Alerta por violencia contra las mujeres

Urge mejorar la ley para reforzar las acciones de prevención, así como emprender investigaciones a profundidad ante las denuncias y primeras señales de comportamientos violentos para evitar más feminicidios

Por Miguel Villarello

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Saltillo, Coah. – Coahuila está en sexto lugar nacional en el índice de feminicidios cometidos, de acuerdo con datos de las autoridades penales muy por debajo de estados en los que anualmente el promedio se ubica entre 50 y 100.

El más reciente crimen en que Erika, una mujer saltillense, perdió la vida esta semana a manos de su pareja agresora, Raymundo, volvió a encender la alerta para reforzar las acciones de denuncia de violencia contra las mujeres, reformar la ley penal y emprender investigaciones más profundas específicamente en el caso de feminicidios.

Principalmente provenientes de la sociedad y de grupos feministas se busca que se aplique la ley en dos sentidos, una reforma para modificarla en cuanto al feminicidio y que la persona agresora no tenga derecho ni a la suspensión de su proceso ni al procedimiento abreviado, sino que purgue con la pena impuesta que va de los 40 a los 60 años en prisión.

Y un segundo aspecto: que la ley obligue a la autoridad policiaca y las fiscalías a llevar a cabo investigaciones profundas también en este caso, sin dejar de lado el que las instituciones que apoyan a las mujeres refuercen sus acciones preventivas.

SALTILLO A LA CABEZA

Con al menos dos feminicidios registrados en lo que va del 2023, uno en Torreón con el hallazgo del cuerpo de una mujer reportada como desaparecida y el de Saltillo en la colonia Bellavista esta semana, Coahuila ocupa el sexto lugar nacional en el índice de feminicidios cometidos.

De acuerdo con datos aportados por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, en primer lugar está Saltillo 6 feminicidios; le sigue Piedras Negras con 5 y Torreón con 3; sin embargo, existen otros estados de la república que contabilizan entre 50 y 100 feminicidios al año.

El común detonante para llegar a cometer este delito es la violencia hacia la mujer que va escalando de una discusión verbal, se pasa a una agresión fuerte, que al subir de intensidad hasta llegar a provocar la muerte; en muchos casos se involucra el consumo de drogas, alcohol y en otras ocasiones una situación económica vulnerable como el desempleo, por ejemplo.

Otra fuente de datos es la Dirección de Asuntos Especializados de la Fiscalía General del Estado que en diciembre pasado informó que mientras que en el 2021 se cometieron 24 feminicidios, en el 2022 la suma hasta diciembre contabilizaba 22 en el estado, 21 de los cuales ya estaban judicializados, mientras que en uno no se había concretado el ejercicio de la acción penal ante un juez debido a que la persona responsable de haber cometido el feminicidio se suicidó.

LA CRUELDAD Y SAÑA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El miércoles en las inmediaciones de la colonia Bellavista una pareja inició una fuerte discusión, según versiones de vecinos, la cual, al subir de intensidad derivó en violencia extrema hasta provocar la muerte de una mujer.

De acuerdo con datos de la carpeta de investigación los vecinos alertaron del incendio de la vivienda de la cual provino antes la discusión y, al entrar, encontraron un cuerpo del género femenino al interior con signos de violencia física y quemaduras de primero y segundo grado.

Erika yacía en el pasillo atada de manos y pies, con quemaduras en abdomen y pecho, así como dos heridas en la parte frontal de su cabeza.

La primera línea de investigación, según testimoniales aportados por familiares, el agresor de nombre Raymundo y pareja sentimental de ella había perpetrado el delito para después trasladarse al estado de Nuevo León.

En una rápida coordinación entre autoridades de las fiscalías de Coahuila y Nuevo León se logró la captura de la persona sospechosa para, el viernes por la noche, trasladarlo al penal de Saltillo y que el agente del ministerio público especializado en feminicidios solicitara la audiencia inicial del caso.

Más tarde trascendió que el feminicidio sería ventilado en un juzgado penal este sábado por la mañana con el fin de hacer saber al presunto agresor la imputación en su contra.

Entre los resultados de la carpeta de investigación se tiene que, como resultado de la necropsia la víctima dejó de existir a causa de un traumatismo craneoencefálico severo, puesto que recibió un golpe en la cabeza y dado con un objeto contundente antes de ser atada de muñecas y pies y finalmente prenderle fuego en un presumible intento por desaparecer evidencias.

Con esta referencia y cuando se trata de un delito cometido por razones de género el Código Penal señala un castigo de 40 a 60 años en prisión, sostuvo en una entrevista el fiscal especializado para delitos por razones de género, Liberto Hernández.

El funcionario, mencionó inclusive que hasta entonces no se tenían datos antecedentes de denuncias por violencia familiar anterior en contra del imputado.

SE REQUIERE INVESTIGAR MÁS

Con el recuerdo de que hace unos meses, casi al finalizar el 2022, Rosa María Salazar Rivera, directora de la Fundación Luz y Esperanza AC puso el dedo en la llaga al mencionar que, no obstante que los feminicidios iban a la baja, había que poner atención en los procesos de investigación de este tipo de delito y que fueran con mayor profundidad.

Otro factor que se adiciona a los actos de violencia contra las mujeres específicamente en cuanto al feminicidio declaró entonces, es el correspondiente a los procedimientos de investigación.

Luego de insistir con que el feminicidio en Coahuila había ido disminuyendo, “pero no ha desaparecido”, puntualizó que, por otra parte, había que poner atención en los procesos de investigación al respecto para que se llegara a una mayor profundidad.

La propuesta de Salazar Rivera iba en dos sentidos.

La primera, pugnar por desarrollar mejores políticas públicas en el tema de la violencia y evitar que se llegue al feminicidio, es decir, la prevención.

Y, la segunda, que “aunque existe el delito están las penas y las sentencias, pero no se ejecutan como tal por llegar a una vía de solución como lo es el juicio abreviado que beneficia al agresor”.

PENAL MÁXIMA DE 40 AÑOS

Liberto Hernández, el fiscal especializado para delitos de género de la Fiscalía General del estado declaró el jueves pasado que, gracias al convenio que se tiene entre las corporaciones policiacas y las fiscalías estatales se logró la detención del posible agresor en Monterrey Nuevo León.

Y entonces habló de la víctima del feminicidio más reciente en Saltillo, de la que informó de manera muy breve que, como resultado de la necropsia la víctima dejó de existir a causa de un traumatismo craneoencefálico severo.

Un golpe dado con un objeto contundente antes de ser atada de muñecas y pies y finalmente intentar quemarla con fuego en un presumible intento por desaparecer evidencias.

Por lo que expresó que “cuando se trata de un delito cometido por razones de género el Código Penal señala una penalidad de 40 a 60 años”.

Inclusive precisó que, con referencia a Raymundo, el imputado del feminicidio, no se tenían hasta el momento datos de antecedentes de denuncias por violencia familiar anterior en su contra.

Sin embargo, destacó que en una rápida coordinación con las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León y las de Coahuila se logró la captura de dicha persona.

La cual el viernes por la noche fue trasladada al penal de Saltillo con el fin de que el ministerio público especializado en feminicidios solicitara la audiencia inicial a un juez del ramo penal.

Y estimó finalmente que la audiencia para imputarle a Raymundo los hechos del feminicidio de Erika podría ser entre el mismo viernes o el sábado por la mañana.

PENA SIN BENEFICIO

Cuestionada al respecto, horas más tarde del incidente que alertó a la ciudadanía por la saña con que se cometió, la diputada Lizbeth Ogazón Nava emitió su postura.

Reformar la ley para que los agresores que cometan el delito de feminicidio no tengan oportunidad de abreviar su juicio y purguen su pena máxima en el penal.

Son penas leves a las que se llega, debido a que la ley lo permite expresó en primera instancia, “y estas penas leves permiten al agresor irse por la suspensión del proceso o un procedimiento abreviado lo cual le da la oportunidad de enfrentar en libertad su proceso judicial”.

La legisladora por el Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso de Coahuila dijo que presentó hace unos meses una iniciativa al respecto para aumentar la pena por este tipo de casos que se dan y que ese beneficio no se otorgue al procesado.

“Creo que tienen que hacer algo las autoridades y lo primordial es impulsar esta iniciativa para prevenir y evitar este tipo de hechos en contra de las mujeres, dicha iniciativa prácticamente está en la congeladora,” reveló ya que desde octubre sigue en análisis en la Comisión de Gobernación del Legislativo.

Aunque no va tanto a la prevención, reconoció que su iniciativa es más bien la de feminicidio y va más al castigo.

“Es decir, aunque se inicie la judicialización del caso de feminicidio, la ley permite una salida alterna o llegar a un procedimiento abreviado”.

“En este procedimiento abreviado el imputado se declara culpable y, por ejemplo, si le iban a tocar 40 años como sentencia a través de un juicio oral, en esta ocasión la pena se reduce mucho, hasta 15 años en promedio y una reparación del daño y el imputado, pasados cinco años en la cárcel tendría acceso a la libertad por buen comportamiento”, expresó.

Ante beneficios así y por ser el feminicidio un delito de alto impacto, Ogazón Nava consideró que en este caso específico no debería permitirse el procedimiento abreviado, sino que el culpable pague su pena completa en el reclusorio, de ahí la idea de la reforma al Código Penal.

Entre sus investigaciones como abogada y con pláticas con litigantes penalistas, afirmó que han llegado a la conclusión de que existe este beneficio para el imputado al llevar su procedimiento judicial por feminicidio.

“Pues se estima que siempre se va a dar el procedimiento que beneficie de mayor forma al procesado, lo cual es la pugna que hay en cuanto al tema de los derechos humanos entre la víctima violentada y el reo que está siendo procesado”.

“Que hay quien piensa que ‘¿cómo es que le vas a dar una mayor protección a la persona que está siendo procesada que a la víctima que ya falleció?”.

“Pero legalmente así está establecido en materia penal, que lo que haya en el marco jurídico que vaya a beneficiar al reo es lo que se va a aplicar, aunque la concepción sea diferente del tema que se vaya a tratar”, indicó luego.

La propuesta para terminar aseveró finalmente, es que específica y únicamente “en cuanto al feminicidio no exista el procedimiento abreviado para que no haya beneficio”.

SIN IMPUNIDAD

Luego de que el mismo jueves al mediodía un juzgado penal local librara una orden de aprehensión en contra del victimario para que respondiera a la imputación por el delito de feminicidio con todas sus agravantes, el Gobernador del Estado abordó el tema.

Miguel Ángel Riquelme Solís precisó que “se dejara caer todo el peso de la ley a esta persona que cometió el feminicidio terrible y lamentable en Saltillo”.

Inclusive resaltó que para la captura del posible feminicida fue fundamental el sistema de video inteligencia con que cuenta nuestra entidad y la coordinación que tienen las fiscalías de Coahuila y Nuevo León.

Y después de reconocer que Coahuila es un estado que protege a las mujeres y que se debe seguir mejorando en materia preventiva y que este tipo de sucesos no ocurran, el Mandatario recalcó: “Aquí no hay impunidad pues vemos que todos los feminicidios se resuelven y se imponen las penas”.

Respecto de la normativa, y de acuerdo con datos consultados, el Código Penal en su Artículo 188, “Tipo penal complementado de feminicidio”, indica que se aplicará prisión de 40 a 60 años y multa al que prive de la vida a una mujer por razón de género.

Así las cosas, con una ciudadanía alarmada por la saña con que se cometen los feminicidios y que llama la atención pues ya se había dado anteriormente la alarma en el sentido de que la violencia contra las mujeres va en escalada.

Además, están quienes piden la aplicación de la ley con penas completas y que las investigaciones de feminicidios se hagan hasta llegar más al fondo del problema.

Aparte parece que el trabajo de las instituciones y centros gubernamentales de apoyo a las mujeres es insuficiente y definitivamente deberán mejorar sus atenciones tal vez mediante replantear sus políticas de apoyo al sector femenino y que se dé una prevención más efectiva para interrumpir la comisión del feminicidio, eso sí, sin dejar de excusarse con que hay que denunciar primero.