Una joven de 21 años está desaparecida desde el 12 de julio de 2025; las autoridades sin definido o qué ocurrió. La familia denuncia una reacción tardía, falta de coordinación y resistencia a investigar
Ciudad de México, 20/07/26 (Más).- La desaparición de Ana Amelí García Gámez, ocurrida el 12 de julio de 2025 durante una excursión al parque nacional Cumbres del Ajusco, mantiene a su familia atrapada entre la incertidumbre y una prolongada lucha contra la falta de resultados oficiales.
A más de un año de que la joven fue vista por última vez, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha establecido una hipótesis clara que permita determinar si sufrió un accidente en la montaña o si fue víctima de algún delito.
De acuerdo con información publicada por El País, los padres de Ana Amelí consideran que las autoridades capitalinas reaccionaron tarde, trabajaron sin coordinación desde las primeras horas y se resistieron durante meses a investigar la posible intervención de grupos delictivos que operan en la zona. La ausencia de una línea definida de investigación ha obligado a la familia a impulsar diligencias, buscar asesoría especializada y recurrir a instancias nacionales e internacionales.
Ana Amelí estaba por cumplir 21 años y se preparaba para iniciar una nueva etapa académica. Había dejado la carrera de biología con la intención de estudiar fisioterapia en la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que esperaba los resultados de ingreso. También dedicaba parte de su tiempo a la pintura, practicaba yoga y disfrutaba de las caminatas en espacios naturales.
La mañana de su desaparición pidió autorización para acudir al Ajusco con un grupo de amigos. Su padre, Ricardo García, la llevó a la estación Auditorio del Metro, punto desde el cual ella se dirigiría hacia la zona montañosa. Antes de despedirse, él le preguntó si necesitaba dinero, pero la joven respondió que no. Ambos se abrazaron y él le dijo que la amaba, sin imaginar que sería la última ocasión en que la vería.

Ana Amelí acababa de regresar de Estados Unidos, donde había permanecido con su madre, Vanessa Gámez. Llevaba apenas tres días nuevamente en Ciudad de México y, debido a que ya había visitado anteriormente el Ajusco, su familia consideró que la excursión era una oportunidad para que realizara una actividad que disfrutaba mientras aguardaba noticias de la universidad.
El contacto con ella se perdió alrededor de las cuatro de la tarde. En un primer momento, sus familiares pensaron que el teléfono se había quedado sin batería o que la falta de señal en la montaña impedía la entrega de los mensajes. Ese día también se registró una lluvia intensa, por lo que consideraron posible que la comunicación se hubiera interrumpido temporalmente. Sin embargo, cuando cayó la noche y Ana Amelí no regresó, la preocupación se transformó en alarma.
La familia comenzó entonces un recorrido marcado por la falta de protocolos claros. Primero fue canalizada a Locatel, después al número de emergencias 911 y posteriormente de un Ministerio Público a otro. Cuando finalmente sus integrantes llegaron al Ajusco, los policías les informaron que la montaña se encontraba cerrada y les pidieron regresar al día siguiente. Horas más tarde, cuando ya volvían a casa, recibieron una llamada en la que se les notificó que la búsqueda sí comenzaría. “Hubo muchas fallas desde esa primera noche”, sostienen sus padres.
Durante los días siguientes se desplegaron recorridos por caminos, barrancas y zonas boscosas del parque nacional. Familiares, voluntarios, rescatistas y autoridades participaron en brigadas apoyadas por drones y helicópteros. Los esfuerzos se concentraron inicialmente en el Pico del Águila, lugar donde se registró la última ubicación conocida del teléfono celular de Ana Amelí.
Con el paso de las semanas, sus padres pidieron que la investigación no quedara limitada a la posibilidad de un accidente. El Ajusco ha sido señalado como una zona de riesgo por la presencia de robos, desapariciones y actividades delictivas que se extienden hacia áreas boscosas conectadas con el Estado de México. No obstante, según la familia, las autoridades tardaron más de tres meses en aceptar que la actuación de grupos criminales debía ser considerada dentro de las líneas de investigación.
Vanessa Gámez señala que ese retraso redujo las posibilidades de obtener indicios importantes y permitió que transcurriera tiempo decisivo sin que se realizaran diligencias orientadas a esclarecer una probable privación de la libertad. “La investigación empezó más de tres meses después, una vez que ellos mismos aceptan que sí hay grupos criminales en la zona”, explica la madre de la joven.
A la angustia por desconocer el paradero de su hija, los padres han tenido que sumar una batalla permanente para conseguir que las instituciones actúen. Ricardo García sostiene que, en la práctica, son las propias familias quienes reúnen datos, localizan posibles testigos y presionan para que las autoridades realicen las investigaciones que les corresponden. “Las familias son las que realmente investigan y obligan a que las autoridades hagan su trabajo”, afirma.
La familia ha recurrido a abogados, presentado denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos y solicitado acciones urgentes ante Naciones Unidas. También ha gestionado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acudido a diversas instancias en busca de respaldo. Incluso una agencia privada de inteligencia realizó un análisis completo del caso y entregó sus conclusiones a las autoridades, pero hasta ahora no se han reportado avances que permitan localizar a Ana Amelí.
La búsqueda también se ha trasladado al espacio público. Los familiares han participado en protestas y acciones destinadas a visibilizar la crisis de desapariciones en México, entre ellas manifestaciones relacionadas con actividades del Mundial de futbol. Asimismo, respaldaron la colocación de un antimonumento dedicado a las personas desaparecidas en el Ángel de la Independencia, el cual fue retirado o robado pocas horas después de su instalación, hecho cuya revisión fue instruida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.
El caso de Ana Amelí se inscribe en una emergencia nacional que afecta a más de 130 mil personas desaparecidas, de las cuales cerca de 30 mil son mujeres. Ciudad de México concentra alrededor de seis mil registros, principalmente en alcaldías como Iztapalapa y Cuauhtémoc. En Tlalpan, demarcación donde se encuentra el Ajusco, se contabilizan 263 casos, cifra que contrasta con los cuatro registros existentes en 2017, cuando comenzó la estadística referida.
En esa misma región se han reportado otras desapariciones, como la de Pamela Gallardo, cuyo paradero se desconoce desde 2017; la de Olín Hernando Vargas, de 24 años, quien fue secuestrado en la zona, y la de Luis Óscar Ayala García, de 48 años, visto por última vez en el Pico del Águila dos meses después de la desaparición de Ana Amelí. Para la familia García Gámez, estos antecedentes demuestran que la ausencia de su hija no puede ser tratada como un hecho aislado.
Pese a los riesgos documentados, el Ajusco continúa con amplias áreas sin cámaras de vigilancia, cobertura telefónica ni controles efectivos de acceso. La extensión del bosque, la escasa presencia policial y la falta de mecanismos para registrar la entrada y salida de visitantes dificultan las búsquedas y favorecen la actuación de grupos delictivos. “Es una tierra de nadie”, sostiene Ricardo García.
Después de más de 365 días sin su hija, Vanessa Gámez describe la ausencia como una experiencia permanente de miedo y desesperación. “Ha sido un terror espantoso vivir más de 365 días sin mi hija”, asegura.
Mientras no exista una investigación capaz de explicar qué ocurrió aquel 12 de julio, la familia continuará exigiendo que Ana Amelí sea buscada no solamente como una excursionista que pudo perderse en la montaña, sino también como una joven que pudo haber sido víctima de la violencia que las autoridades tardaron demasiado tiempo en reconocer.
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