Por Heriberto Medina / Más información
Nombrado presidente de la Canacintra en medio de una votación cuestionada, Eduardo Garza Martínez tiene en su currículum señalamientos de corrupción y antecedentes de prácticas consideradas irregulares por la Auditoría Superior de la Federación.
Garza Martínez se desempeñó como Coordinador de Vinculación de la Universidad Autónoma de Coahuila durante una década, y fue vinculado públicamente con el presunto desvío de recursos públicos de la máxima casa de estudios.
De hecho, cuando Garza Martínez se desempeñó como Coordinador de vinculación, la Universidad participó en un esquema de flujo de recursos parecido al que se utilizó en el fraude conocido como “la estafa maestra”.
Más información tiene en su poder el documento denominado Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, elaborado por el órgano superior de fiscalización federal, en el cual se presenta de manera detallada el mecanismo utilizado por la UAdeC para servir como puente entre empresas y dependencias federales y de esa manera evitar la realización de procesos de licitación.
Esas operaciones irregulares sobrepasan los 300 millones de pesos y fueron realizadas durante 2011 cuando Eduardo Garza ocupaba la coordinación de vinculación de la Universidad, instancia que desempeñó un papel protagónico en la realización de los contratos.
De hecho, en el mencionado informe de resultados se solicita el inicio de 5 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de Garza Martínez por 5 distintas actuaciones consideradas irregulares.
En total fueron 10 contratos y 3 convenios firmados por la Universidad y en los que subcontrató a 14 prestadores de servicio, 8 personas físicas y 6 personas morales.
El modus operandi de la transacción fue el siguiente: La Universidad y las entidades públicas federales firmaron contratos para prestación de servicios; la Universidad a su vez firmó contratos con empresas particulares para la prestación de esos servicios; la UAdeC aparentó prestar los servicios y recibió el pago correspondiente, las empresas que realmente realizaron los servicios recibieron los pagos de parte de la Universidad.
La Auditoría Superior de la Federación encontró también que la Universidad pagó a las empresas subcontratadas una cantidad inferior a la que recibió como pago por parte de las entidades públicas federales.
La Universidad recibió un total de 375.8 millones de pesos y pagó 351.9 millones, la diferencia fue de 24 millones de pesos, cuyo destino se desconoce.
La Universidad simuló que podía prestar los servicios contratados por las dependencias federales e incluso lo declaró en los contratos, por lo que la Auditoría Superior de la Federación acreditó que se condujo con falsedad.
Las dependencias federales que participaron en esa simulación y que también fueron señaladas por la ASF fueron: El IMSS, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, PEMEX, la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Federal de Electricidad.
Las empresas subcontratadas fueron: Strategysys Consulting, S.A. de C.V, Atino Solutions, S.A. de C.V, Factor T Consultoría Especializada en TI, S.A. de C.V., Instituto Ethos centro de Transformación del conocimiento SC, Expediente S.A. de C.V., Factor de Desarrollo Personal y Organizacional, S de R.L. de C.V.,
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.