Alerta síndico sobre caos si AHMSA no se vende

Aguilera Gómez informó que AHMSA acumula un pasivo superior a 61,000 millones de pesos, distribuido de la siguiente manera: 22,000 millones correspondientes a acreedores financieros, 17,000 millones a dependencias gubernamentales federales, y otros 22,000 millones a obligaciones con trabajadores y proveedores. Esta última cifra coloca a empleados y proveedores en condición prioritaria durante la liquidación.

El síndico detalló que ya se completaron las actividades ordenadas para la etapa de quiebra, incluyendo la toma de posesión de activos, inventarios completos y avalúos profesionales. La firma Levy Assets fijó el valor de la unidad productiva siderúrgica y minera integrada en 1,326 millones de dólares, estableciendo un valor mínimo de referencia del 85% de esa cifra, aproximadamente 1,127 millones de dólares.

Ocho empresas interesadas y cronograma de subasta

A pesar de la magnitud del pasivo, Aguilera Gómez anunció que ocho empresas nacionales y extranjeras ya manifestaron interés en adquirir la siderúrgica. Las bases para la convocatoria de subasta fueron entregadas a la jueza concursal, quien solicitó reprogramar actividades previas para su validación formal.

La nueva calendarización propone realizar la subasta durante enero de 2026, siempre que la autoridad judicial autorice los pasos procesales faltantes. El síndico indicó que, de autorizarse la convocatoria esta semana o la próxima, podría publicarse casi de inmediato, iniciando el proceso de selección. Si en la primera subasta no se alcanza un valor razonable, será necesaria una segunda ronda adaptada a las condiciones del mercado.

El síndico fue enfático al señalar que el impacto del cierre no se limitaría a los empleados directos. La paralización afectaría a más de 1.700 proveedores y podría provocar la desaparición de la única siderúrgica totalmente integrada del país. Advirtió sobre el riesgo para 26.000 proveedores y la afectación general al clúster productivo regional, cuyo dinamismo económico depende de la reactivación del complejo siderúrgico.

Urgencia del proceso y obstáculos

Aguilera advirtió que el tiempo es un factor crítico y que prolongar el proceso por intereses particulares o retrasos judiciales sería perjudicial para todas las partes, especialmente para los trabajadores. «Si no colaboramos todos, esto se puede prolongar por años», señaló, recordando que los concursos que se extienden terminan con pagos reducidos o tardíos que afectan directamente los derechos laborales preferentes.

El síndico solicitó la anuencia de los acreedores garantizados, quienes tienen derechos sobre la mayor parte de los activos productivos. Sin esa aprobación, advirtió que los acreedores podrían ejecutar separatorias y desmembrar activos críticos, debilitando cualquier posibilidad de reactivación industrial ordenada.

Según el orden legal establecido, los primeros en recibir pagos serán los créditos laborales preferentes, seguidos por créditos garantizados, créditos laborales no preferentes y finalmente créditos comunes y subordinados. Sin embargo, Aguilera reconoció como muy difícil que alcanzar recursos para cubrir créditos fiscales o comunes, dada la magnitud de los adeudos acumulados durante años.

Aguilera Gómez sostiene que su misión principal es lograr que la empresa vuelva a operar, porque es la única vía para pagar los créditos laborales preferentes de millas de trabajadores. Reiteró que, sin venta y sin operación, ni siquiera esos créditos podrían cubrirse y la afectación para trabajadores, proveedores y comunidad sería irreversible y devastadora.


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