Ciudad de México. 19/02/26 (Más).- En México ser policía en 2025 fue una profesión peligrosa. Durante el año pasado fueron asesinados al menos 348 elementos de corporaciones de seguridad, informó la organización Causa en Común.
El Informe Anual de Actividades 2025 de la organización indica que de esta cifra de muerte, el 64% de las víctimas pertenecían a policías municipales, el 30% a estatales y el 6% a fuerzas federales. Es decir, detrás de estas cifras hay una lectura aparte: los cuerpos locales, los más cercanos a la ciudadanía, son también los más vulnerables.
Las muertes no ocurren en el vacío. El informe describe un escenario de abandono institucional y precarización laboral que atraviesa a las corporaciones civiles. El desarrollo policial, advierte la organización, continúa siendo una de las tareas más desatendidas por el Estado mexicano, con presupuestos muy por debajo de los mínimos indispensables y agravados por la militarización de la seguridad pública, que absorbe recursos que deberían destinarse a fortalecer a las policías.
“Las acciones hasta ahora previstas por el CNSP no son suficientes para resolver el amplio catálogo de necesidades de desarrollo, debilidad presupuestal y contextos de precarización laboral que enfrentan, todos los días, los integrantes de las policías, fiscalías y penales”, señala el documento.
Esa precariedad se refleja también en las protestas. En 2025 se registraron al menos 58 movilizaciones de policías: 28 manifestaciones, 26 paros y cuatro emplazamientos a paro. La mayoría fueron encabezadas por policías municipales y estatales. Sus reclamos son reiterados: abusos laborales y exigencias de destitución de mandos, salarios bajos o no homologados, falta de prestaciones, carencia de equipamiento y descuentos salariales presuntamente injustificados.
“El desarrollo policial sigue siendo una de las tareas más desatendidas por el Estado mexicano. La ausencia de responsabilidad política, reflejo de una sociedad indiferente, ha llevado a que los presupuestos destinados al tema se encuentren muy lejos de los mínimos indispensables”, critica Causa en Común en su informe.
El dinero explica buena parte del problema. El Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, creado en 2023 para sustituir al FORTASEG, cuenta con mil millones de pesos, apenas una cuarta parte de lo que se asignaba al programa anterior. Para 2026, la suma de subsidios federales y el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana asciende a 71 mil 227 millones de pesos, menos de una tercera parte de los 236 mil millones destinados a las Fuerzas Armadas. La balanza, sostiene Causa en Común, se inclina con claridad hacia el modelo militar.
En el plano institucional, el documento revisa el papel del Consejo Nacional de Seguridad Pública, órgano encargado de definir políticas para el desarrollo policial, ministerial y penitenciario. Durante el sexenio anterior sesionó sólo seis veces y emitió 61 acuerdos, los registros más bajos en la historia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con resoluciones consideradas deficientes por no establecer acciones claras ni plazos de cumplimiento.
En la actual administración el Consejo se ha reunido en tres ocasiones entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 y ha aprobado acuerdos orientados al fortalecimiento institucional, incremento del estado de fuerza, desarrollo de capacidades de inteligencia y modernización tecnológica.
Sin embargo, el propio informe advierte que, aun con estos avances, las medidas resultan insuficientes frente a la magnitud de las carencias presupuestales y laborales que enfrentan policías, fiscalías y sistemas penitenciarios.
El diagnóstico es contundente: mientras la violencia no cede y los policías siguen cayendo, el país mantiene un modelo de seguridad que privilegia la militarización sobre el fortalecimiento de las corporaciones civiles. En ese contexto, las 348 muertes registradas en 2025 no son sólo una estadística, sino el reflejo de un sistema que, según Causa en Común, continúa sin ofrecer a sus propios agentes las condiciones mínimas para cumplir su labor con seguridad y dignidad.
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