Ciudad de México, 24/07/25 (Más).- La estrategia fiscal del Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ha puesto el foco en el cobro de adeudos fiscales acumulados, particularmente los correspondientes a grandes empresas.
A marzo de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó un total de 2.93 billones de pesos en créditos fiscales, de los cuales 65%, es decir, 1.92 billones de pesos, se encontraban en disputa ante instancias judiciales. El resto de los adeudos fueron aceptados por los contribuyentes, aunque no necesariamente han sido cubiertos.
Entre los casos con mayor visibilidad se encuentra el del empresario Ricardo Salinas Pliego, cuyas empresas enfrentan un proceso por presunto adeudo de más de 74,000 millones de pesos en impuestos. Sin embargo, este no es un hecho aislado. Más de 195,000 créditos fiscales se mantienen en litigio, lo que impide su cobro inmediato por parte del Servicio de Administración Tributaria.
En el desglose del informe trimestral de Hacienda se señala que al menos un billón de pesos corresponde a créditos fiscales no controvertidos. De ese monto, la autoridad fiscal considera viable recuperar unos 621,000 millones de pesos. El resto, equivalente a 385,000 millones, ha sido clasificado como de poca probabilidad de cobro debido a que provienen de deudores insolventes o no localizables.
En un contexto económico complejo, con tensiones comerciales entre México y Estados Unidos y un déficit fiscal elevado, el Gobierno ha optado por no incrementar impuestos ni crear nuevos gravámenes. En lugar de ello, ha apostado por una mayor fiscalización, digitalización en el cobro de impuestos y un plan de austeridad como herramientas para equilibrar los ingresos y egresos públicos. La estrategia sigue la línea del sexenio anterior encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Durante el primer trimestre del año, los créditos fiscales provenientes de grandes contribuyentes ascendieron a 1.1 billones de pesos. Estos grandes contribuyentes son definidos como personas o empresas con ingresos anuales superiores a 1,250 millones de pesos. Entre enero y marzo, el SAT logró recuperar 12,768 millones de pesos en créditos fiscales.
El informe detalla que los sectores con mayores adeudos fiscales son la industria manufacturera, con 434,307 millones de pesos; los servicios profesionales, científicos y técnicos, con 400,616 millones de pesos; y el comercio al por mayor, con 301,420 millones de pesos. Otros sectores como servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y servicios de remediación también acumulan créditos fiscales por más de 285,800 millones de pesos.
Las cifras muestran un incremento sostenido en los adeudos fiscales. En el primer trimestre de 2023, el monto era de 1.8 billones de pesos, lo que representa un aumento del 58% en comparación con el saldo registrado a marzo de 2025. La evolución de estos datos ha obligado al Gobierno a mantener la presión sobre los grandes deudores como parte de una política de contención fiscal.
Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, consideró que estas acciones responden a la necesidad de evitar una reforma fiscal en el corto plazo. “México está en la continuación de un cambio de política, en donde cada vez va a ser mucho más difícil que haya perdones fiscales a empresas”, afirmó. Añadió que el Ejecutivo requiere recursos tras el aumento del déficit fiscal en 2024, que alcanzó el 5.7% del PIB, el nivel más alto en tres décadas.
El especialista advirtió que sin una recuperación de esos ingresos, el Gobierno podría enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras y la provisión de servicios públicos. “Va a seguir la presión sobre los deudores fiscales, sobre todo los más grandes, incluso probablemente los más mediáticos, con el objetivo de que esto permee en el resto de los deudores”, dijo.
Por su parte, Enrique Díaz-Infante, director de Sistema Financiero del mismo centro de estudios, explicó que los contribuyentes pueden impugnar los créditos fiscales a través de recursos administrativos o juicios contencioso-administrativos. También señaló que es posible recurrir al amparo si se considera que la resolución administrativa del SAT viola derechos humanos.
Díaz-Infante sostuvo que, de acuerdo con datos de la OCDE, la recaudación en México representa el 24.5% del PIB, lo que coloca al país casi 11 puntos por debajo del promedio del organismo internacional. Añadió que los grandes contribuyentes ya tributan a niveles similares a los de otras naciones de la OCDE.
“Si se les carga más la mano a las grandes empresas, estas dejarían de invertir en México”, advirtió. En su opinión, impuestos como el predial, la tenencia o el impuesto sobre nómina serían más viables para incrementar los ingresos públicos, aunque su aplicación enfrenta obstáculos administrativos y de capacidad técnica. El Gobierno ha reiterado que su enfoque fiscal no pasa por una reforma estructural inmediata, sino por mejorar los mecanismos existentes para cobrar lo que ya está establecido en ley. La política de recaudación, especialmente sobre grandes contribuyentes, se perfila como una de las principales herramientas para enfrentar el panorama económico actual.
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