional.
El informe, titulado De la violencia a la pacificación: Monitoreo de la violencia delictiva en México, documenta que durante los primeros nueve meses de 2026 se registraron ocho mil 551 víctimas de extorsión en el país. La tasa nacional fue de 6.36 por cada 100 mil habitantes, frente a 3.9 registrada en el mismo periodo de 2015.
El comportamiento de este delito contrasta con la reducción del homicidio doloso. Según el análisis, la tasa nacional de este último delito disminuyó 31.3 por ciento entre 2025 y 2026, mientras que la extorsión no ha registrado una tendencia descendente sostenida y permanece en niveles elevados.
México Evalúa advierte que esta diferencia demuestra que la disminución de los homicidios no necesariamente representa una mejoría generalizada de las condiciones de seguridad, debido a que los delitos relacionados con amenazas, intimidación y extracción de recursos económicos mantienen dinámicas propias.
Por regiones, el Centro Metropolitano registró la mayor cantidad de víctimas, con tres mil 326 casos, equivalentes a 38.9 por ciento del total nacional, y una tasa de 8.11 por cada 100 mil habitantes.
El Bajío-Occidente ocupó el segundo lugar, con dos mil 244 víctimas, que representaron 26.2 por ciento del total, y una tasa de 7.47. En esta región, la tasa prácticamente se mantuvo respecto a 2025, cuando fue de 7.53 por cada 100 mil habitantes.
En el Norte Industrial y Minero se contabilizaron mil 658 víctimas, equivalentes a 19.4 por ciento del registro nacional. Sin embargo, esta región presentó el mayor incremento anual, al pasar de una tasa de 4.63 en 2025 a 7.72 en 2026, lo que representa un aumento de 67 por ciento.
Por su parte, el Golfo y Sur-Sureste registró 925 víctimas, con una tasa de 3.04 por cada 100 mil habitantes, mientras que el Noroeste Exportador contabilizó 398 casos y una tasa de 3.46. En esta última región, el indicador aumentó 30 por ciento respecto al año anterior.
El estudio también identificó un desplazamiento territorial del delito hacia entidades que no fueron incluidas originalmente entre las prioridades de la Estrategia Nacional contra la Extorsión (ENCE), implementada por el Gobierno federal en 2025.
De acuerdo con los datos analizados, en las ocho entidades consideradas prioritarias por esa estrategia las víctimas disminuyeron 13 por ciento entre 2025 y 2026. En contraste, en el resto del país aumentaron 30 por ciento, lo que evidencia la necesidad de revisar periódicamente los territorios considerados de mayor riesgo.
Entre las nueve entidades con las tasas más elevadas de extorsión, seis no forman parte de la lista prioritaria federal: Morelos, Zacatecas, Colima, Querétaro, Baja California Sur y Tabasco. Esta distribución refleja que el fenómeno no se limita a las entidades inicialmente identificadas por las autoridades.
Otro de los hallazgos del documento corresponde a la concentración municipal. Durante 2026, un total de 729 municipios registraron al menos una víctima de extorsión; sin embargo, únicamente 42, menos de seis por ciento de los municipios afectados, concentraron la mitad de las víctimas contabilizadas en el territorio nacional.
El análisis señala que la incidencia no necesariamente se concentra en las principales ciudades de cada entidad, sino también en municipios periféricos y corredores industriales y comerciales. Entre los ejemplos identificados se encuentra el eje Irapuato-Salamanca-Celaya, en Guanajuato, así como la zona oriente de Morelos.
México Evalúa también advierte que la extorsión representa un problema económico debido a sus efectos sobre las actividades productivas, particularmente en el comercio, la manufactura, la logística y las pequeñas y medianas empresas.
El cobro de piso y otras modalidades de extracción recurrente de recursos generan costos adicionales para comerciantes, productores y transportistas, que pueden trasladarse al precio final de los bienes y servicios. Por ello, el organismo considera que combatir este delito también es una condición para proteger la competitividad y las inversiones, especialmente ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El informe distingue tres modalidades de extorsión: la episódica, que comprende amenazas e intimidaciones mediante llamadas, mensajes o contactos presenciales; la rentista, relacionada con cobros periódicos a comerciantes y productores, y la vinculada al control territorial, mediante la cual organizaciones criminales imponen condiciones sobre actividades económicas, movilidad y mercados.
A estas dificultades se suma el elevado subregistro. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estima que 97.5 por ciento de los delitos de extorsión no se denuncian o no llegan a conocimiento de las autoridades mediante una carpeta de investigación.
Esta situación limita la dimensión real del problema y dificulta las comparaciones entre entidades, debido a las diferencias en los mecanismos de registro de las fiscalías estatales. El organismo considera necesario mejorar la recopilación de información y establecer indicadores homogéneos para identificar los territorios con mayor incidencia.
Entre sus recomendaciones, México Evalúa plantea institucionalizar la Estrategia Nacional contra la Extorsión mediante la publicación de diagnósticos regionales, metas anuales, plazos de cumplimiento y revisiones periódicas de las entidades y municipios prioritarios.
También propone desarrollar mecanismos seguros de denuncia anónima en coordinación con cámaras empresariales y organizaciones civiles, con asesoría jurídica inmediata para las víctimas y vinculación con las líneas telefónicas 089 y los registros del SESNSP.
Otra medida consiste en fortalecer las policías municipales mediante recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2027, particularmente en los corredores comerciales e industriales con mayor incidencia, además de establecer acuerdos de colaboración entre municipios y estados.
Finalmente, el organismo recomienda orientar las investigaciones hacia el patrimonio y las estructuras financieras de las organizaciones dedicadas a la extorsión, mediante el seguimiento de operaciones económicas inusuales y la aplicación de mecanismos como la extinción de dominio.
México Evalúa concluye que la atención de este delito requiere una política de seguridad que no se limite a medir los homicidios, sino que considere las distintas formas de violencia que afectan a la población y las actividades económicas. Asimismo, plantea una mayor coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para atender las condiciones específicas de cada región.
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