Ciudad de México, 04/12/25 (Más).- Durante una sesión cargada de tensiones, gritos e intercambios entre legisladores de distintas bancadas, con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
El dictamen aprobado elimina la posibilidad de transferir concesiones de agua entre particulares, introduciendo un nuevo esquema en el que toda reasignación de volúmenes deberá ser autorizada por la autoridad del agua mediante procedimientos expeditos.
De acuerdo con información de Animal Político, el dictamen también modifica el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales para establecer que los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. Esta decisión ha provocado un fuerte debate legislativo y una reacción inmediata de rechazo por parte de grupos campesinos y transportistas, quienes acusan una traición del partido Morena por impulsar su aprobación sin respetar acuerdos previos.
Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Elizabeth Cervantes, defendió la reforma como un avance histórico en la protección del recurso hídrico. Aseguró que la ley fue construida con participación social y subrayó que el agua no puede seguir siendo privilegio ni tratarse como una mercancía.
Cervantes explicó que el nuevo marco busca detener abusos y brindar certeza jurídica, destacando que incluye un registro público, restricciones para concesiones de residuos mineros e incentivos a la eficiencia en el uso del agua.
Sin embargo, desde la oposición surgieron fuertes críticas. El diputado Hugo Luna, de Movimiento Ciudadano, afirmó que Morena rompió la ruta del diálogo y advirtió que las nuevas reglas de reasignación generan incertidumbre sobre el futuro de pozos y concesiones previamente transmisibles.
En la misma línea, el panista Paulo Martínez acusó a Morena de pretender controlar el recurso y aseguró que la autoridad hídrica no cuenta con la capacidad operativa para asumir el control de la reasignación de volúmenes. “Esta ley deja en total incertidumbre al campo; no garantiza transmisiones, disfraza prórrogas, impide la reposición de pozos y criminaliza a los productores”, expresó.
El debate se tornó aún más confrontativo cuando el legislador morenista Gabriel García Hernández mostró en tribuna carteles con cifras de concesiones atribuidas a figuras del PRI y PAN, denunciando el acaparamiento del recurso. “Están gritando porque se está consumando un paso más de la extinción de sus privilegios”, expresó. En respuesta, la panista Annia Sarahí Gómez señaló que también existen concesiones voluminosas en manos de actores políticos de Morena, como la exministra Olga Sánchez Cordero.
A su vez, la diputada morenista María del Carmen Bautista contraatacó acusando a exgobernadores del PAN de haber monopolizado el agua, mencionando casos específicos en Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco. Sostuvo que mientras esos políticos acumulaban concesiones, millones de familias carecían de acceso al recurso.
La reacción fuera del recinto legislativo también fue inmediata. Baltazar Valdés, dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa, calificó como inaceptable la forma en que se aprobó la ley, señalando que se rompió un acuerdo previamente alcanzado con el gobierno federal.
Por su parte, Eraclio Rodríguez, vocero del Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano, anunció bloqueos carreteros, cierres de puentes internacionales y una posible escasez de alimentos y combustibles como forma de protesta ante lo que consideran un incumplimiento del gobierno. Ambos líderes hicieron un llamado a la ciudadanía a respaldar sus movilizaciones, al considerar que la aprobación de esta ley representa una vulneración a los derechos de los productores agrícolas y una amenaza directa al campo mexicano.
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