Ciudad de México, 12/11/26 (Más).- Desde 2021, dos años antes de que Guadalupe Taddei asumiera la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), testigos sociales que participaron como observadores en procesos de contratación pública ya habían advertido irregularidades en licitaciones para adquirir materiales electorales, en las que participaron empresas relacionadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
De acuerdo con información publicada Animal Político, documentos oficiales revelan que uno de los observadores ciudadanos señaló deficiencias en la planeación y en las investigaciones de mercado de dos concursos del INE, mediante los cuales la empresa Grummec Grupo Manufacturero de Materiales Electorales y Comerciales obtuvo un contrato por 3.9 millones de pesos para suministrar productos destinados a las elecciones federales de 2021.
Las advertencias fueron documentadas por Alejandro Frank Díaz, testigo social que elaboró informes sobre las licitaciones LP-INE-067/2020 y LP-INE-072/2020. En ambos procedimientos identificó que el organismo electoral utilizó una misma investigación de mercado, en lugar de realizar estudios independientes para cada contratación.
Según el observador, esta práctica pudo limitar la participación de proveedores, debido a que las adquisiciones correspondían a procesos distintos y requerían evaluaciones específicas. En su informe de propuestas de mejora sostuvo que separar las investigaciones habría permitido ampliar el número de empresas interesadas en participar.
En ambos concursos participaron Corporativo ZEG y Grummec, compañías vinculadas a la red empresarial de Hernández Casillas. Esta última obtuvo, mediante la licitación LP-INE-067/2020, un contrato por 3.9 millones de pesos para suministrar cintas de seguridad, etiquetas en braille, identificadores para urnas, etiquetas para separadores de canceles electorales y mamparas, así como forros para urnas.
Aunque Frank Díaz concluyó que los procedimientos se realizaron conforme a la legislación aplicable, señaló deficiencias que, desde su perspectiva, debían corregirse para mejorar la competencia y transparencia en las adquisiciones del instituto.
También expresó dudas sobre los documentos presentados por Grummec para acreditar la calidad de sus productos, debido a que las certificaciones entregadas no establecían expresamente el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas requeridas en la convocatoria.
El testigo social indicó que los documentos contenían certificaciones emitidas por empresas nacionales y extranjeras, pero que no especificaban de manera directa la observancia de las normas solicitadas. Sin embargo, el informe no detalló cuáles eran los materiales o disposiciones técnicas que originaron las observaciones.
Frank Díaz reconoció que no recibió información adicional del INE para aclarar las dudas técnicas sobre las certificaciones, por lo que dejó asentado que la evaluación de esos documentos correspondía al área técnica responsable de la adquisición.
Las observaciones no se limitaron a las contrataciones federales. En 2023, durante un procedimiento organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para adquirir materiales destinados a las elecciones de diputaciones y ayuntamientos de 2024, otro testigo social documentó posibles deficiencias en la capacidad productiva de empresas relacionadas con Hernández Casillas.
El observador fue Elio Agustín Martínez Miranda, quien acompañó la licitación IIEM/LPN/14/2023, en la que participaron Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Cajas Graf y Grummec, todas identificadas como compañías vinculadas con el grupo empresarial investigado.
Inicialmente, el IEEM consideró las propuestas de Cajas Graf y Formas Finas y Materiales para la posible adjudicación del contrato. Sin embargo, durante las visitas de verificación a sus instalaciones, funcionarios del organismo detectaron que no fue posible comprobar que ambas compañías contaran con toda la infraestructura y maquinaria necesaria para fabricar los productos solicitados.
En el caso de Formas Finas y Materiales, los funcionarios encontraron que la empresa únicamente tenía tres de las seis máquinas suajadoras que había declarado en su propuesta técnica. Estos equipos son utilizados para cortar, marcar, doblar y perforar materiales con precisión.
También identificaron que algunas áreas de producción no estaban completamente instaladas, entre ellas las destinadas al armado de las patas de los canceles electorales. Además, no encontraron habilitadas las áreas de desechos y no pudieron verificar los procesos de fabricación artesanal debido a que no había actividades de producción relacionadas con los materiales solicitados.
Una situación similar se registró en Cajas Graf, donde únicamente estaban disponibles tres de las cuatro máquinas impresoras reportadas por la compañía en su documentación. Los inspectores también observaron que las áreas de transformación de metal, acabados finales y almacenamiento de productos terminados no estaban habilitadas.
El informe del testigo social agregó que tampoco fue posible identificar claramente la señalización de las áreas de trabajo ni comprobar los procedimientos de fabricación artesanal que las empresas aseguraban poder realizar para cumplir con el contrato.
Ante las inconsistencias detectadas durante las inspecciones, el Instituto Electoral del Estado de México determinó declarar desierta la licitación IIEM/LPN/14/2023, por lo que ninguna de las compañías obtuvo la adjudicación del procedimiento.
Los antecedentes documentados muestran que las advertencias sobre la planeación de licitaciones, la competencia entre proveedores y la capacidad técnica de las empresas relacionadas con Hernández Casillas se presentaron desde antes de que Guadalupe Taddei llegara a la presidencia del INE en abril de 2023.
El caso adquirió mayor relevancia luego de que autoridades federales señalaran que compañías vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas obtuvieron contratos por más de dos mil millones de pesos con el INE y 23 organismos electorales locales, mediante presuntas prácticas de simulación de competencia y sobreprecios.
Además, las observaciones sobre las investigaciones de mercado cobraron importancia después de que el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, señalara el 30 de octubre que estos estudios posiblemente eran manipulados para favorecer a un grupo reducido de proveedores.
Como medida preventiva, el Consejo General del INE acordó incorporar la participación de testigos sociales en los procedimientos de contratación relacionados con la organización de las elecciones de 2027. Estos observadores deberán acompañar los procesos con criterios de objetividad e imparcialidad para identificar posibles irregularidades y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos.
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