Aquí es cuando decimos: esto ya se pudrió

Durante una fiesta popular en Oaxaca, hombres armados y encapuchados se colocaron frente al escenario durante la presentación de un grupo musical. Imágenes difundidas encendieron la alerta sobre el incidente y reavivaron el debate sobre la violencia y su normalización

Redacción Más

Durante el cierre de la Fiesta de los 500 años de San Miguel Arcángel, la tradicional noche de jaripeo y baile en la Unidad Deportiva de Villa Sola de Vega tuvo un giro inquietante: videos difundidos en redes muestran a varios hombres encapuchados y armados colocados en primera fila, a escasos metros del escenario mientras se presentaba el Grupo Laberinto, lo que prendió las alarmas entre asistentes y autoridades locales.

La información sobre la presencia de estos sujetos fue difundida por el portal Infobae, que recopiló las grabaciones virales y describió cómo, del lado izquierdo del escenario, se observaban tres hombres con lo que parecen chalecos antibalas y armas largas; en el costado derecho se aprecian al menos otros dos individuos con pasamontañas y gorras.

El Ayuntamiento incluso transmitió parte del evento en sus redes, en las que se alcanzan a ver en varias tomas a dos de los sujetos armados.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que ya inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y determinar si la conducta constituye algún delito, así como para identificar a las personas implicadas y su posible vínculo con organizaciones o fuerzas de seguridad.

En su comunicado la institución señaló: “Ante estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca implementa los protocolos de investigación para deslindar responsabilidades en caso que se trate de hechos constitutivos de algún delito”. Las autoridades señalaron además que, tras análisis de inteligencia criminal, confirmaron que el video corresponde al jaripeo y baile por el cierre de feria llevado a cabo el pasado 1 de octubre.

La difusión de las imágenes reavivó temores y preguntas entre la población: usuarios y medios locales cuestionaron si se trató de un grupo civil armado, de policías comunitarias, o –incluso– de individuos portando equipo de uso exclusivo del Ejército, dada la apariencia táctica de los chalecos y las armas en los videos.

Diversas notas locales advirtieron que, de confirmarse el uso de equipo militar, podría configurarse un ilícito federal, y exigieron que se aclare si hubo consentimiento o coordinación por parte de autoridades municipales para la presencia de esas personas en el evento.

El impacto social fue inmediato: asistentes que estaban cerca del escenario continuaron grabando la presentación, pero en redes se multiplicaron las voces que condenaron la normalización de la violencia en espacios públicos y exigieron explicaciones a las autoridades municipales y estatales.

Organizaciones civiles y usuarios señalaron el riesgo de que la exhibición de armas en festividades públicas –donde asistieron familias y menores– pueda derivar en intimidación, extorsión o una escalada de control territorial por parte de grupos armados.

Este episodio recupera además antecedentes dolorosos en la región: en febrero de 2023 se registró una balacera durante un jaripeo en el distrito de Huajuapan de León que dejó tres personas muertas, un recordatorio de que los encuentros festivos en algunos municipios de Oaxaca han sido vulnerables a episodios de violencia ligada al crimen organizado. Ese antecedente es invocado por analistas y pobladores como argumento para pedir mayor vigilancia, protocolos claros y prevención en eventos masivos.

Mientras la FGEO avanza en la investigación, las preguntas que quedan sobre la mesa son varias: quién autorizó o permitió el acceso de esas personas armadas a las inmediaciones del escenario, si hubo coordinación con autoridades locales, si se trata de un actuar de grupos delictivos o de alguna autodefensa o policía comunitaria, y qué medidas se tomarán para garantizar la seguridad en próximas ferias y festivales que congregan a la población de la Sierra Sur. La exigencia ciudadana es clara: transparencia en las pesquisas y sanciones si se confirma la comisión de delitos.

En tanto, el hecho vuelve a poner en evidencia la fragilidad de la seguridad en zonas donde la presencia del estado no siempre ha sido percibida como suficiente, y la tensión entre la tradición de las fiestas comunitarias y el riesgo de que se conviertan en escenarios de control o intimidación por parte de actores armados. La investigación en curso deberá arrojar luz sobre responsabilidades y, si procede, exponer a los responsables para restituir la confianza de la población y garantizar que las celebraciones públicas no se transformen en muestras de poder armado.