Ginebra, 15/04/25 (Más).- El caso del mexicano Anastasio Hernández Rojas, fallecido en 2010 tras ser agredido por oficiales de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, será examinado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como parte del Examen Periódico Universal al que están sujetos todos los Estados miembros para evaluar el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en Berkeley, en conjunto con la organización Alliance San Diego (ASD), presentó un informe ante la ONU con el objetivo de evidenciar lo que calificaron como fallas estructurales en el sistema estadounidense para garantizar los derechos humanos, particularmente en el contexto de la actuación de sus agentes migratorios.
Anastasio Hernández Rojas, trabajador de la construcción y residente por más de dos décadas en Estados Unidos, murió el 28 de mayo de 2010. La causa de muerte fue clasificada como homicidio por el médico forense, luego de que fuera golpeado en múltiples ocasiones y sometido a varias descargas eléctricas por más de una docena de agentes de la Patrulla Fronteriza.
De acuerdo con testimonios y grabaciones en video realizadas por personas presentes en el lugar, Hernández Rojas estaba esposado, reducido contra el suelo, con varios oficiales arrodillados sobre su cuello y espalda, mientras pedía auxilio.
El informe presentado sostiene que este caso es el primero en cuestionar el estándar estadounidense del uso de la fuerza bajo el criterio de “objetivamente razonable”, al que se acogen las autoridades del país norteamericano para justificar la actuación de sus agentes. Según los abogados que representan a la familia del inmigrante, debido a este estándar letal y deficiente, los agentes fronterizos estadounidenses lograron salirse con la suya al golpear, patear, electrocutar y torturar brutalmente a Anastasio Hernández Rojas.
El documento remarca que hasta la fecha ningún agente involucrado en el incidente, ni sus superiores, ha sido sancionado o ha enfrentado consecuencias legales por los hechos ocurridos.
La presentación del caso ante la ONU se produce en un contexto en el que el Gobierno de Estados Unidos ha ampliado las facultades de agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que actualmente representa el cuerpo de aplicación de la ley más grande del país. “Es más importante que nunca dar testimonio del daño que se está causando y exigir responsabilidades”, manifestaron los abogados en el comunicado conjunto difundido el lunes.
Los representantes legales también subrayaron que la muerte del mexicano evidencia una falta de protección efectiva de los derechos humanos dentro del sistema judicial y migratorio estadounidense. Añadieron que el caso ilustra la necesidad urgente de supervisión y rendición de cuentas en las agencias de seguridad fronteriza.
Paralelamente, el caso de Hernández Rojas está siendo evaluado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aunque este organismo no tiene capacidad para sancionar al gobierno estadounidense, sí puede emitir una resolución favorable a la familia del migrante y proponer una serie de recomendaciones dirigidas a prevenir futuros actos de abuso por parte de las fuerzas de seguridad en la frontera.
La ONU emitirá un informe general en noviembre próximo, como parte de su revisión a Estados Unidos en el marco del Examen Periódico Universal. Para esa fecha, la CIDH también podría haber dado a conocer su fallo sobre el caso.
Los organismos involucrados en la defensa del caso señalaron que las pruebas entregadas a la ONU pretenden no solo resarcir a la familia del migrante, sino también contribuir a establecer estándares internacionales más exigentes para el uso de la fuerza por parte de agentes migratorios y garantizar la no repetición de estos hechos.
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