Tras declararse culpable, el dirigente del Cártel de Sinaloa fue sentenciado en Brooklyn a prisión de por vida. Además deberá entregar bienes por 15 mil millones de dólares
Brooklyn, Nueva York, 20/07/26 (Más).- Ismael “El Mayo” Zambada García, uno de los principales dirigentes históricos del Cártel de Sinaloa, pasará el resto de su vida en una prisión de Estados Unidos, luego de que un tribunal federal de Brooklyn lo sentenció este lunes a cadena perpetua por encabezar durante décadas una organización dedicada al narcotráfico, el lavado de dinero, el secuestro y el asesinato.
De acuerdo con información publicada por El País, el juez Brian Cogan confirmó la condena contra el narcotraficante mexicano de 76 años, quien el año pasado se declaró culpable de traficar cientos de toneladas de cocaína y heroína, además de participar durante los últimos años en la distribución de fentanilo hacia territorio estadounidense.
La resolución coloca a Zambada en una situación similar a la de Joaquín “El Chapo” Guzmán, su antiguo socio dentro del Cártel de Sinaloa, quien también fue condenado a cadena perpetua en 2019 y permanece recluido en Estados Unidos. Ambos encabezaron durante años una de las organizaciones criminales con mayor capacidad para producir, trasladar y distribuir drogas en distintos países.
Al pronunciar la sentencia, Cogan explicó que la legislación aplicable prácticamente lo obligaba a imponer la prisión de por vida, aunque consideró que la pena correspondía a la dimensión de los delitos atribuidos al acusado.
“El casi inimaginable volumen del tráfico de drogas que se le puede atribuir y el número de asesinatos que podemos documentar basta para justificar la decisión del Congreso de hacer obligatoria la imposición de la cadena perpetua”, señaló el juzgador.
Zambada aceptó su responsabilidad por dirigir una empresa criminal cuyas actividades se extendieron de 1989 a 2024. También reconoció su participación en conspiraciones relacionadas con lavado de dinero, narcotráfico y asesinato, así como en violaciones a leyes estatales sobre homicidio y secuestro por hechos ocurridos entre enero de 2000 y abril de 2012.
El antiguo jefe del Cártel de Sinaloa enfrentaba acusaciones formales en seis jurisdicciones federales de Estados Unidos, pero aceptó que los expedientes fueran concentrados en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York. El acuerdo permitió resolver en una sola corte los principales cargos acumulados durante décadas en su contra.
Antes de conocer formalmente el fallo, Zambada leyó una carta en español en la que ofreció disculpas a las víctimas, pidió el fin de la violencia y llamó a los jóvenes a no seguir el camino que él recorrió.
“Nadie gana en este tipo de guerras”, expresó ante el tribunal.
El narcotraficante reconoció que no puede revertir las consecuencias de sus decisiones, pero afirmó estar dispuesto a responder por ellas. “No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad”, manifestó durante la audiencia previa a la lectura de la sentencia.
El tribunal no impuso una multa adicional, pero ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, cantidad solicitada por la Fiscalía estadounidense como parte de la reparación por los daños ocasionados mediante las actividades delictivas que permitieron a la organización obtener ganancias durante casi cuatro décadas.
El fiscal federal Joseph Nocella sostuvo que la condena cerró definitivamente una etapa marcada por el tráfico masivo de drogas y la violencia empleada para proteger las operaciones de Zambada.
“Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando a comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de beneficio y ordenando el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo queda cerrado de forma definitiva”, afirmó.
La cadena perpetua ya era conocida por la defensa desde el año pasado, cuando Zambada aceptó los cargos de conspiración para delinquir y dirección de una organización criminal. Ambos delitos establecían una pena obligatoria de prisión de por vida, por lo que el acuerdo no contemplaba la posibilidad de obtener una sentencia menor.
A cambio de declararse culpable, el mexicano obtuvo la garantía del Departamento de Justicia de que los fiscales no solicitarían la pena de muerte. Esa condición resultó determinante para evitar un juicio en el que las autoridades estadounidenses habrían presentado pruebas y testimonios sobre el funcionamiento interno del Cártel de Sinaloa.
Zambada fue detenido en julio de 2024 junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, después de que la aeronave en la que viajaban aterrizó en una pista del estado de Nuevo México. Las circunstancias de su traslado desde México continúan rodeadas de versiones contradictorias y han provocado cuestionamientos sobre la intervención de agencias estadounidenses.
Desde su detención, Guzmán López también se declaró culpable de delitos relacionados con el tráfico de drogas. Su participación en el traslado de Zambada a Estados Unidos ha sido señalada como una pieza central de la operación, aunque todavía no se han esclarecido públicamente todos los acuerdos y acciones que permitieron que ambos llegaran al territorio estadounidense.
Frank Pérez, abogado de El Mayo, informó al tribunal que su cliente conocía la posibilidad de recibir cadena perpetua desde el momento en que decidió admitir su responsabilidad. La defensa pidió que el juez recomendara su ingreso en una prisión con capacidad para atender los problemas médicos derivados de su edad y estado de salud.
Los fiscales federales se opusieron a algunos de los centros penitenciarios sugeridos por el abogado al considerar que posiblemente no cuentan con la infraestructura necesaria para controlar los riesgos relacionados con el antiguo jefe criminal. Entre las preocupaciones se encuentra la posibilidad de que intente mantener comunicación con personas vinculadas al cártel y continúe influyendo en sus actividades desde prisión.
“Esas preocupaciones de seguridad persistirán en el futuro previsible, ya que personas leales al acusado siguen controlando el cartel”, advirtieron los fiscales en un documento judicial presentado el 13 de julio. La decisión final sobre el penal en el que será recluido corresponderá a la Oficina Federal de Prisiones.
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