Ciudad de México, 21/09/26 (Más).- Colectivos de familiares de personas desaparecidas alertaron sobre lo que consideran intentos de utilizar políticamente su lucha ante el inicio del proceso electoral 2026-2027, por lo que demandaron que partidos, candidatos y funcionarios eviten convertir el dolor de las víctimas en un recurso de promoción.
Un grupo de 26 organizaciones manifestó su rechazo a acciones que interpreta como oportunistas y pidió que el respaldo institucional se traduzca en resultados concretos en materia de búsqueda, investigación, identificación forense y atención a las familias.
De acuerdo con Animal Político, las organizaciones difundieron el 17 de septiembre un pronunciamiento en el que cuestionaron recientes acercamientos de actores políticos con familiares buscadores y advirtieron sobre posibles intentos de cooptación y manipulación en momentos en que México entra en la ruta hacia las elecciones de junio de 2027.
Las agrupaciones sostienen que su causa no debe emplearse para obtener votos, candidaturas o posicionamiento público y remarcaron que la participación política de una víctima es legítima cuando responde a una decisión propia y no a intereses partidistas.
El reclamo surgió después de que gobernadores como Libia Dennise García, de Guanajuato, y Alejandro Armenta, de Puebla, incluyeran referencias a las madres buscadoras durante las ceremonias del Grito de Independencia.
Los colectivos firmantes interpretaron esas expresiones como actos de oportunismo político, valoración que corresponde a las propias organizaciones y que forma parte de su pronunciamiento sobre la relación entre autoridades y víctimas en el contexto electoral.


También mencionaron a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien acudió a un plantón instalado afuera de la Fiscalía General de la República y ofreció respaldo a familiares de personas desaparecidas, además de proponer que una sala de cabildos llevara el nombre de sala “Madres Buscadoras”.
Las organizaciones cuestionaron que este tipo de acercamientos se produzcan precisamente cuando comienza un nuevo ciclo electoral y señalaron que el respaldo hacia las familias debe evaluarse por sus resultados y permanencia, no únicamente por actos públicos o expresiones de solidaridad.
El comunicado también advierte que partidos pequeños o de reciente registro estarían ofreciendo candidaturas plurinominales a familiares de desaparecidos. Las agrupaciones no identificaron a las fuerzas políticas a las que atribuyen estas propuestas, pero plantearon el riesgo de que las víctimas sean utilizadas como punta de lanza de proyectos partidistas o como una vía para trasladar a las campañas la legitimidad social acumulada por quienes llevan años buscando a sus familiares.
Una de las voces que expone esta preocupación es Myrna Ivette, hermana de Mayra Itzel Arteaga Cerón, desaparecida el 27 de junio de 2019 en la alcaldía Álvaro Obregón cuando tenía 37 años. Desde entonces, Myrna ha recorrido fiscalías, juzgados y servicios forenses en busca de información sobre su hermana, además de enfrentar el impacto laboral, económico y familiar provocado por una búsqueda que se prolonga desde hace más de siete años.
La exigencia de resultados llevó a Myrna a involucrarse cada vez más en las labores de búsqueda y posteriormente a fundar el Colectivo María Rosa Cerón, nombrado en memoria de su madre.
La experiencia, relató, modificó su vida cotidiana, sus relaciones personales y su situación laboral, pues terminó dejando su empleo para dar seguimiento a la investigación. Sobre la necesidad de presionar para que los expedientes avancen, señaló: “Tienes que estar atrás de las autoridades para que nuestras carpetas avancen”.
El caso de Mayra tiene actualmente tres personas detenidas, aunque su paradero continúa sin ser esclarecido. Para Myrna, una eventual sentencia contra los imputados no resolvería por sí sola la principal exigencia de la familia: saber dónde está su hermana. Esa experiencia explica, según su testimonio, el rechazo a que las demandas de los colectivos aparezcan repentinamente en discursos y actos públicos durante una etapa preelectoral.
Myrna no plantea que las víctimas deban mantenerse fuera de la política. Por el contrario, considera legítimo que una persona con un familiar desaparecido busque un cargo público y lleve esa experiencia a las instituciones. Su cuestionamiento se dirige a los casos en los que, desde su perspectiva, partidos o figuras públicas se acercan a las familias principalmente para obtener exposición o respaldo. Resume esa postura con una expresión incluida en el reclamo de los colectivos: “Nuestro dolor no se vende”.
Los colectivos sostienen que el respaldo a las familias debe reflejarse en presupuestos suficientes para fiscalías especializadas, personal pericial capacitado, protección para quienes participan en búsquedas de campo y mecanismos eficaces de investigación.
Las organizaciones también marcaron distancia de expresiones violentas atribuidas a otros grupos de familiares y señalaron que el dolor por una desaparición no justifica agresiones. Su planteamiento central es que las autoridades mantengan una relación institucional, sensible y permanente con las víctimas, independientemente del calendario electoral, y que las acciones en su favor puedan comprobarse en investigaciones, búsquedas, identificación forense y políticas públicas que permanezcan más allá de una campaña.
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