Ciudad de México, 12/08/25 (Más).- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que apelará la sentencia que absolvió a Israel Vallarta y le permitió obtener su libertad el 1 de agosto, después de casi 20 años en prisión sin que un juez dictara condena en su contra.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó que el recurso busca que Vallarta enfrente los casos pendientes por secuestro que, de acuerdo con la FGR, siguen vigentes.
Gertz Manero explicó que en el caso hay seis personas que fueron víctimas de secuestro, por lo que la institución considera que existe una obligación moral, ética y jurídica de defender sus derechos. Subrayó que estos hechos ocurrieron antes de la diligencia que calificó como “evidentemente ilegal y abusiva” y que derivó en la liberación de Vallarta.
“El delito de secuestro, después del de homicidio, es el más grave que puede sufrir cualquier persona. En este caso en particular hay seis personas que sufrieron secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño”, declaró Gertz Manero durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La jueza Mariana Vieyra Valdez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, dictó la absolución de Vallarta al determinar que no se acreditó su responsabilidad en los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.
Vallarta fue detenido en 2005 junto a la ciudadana francesa Florence Cassez mientras viajaban en un vehículo. La aprehensión derivó en un montaje televisivo transmitido en vivo por Televisa, en el que se les acusó de liderar una banda de secuestradores. El hecho tuvo amplia cobertura mediática y generó impacto político.
En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la investigación en el caso Cassez fue dañada por irregularidades y que los inculpados fueron sometidos a tortura para obtener declaraciones. Esa resolución permitió la liberación de la ciudadana francesa, quien regresó a su país.
Vallarta, en cambio, permaneció encarcelado casi dos décadas sin recibir sentencia y sin que la Fiscalía probara su culpabilidad. Durante ese tiempo, su defensa denunció violaciones al debido proceso y actos de tortura.
El anuncio de la apelación ocurre a menos de dos semanas de que Vallarta saliera del penal del Altiplano. La FGR sostiene que, pese a la absolución emitida por la jueza, subsisten elementos para continuar los procesos relacionados con los secuestros denunciados.
La defensa de Vallarta no ha emitido hasta el momento una postura sobre el recurso anunciado por la Fiscalía. Organismos defensores de derechos humanos han señalado previamente que el caso es un ejemplo de irregularidades judiciales y abuso de la prisión preventiva.
Con la apelación, la FGR buscará que un tribunal revise la decisión judicial y determine si Vallarta debe enfrentar nuevos juicios por los hechos denunciados en 2005. Mientras tanto, el caso vuelve a situarse en el centro del debate público sobre el sistema de justicia penal en México.
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