Ciudad de México, 29/09/26 (Más).- El Senado de la República aprobó este martes la reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes pretendan ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La modificación todavía no entra en vigor, pues deberá continuar con el procedimiento establecido para las reformas a la Constitución, que incluye su aprobación por la mayoría de las legislaturas estatales.
El dictamen recibió 86 votos a favor y 42 en contra, con lo que alcanzó la mayoría calificada necesaria en el Senado.
La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ahora continuará su trámite antes de que sus disposiciones puedan adquirir vigencia.
La reforma fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea que quienes aspiren a encabezar los poderes ejecutivos federal y estatales deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir una nacionalidad distinta. El requisito también alcanzaría a quien busque ocupar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Para quienes actualmente tengan otra nacionalidad, el proyecto contempla la obligación de renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos, conforme a los procedimientos que posteriormente determine la legislación. Al no haber concluido todavía el proceso constitucional de la reforma, este requisito aún no se encuentra vigente.
El proyecto también contempla disposiciones relacionadas con el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro país, el ejercicio de derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera y el acogimiento a la protección diplomática de otro Estado.
Durante la votación, legisladores que cuentan con doble nacionalidad, entre ellos Cecilia Guadiana, Virgilio Mendoza y Karina Ruiz, solicitaron licencia para permitir que sus suplentes ocuparan sus lugares durante la discusión y votación del dictamen.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, sostuvo durante la presentación del dictamen que la propuesta se encuentra dirigida específicamente a quienes pretendan desempeñar determinados cargos y que no busca cuestionar la identidad o el compromiso con México de las personas que poseen otra nacionalidad.
El senador Saúl Monreal Ávila argumentó que la modificación busca establecer un requisito de elegibilidad para cargos que tienen atribuciones relacionadas con la conducción política, la seguridad nacional y las relaciones internacionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum había defendido previamente la iniciativa bajo el argumento de cerrar posibles vías de injerencia extranjera en asuntos relacionados con la soberanía nacional; bajo esa postura, planteó que quienes encabecen los principales poderes ejecutivos del país mantengan únicamente la nacionalidad mexicana.
Antes de llegar al Senado, la propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados el 22 de septiembre de 2026, con 344 votos a favor, 115 en contra y una abstención, tras lo cual fue enviada a la Cámara alta para continuar con el procedimiento legislativo.
Durante la discusión también se presentaron argumentos en contra: legisladores de oposición señalaron que la reforma podría limitar los derechos políticos de ciudadanos mexicanos que poseen otra nacionalidad y cuestionaron que esta condición pueda utilizarse para restringir el acceso a determinados cargos públicos.
Entre los planteamientos contrarios a la reforma se sostuvo además que poseer dos nacionalidades no representa por sí mismo una falta de compromiso con México. También se cuestionaron las posibles consecuencias para ciudadanos mexicanos que viven en el extranjero y que cuentan con otra nacionalidad.
El proyecto establece además un plazo de 90 días naturales para realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral después de que el decreto entre en vigor. En esas normas deberán desarrollarse los procedimientos y requisitos específicos derivados de las modificaciones constitucionales.
La aprobación del Senado, por tanto, no significa que las nuevas restricciones ya sean aplicables. Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá obtener ahora el respaldo de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México; posteriormente deberá realizarse la declaratoria constitucional correspondiente y publicarse el decreto para que pueda entrar en vigor.
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