Enero 19, Ciudad de México. El crimen organizado en México ha encontrado en la legislación que protege a adolescentes una vía para reclutarlos en actividades ilícitas y reducir las consecuencias penales de sus operaciones, al aprovechar lagunas legales del sistema de justicia juvenil. De acuerdo con un análisis publicado por Infobae México, entre 2020 y 2025 la Fiscalía General del Estado de Puebla reportó la detención de 245 menores de edad por posesión de drogas, principalmente marihuana, cocaína y metanfetamina, en su mayoría adolescentes de entre 14 y 17 años; sin embargo, solo 14 casos, equivalentes a 5.7 por ciento, derivaron en una vinculación a proceso.
La baja proporción de procesos judiciales responde, según especialistas, a los beneficios jurídicos del derecho penal juvenil, que prioriza la reinserción social sobre el castigo. Este enfoque, diseñado para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, es utilizado por organizaciones criminales para emplearlos como distribuidores o participantes en delitos de bajo impacto, con la expectativa de que enfrenten consecuencias legales mínimas.
Datos oficiales citados en el reporte indican que muchos adolescentes detenidos no enfrentaron procesos penales por falta de elementos suficientes o por la aplicación de medidas alternativas previstas en la ley. Éder Vásquez Espinosa, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, explicó que en el sistema penal juvenil la cárcel es la última consecuencia posible, por lo que se aplican criterios de oportunidad y otras salidas jurídicas enfocadas en la reinserción.
El desglose anual de detenciones muestra que 2022 fue el año con mayor número de casos, con 78 adolescentes detenidos, seguido de 2020 con 50, 2021 con 40, 2023 con 36, 2024 con 26 y 2025 con 17. En algunos casos, las cantidades de droga aseguradas oscilaron desde poco más de un gramo hasta casi un kilogramo. La mayoría de los adolescentes detenidos fueron hombres, aunque también se registraron mujeres.
Entre los casos documentados destaca el de una joven de 17 años detenida en 2025 en la capital poblana con 54 gramos de marihuana, quien no fue vinculada a proceso, lo que ejemplifica cómo la protección legal puede derivar en la ausencia de consecuencias judiciales para adolescentes involucrados en delitos relacionados con drogas.
El análisis también señala que factores sociales como la desintegración familiar, la falta de figuras parentales, la ausencia de programas de prevención y la normalización del consumo de sustancias desde edades tempranas incrementan la vulnerabilidad de adolescentes frente al reclutamiento criminal.
Especialistas advierten que los grupos del crimen organizado consideran a los adolescentes como piezas estratégicas debido a los beneficios legales que los protegen y a su condición de víctimas del entorno social. Para enfrentar este fenómeno, se plantea la necesidad de fortalecer la cooperación entre familias, sociedad y autoridades, así como de crear normas más robustas que dificulten el uso de menores por parte de organizaciones criminales.
La información fue publicada originalmente por Infobae México.
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