Ciudad de México, 14/01/26 (Más).- A través de un acuerdo presentado como intercambio humanitario, el régimen de Nicolás Maduro logró evadir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y sacar del país millones de barriles de petróleo durante 2019 y 2020.
En el centro de este esquema operó la empresa mexicana Libre Abordo, la cual actuó como intermediaria comercial, consignataria de cargamentos y operadora logística. Aunque el convenio fue anunciado como un canje de crudo por maíz blanco y otros productos básicos, en la práctica sirvió para colocar petróleo venezolano en mercados internacionales, fuera del sistema financiero estadounidense, y así mantener a flote la principal fuente de ingresos del Estado venezolano.
De acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la operación fue estructurada dentro del aparato estatal de Venezuela, a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX). Oficios oficiales, facturas, contratos, certificados de carga y documentos de zarpe permiten reconstruir con detalle la ruta que siguieron los cargamentos y cómo se logró dar apariencia legal a una estrategia diseñada para eludir sanciones internacionales.
Los primeros pasos del esquema se registraron en noviembre de 2019, cuando la vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA solicitó el despacho de los buques Delta Harmony y Delta Kanaris, cargados con crudo Hamaca, bajo el argumento de dificultades de pago debido a las sanciones estadounidenses. En ese mismo momento, ya se había acordado la comercialización del petróleo con Libre Abordo, a la que se reconocía el cumplimiento de los requerimientos establecidos.
Antes de cualquier trámite formal, la operación fue coordinada internamente por PDVSA, como lo revela un correo de su Gerencia de Mercado Internacional, en el que se alude al cumplimiento de requisitos por parte de la empresa mexicana y se solicita gestionar la documentación correspondiente ante las autoridades aduaneras y marítimas.
El zarpe de los buques fue posteriormente autorizado por el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, consolidando así una operación respaldada por el aparato administrativo del Estado. La carga fue formalmente consignada a Libre Abordo con destino a Singapur, lo cual quedó asentado en los documentos técnicos de los buques.
Las facturas emitidas por PDVSA consignaron montos en decenas de millones de euros por el crudo exportado y establecieron instrucciones de pago hacia una entidad financiera en Rusia, fuera del alcance del sistema bancario estadounidense. Además, los documentos muestran cómo Libre Abordo financió de forma anticipada el arrendamiento de buques mediante pagos a navieras de Liberia, Malta y Grecia, consolidando su papel activo en toda la cadena logística.
Aunque el componente humanitario fue respaldado formalmente mediante un contrato entre CORPOVEX y Libre Abordo para la compra de 210 mil toneladas de maíz blanco, la magnitud de los cargamentos petroleros movilizados supera ampliamente el volumen de los productos entregados, lo que pone en duda la autenticidad del canje.
Libre Abordo S.A. de C.V., constituida en 2010, no tenía experiencia previa en el sector energético ni en comercio exterior. Hasta poco antes del acuerdo con Venezuela, su actividad principal era la reventa de productos de limpieza y equipo hospitalario. Su operador, Joaquín Leal Jiménez, fue incluido en junio de 2020 en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su papel como intermediario en la comercialización del petróleo venezolano.
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