Ciudad de México, 21/10/26 (Más).- El Senado de la República aprobó la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que permitirá a la Secretaría de Hacienda determinar los sectores económicos donde será obligatorio realizar cobros mediante medios electrónicos.
La reforma, avalada el 20 de octubre con 73 votos a favor y 34 en contra, no contempla la eliminación inmediata del dinero en efectivo, aunque establece las bases para restringir su utilización en determinadas actividades comerciales.
La minuta fue enviada al Ejecutivo federal después de una votación en la que legisladores de oposición y el senador morenista Ricardo Sheffield rechazaron la propuesta. Uno de los principales puntos de controversia fue la facultad que tendrá Hacienda para decidir qué sectores deberán adoptar exclusivamente mecanismos de pago digitales.
La legislación establece que, una vez que entre en vigor el decreto, la Secretaría de Hacienda dispondrá de 15 días hábiles para identificar los sectores estratégicos sujetos a esta disposición. Posteriormente, las autoridades tendrán otros 15 días hábiles para emitir las reglas de transición correspondientes, que podrían comprender actividades como la venta de combustibles en gasolineras y el cobro de peajes en carreteras.
La nueva normativa contempla el uso de tarjetas bancarias, transferencias electrónicas y códigos QR como mecanismos de pago, vinculados con herramientas de identificación y registro como la CURP Digital, el Expediente Digital Ciudadano y los registros mercantiles. Con ello, la reforma busca ampliar la utilización de medios electrónicos en las operaciones comerciales.
Durante la discusión legislativa, Ricardo Sheffield cuestionó que se otorguen estas atribuciones a un funcionario designado de la Secretaría de Hacienda, decisión que calificó como un gravísimo error. A sus señalamientos se sumaron los senadores José Máximo García, Néstor Camarillo, Carolina Viggiano y Claudia Anaya, quienes advirtieron sobre las dificultades que enfrentan las comunidades rurales por la falta de conectividad, además de posibles contradicciones con la Ley Monetaria.
En defensa de la iniciativa, los senadores Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Emmanuel Reyes argumentaron que la reforma contribuirá a fortalecer la inclusión financiera, particularmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas.
Reyes destacó la importancia de herramientas como CoDi, Dimo y el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que durante 2025 registró más de 7 mil 300 millones de transferencias.
La legislación también incorpora excepciones para evitar que las fallas tecnológicas o las deficiencias de conectividad interrumpan las actividades económicas. En estos casos, los establecimientos podrán recibir temporalmente pagos en efectivo o mediante cheques bancarios, aun cuando pertenezcan a sectores sujetos a la obligatoriedad de los cobros electrónicos.
La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y recibió previamente la aprobación de la Cámara de Diputados el 6 de octubre, con 330 votos a favor y 122 en contra. Con el aval del Senado, la propuesta avanzó al Ejecutivo federal para continuar el procedimiento correspondiente.
La reforma se desarrolla en un contexto de expansión internacional de las operaciones digitales. Según datos de la International Data Center Authority, la economía digital representa actualmente el 17.3 por ciento del producto interno bruto mundial, con un valor superior a los 20 billones de dólares. El mismo organismo señala que los centros de datos consumen aproximadamente el 1.9 por ciento de la electricidad utilizada en el mundo para sostener las operaciones tecnológicas.
Sin embargo, la transición hacia los pagos electrónicos también plantea desafíos relacionados con el acceso desigual a la tecnología. La investigadora Olga Stolik, en un análisis publicado en la revista Política Internacional, advierte que la brecha tecnológica puede profundizar las desigualdades en los países emergentes, particularmente entre las poblaciones que carecen de infraestructura y servicios digitales suficientes.
De esta manera, aunque la nueva ley no representa la desaparición inmediata de billetes y monedas, su aplicación permitirá establecer sectores donde predominen los pagos electrónicos. El alcance de estas obligaciones dependerá de las disposiciones que emita la Secretaría de Hacienda, así como de las reglas previstas para atender problemas técnicos y de conectividad.
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