Arrastran escándalos, dos integrantes de la próxima Legislatura

Carlos Robles Loustaunau y Óscar Cano Jiménez llegarán al Congreso de Coahuila pese a señalamientos previos en Sonora. Ven organizaciones ciudadanas concentración política

Saltillo, Coahuila, 17/06/26 (Más).- La próxima Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila contará entre sus integrantes con dos figuras políticas originarias de Sonora que arriban al Poder Legislativo estatal arrastrando antecedentes de controversias públicas relacionadas con presuntos fraudes electorales y financieros, en un contexto en el que diversos sectores ciudadanos cuestionan además la concentración de poder político que mantendrá el grupo gobernante en la entidad.

De acuerdo con información publicada por Proceso, se trata de Carlos Robles Loustaunau, actual dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado local plurinominal electo, así como de Óscar Alberto Cano Jiménez, dirigente del partido Nuevas Ideas en Coahuila, organización que logró posicionarse como la tercera fuerza política en su primera participación electoral en el estado.

Robles Loustaunau desarrolló buena parte de su trayectoria política en Sonora, donde formó parte del grupo encabezado por Manlio Fabio Beltrones. En 1985 ocupó la titularidad de la Procuraduría General de Justicia de aquella entidad y posteriormente asumió la presidencia municipal de Hermosillo. Sin embargo, su gestión al frente del ayuntamiento concluyó de manera anticipada tras verse involucrado en el escándalo electoral conocido como “Manitas”.

Según Proceso, ese episodio estuvo relacionado con acusaciones sobre el relleno de urnas mediante boletas previamente marcadas por simpatizantes priistas, quienes presuntamente trasladaron material electoral a domicilios particulares.

Tras la crisis política derivada de aquellos señalamientos, Robles Loustaunau dejó el cargo y posteriormente se incorporó a la estructura política del PRI en Coahuila, donde se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos del actual gobernador, Manolo Jiménez Salinas.

A lo largo de los años, el dirigente priista ha ocupado diversos cargos dentro de la administración estatal y partidista. Fue secretario del Ayuntamiento de Saltillo, dirigente estatal del PRI y ahora repetirá como legislador local por la vía de representación proporcional, consolidando su influencia dentro del grupo político gobernante.

Por su parte, Óscar Alberto Cano Jiménez también proviene de una familia vinculada a la política sonorense. Su padre formó parte de la administración encabezada por Manlio Fabio Beltrones y posteriormente ocupó responsabilidades federales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Cano Jiménez inició su carrera política en las filas del PRI de Sonora, donde desempeñó cargos juveniles y de representación popular.

Su nombre adquirió notoriedad pública a raíz de un caso documentado por Proceso relacionado con presuntas irregularidades en operaciones vinculadas a créditos de vivienda del Fovissste. Según la publicación, la empresa Soluciones Emprendedoras del Norte, fundada por Cano Jiménez y posteriormente transferida a otros socios, fue señalada en una investigación relacionada con un presunto fraude que habría afectado a decenas de personas en distintas entidades del país.

El político sonorense fungió como director general de dicha empresa desde su creación en 2007 y dejó esa responsabilidad cuando el caso comenzó a generar atención pública.

Aunque existió una denuncia formal presentada por Fovissste, el resultado de las investigaciones no ha sido dado a conocer públicamente. Tras alejarse de la actividad empresarial y de la política sonorense, Cano Jiménez apareció recientemente como dirigente estatal de Nuevas Ideas en Coahuila.

Más allá de los antecedentes de ambos personajes, Proceso señala que la integración del próximo Congreso local ha generado preocupación entre colectivos ciudadanos y organizaciones de víctimas, que consideran que la amplia mayoría obtenida por el PRI y sus aliados reducirá los contrapesos institucionales.

Diversos grupos señalan que en legislaturas anteriores ha existido escasa atención a temas como desapariciones forzadas, búsqueda de personas y violencia de género.

Diana Iris García, integrante de colectivos de familiares de personas desaparecidas, expresó a Proceso preocupación por lo que considera una creciente concentración de poder político en manos del gobernador Manolo Jiménez Salinas. A su juicio, el control simultáneo de diversas instituciones podría dificultar la supervisión de las decisiones públicas y limitar la atención a problemáticas sociales prioritarias.

La activista cuestionó además la asignación presupuestal aprobada en años recientes, particularmente por los recursos destinados a publicidad gubernamental frente a los montos asignados a organismos relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas. Consideró que las prioridades del gasto público reflejan una falta de atención a las demandas de las víctimas.

En el mismo sentido, representantes de colectivos de mujeres han manifestado inconformidad por el tratamiento legislativo otorgado a iniciativas relacionadas con la violencia vicaria. Señalan que diversas reformas impulsadas en el Congreso no han respondido plenamente a las demandas de las víctimas y mantienen vacíos legales que dificultan la protección efectiva de las mujeres afectadas.

Mientras tanto, partidos de oposición como Morena y el Partido del Trabajo han cuestionado el resultado electoral y el uso de programas sociales durante el proceso. También han acusado presuntas prácticas de presión política y utilización de estructuras gubernamentales para favorecer electoralmente al PRI, señalamientos que forman parte del debate postelectoral en Coahuila y que continúan alimentando la confrontación política rumbo al inicio de la próxima Legislatura.