Astillero
Por Julio Hernández López
Es altamente probable que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero tenga una demostrable cuota de responsabilidad por los hechos que significaron la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Pero mal se haría si se pretendiese usar la figura del ex priísta y ex perredista solamente para contar con un villano susceptible de magnificación de temporada, a pocas semanas de que se cumplan 12 años de la tragedia.
Aguirre Rivero llegó al gobierno de Guerrero a nombre de la izquierda electoral dominante en aquel momento, el Partido de la Revolución Democrática (PRD, con los Chuchos y Marcelo Ebrard como principales impulsores), luego de décadas de muy convencional militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De marzo de 1996 a marzo de 1999 había sido gobernador priísta sustituto, cuando relevó ni más ni menos que al nefasto Rubén Figueroa Alcocer, quien sólo duró en el cargo tres años, pues hubo de renunciar luego de la masacre de Aguas Blancas; este Figueroa, hijo del todavía peor ex gobernador Figueroa Figueroa, tuvo como predecesor a José Francisco Ruiz Massieu, quien cumplió con su sexenio, fue breve director del Infonavit y terminó asesinado a balazos en la Ciudad de México en el 1994 de tanta violencia política al final de la administración de Carlos Salinas de Gortari.
Nada excepcional el cambio de camiseta de Aguirre Rivero, casi la regla: priístas un día antes repudiados o retóricamente combatidos, que “renacen” en horas al ser alcanzados por las aguas bautismales de la izquierda electoral. Lo mismo antes que ahora.
Lo extraño fue que durante casi 12 años hubiese navegado entre la impunidad judicial y la búsqueda de rehabilitación política (trató de subirse al carro electoral claudista de 2024, sin haber sido aceptado; incluso durante una gira por Guerrero envió un “regalo” a Sheinbaum, ya Presidenta, quien no lo aceptó). Igualmente extraño resultó que de pronto un “reanálisis” de la Fiscalía General de la República encontrara lo que no había encontrado nadie durante casi 12 años, o tuviera los testigos nunca antes obtenidos.
En un sistema político como el mexicano resultan inadmisibles las coartadas del gobernador Aguirre al negar que hubiera ordenado desaparecer material videográfico muy importante. Pero, sobre todo, Aguirre tiene corresponsabilidad por estas acciones, si son probadas, y por omisión, tanto en hacer lo que le fuera posible para proteger a jóvenes en grave peligro, como en aportar información oportuna y puntual que como jefe político y administrativo de la entidad debió obtener y aportar a las autoridades federales.
Sin embargo, el tema era tan candente que hubo elusión de responsabilidad y coartadas poco sostenibles. Omar García Harfuch, quien era jefe policiaco federal estatal, ha afirmado que el día de los hechos no tenía mando en Guerrero porque había pasado a ejercerlo en Michoacán y que no participó en la construcción de la “verdad histórica”. Otro ejemplo reciente, en otro caso: Rubén Rocha Moya, quien se inventó un repentino viaje aéreo familiar a Estados Unidos durante las horas en que era secuestrado Ismael Zambada, El Mayo, y era asesinado Héctor Melesio Cuen.
A la hora de cerrar la presente columna no había resolución respecto a la sujeción a proceso de Aguirre Rivero. Es de esperarse que, de darse, el proceso aporte pruebas e información rotundas sobre lo sucedido en el caso de los 43. Pero, desde luego, la cadena de mando y la responsabilidad judicial e histórica no queda ahí, en este nivel medio, sino debe alcanzar las alturas: Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Salvador Cienfuegos Zepeda.
Y, mientras este jueves las comunidades del Aquí No, de la sinaloense Bahía de Ohuira, dan a conocer a un comisionado presidencial (y el viernes en un pronunciamiento público) su respuesta al plan del gobierno federal y la empresa de capital suizo-alemán de apoyos y mejoras diversas a cambio de que permitan la instalación de una planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira, ¡hasta mañana!
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