Aprueban reformas de transparencia

Por Zitamar Arellano Trueba

Saltillo, Coahuila 24/06/25 (Más). – El Congreso del Estado de Coahuila aprobó este martes por mayoría, un paquete de reformas a tres leyes que transforman radicalmente el sistema de acceso a la información y protección de datos personales en Coahuila, como consecuencia de la reforma constitucional recientemente avalada, mediante la cual se ordena la desaparición del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI).

Las modificaciones abarcan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, todas ellas armonizadas con la nueva disposición constitucional que transfiere las funciones del ICAI a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC).

Una vez que el decreto se publique en el Periódico Oficial del Estado, el ICAI quedará formalmente extinto, y su personal, patrimonio y atribuciones pasarán a la SEFIRC.

“Desaparece el nombre, desaparece el sistema, pero los asuntos en curso se respetan tal y como están”, aclaró en entrevista la diputada Guadalupe Oyervides Valdés, coordinadora de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que dictaminó el proyecto. “Los protocolos y los mecanismos se tienen que respetar… los tiempos se le trasladan a la Secretaría para que le den seguimiento”.

Uno de los principales avances que contempla el nuevo marco legal es la reducción en los plazos para responder solicitudes de acceso a la información, que pasarán de 30 a 10 días, con una prórroga posible de otros 10. “Antes eran hasta 90 días. Ahora se mejora el sistema, se acortan los tiempos y hay un presupuesto adicional para implementarlo”, detalló.

En contraste con otros estados que solo eliminaron sus órganos autónomos de transparencia sin crear mecanismos compensatorios, Oyervides destacó que en Coahuila sí se construyó un subsistema integral. “El derecho a la información es progresivo, es un derecho humano, y es lo que se está garantizando en Coahuila, cosa distinta en otros estados”, sostuvo.

Otro punto clave es que ahora sí habrá sanciones en caso de omisión. La diputada recordó que la SEFIRC está regulada por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que implicará consecuencias para los funcionarios que no respondan adecuadamente a las solicitudes ciudadanas. “Antes podías irte a una prórroga, a una subprórroga… y pasar años sin respuesta. Hoy el sujeto responsable es una secretaría normada por una ley federal”.

Las reformas también amplían el alcance de los sujetos obligados, incluyendo ahora de manera explícita a personas morales como organismos descentralizados, ONGs y asociaciones civiles que ejerzan recursos públicos. “Ya no solamente son personas físicas, también las personas morales. Y ahora son sujetos solidarios responsables”, aclaró la legisladora.

En cuanto a los mecanismos de impugnación, la SEFIRC se convertirá en la nueva instancia de inconformidad tanto para el Ejecutivo como para los municipios. Sin embargo, cada poder o entidad autónoma deberá contar con un órgano interno de control para atender las quejas. “El Congreso tendrá que nombrar el suyo. El Poder Judicial también. Los municipios ya los tienen”, precisó.

La aplicación efectiva del nuevo sistema dependerá de la expedición de un reglamento interno de la SEFIRC, el cual deberá definir aspectos operativos como los portales digitales, oficinas físicas y procedimientos. “Para que eso suceda, primero tiene que aprobarse esta reforma. Después, la Secretaría podrá publicar su reglamento y activar el sistema”, concluyó Oyervides.

El diputado de Morena, Alberto Hurtado Vera, quien votó en contra del proyecto, asumió esta posición luego de expresar su inconformidad ante el hecho de que los mecanismos de queja ante solicitudes mal respondidas o no respondidas, quedarán para su resolución en las mismas entidades públicas en lugar de que se hubiese nombrado a órganos ciudadanizados independientes.