Ciudad de México, 18/11/2024 (Más / IA).- A pesar de los avances legales y los discursos sobre inclusión, las mujeres afromexicanas enfrentan una doble discriminación que combina el racismo con las desigualdades de género. Esta situación, denunciada por activistas y documentada en investigaciones recientes, destaca como una deuda pendiente en la agenda política del país.
Sagrario del Carmen Cruz, integrante de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, subraya que las mujeres afromexicanas sufren múltiples formas de violencia que van desde la psicológica y económica hasta la política y médica. Estas agresiones, según el informe Identidades entrelazadas: las capas de la violencia basada en género desde una mirada interseccional, no ocurren de manera aislada, sino que están profundamente arraigadas en sistemas de discriminación histórica.
El colorismo, estereotipos físicos y la hipersexualización son formas específicas de exclusión que enfrentan estas mujeres, quienes además cargan con la invisibilidad histórica de los pueblos afromexicanos, reconocidos oficialmente hasta el Censo de Población y Vivienda 2020, que identificó a 2.57 millones de personas afrodescendientes en México, de las cuales la mitad son mujeres.
Los estados con mayor población afromexicana son Guerrero (8.6%), Oaxaca (4.7%) y Veracruz (2.7%). Sin embargo, el subregistro y la dificultad de identificación en un contexto racista limitan la precisión de estos datos, lo que dificulta la creación de políticas públicas específicas.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022 posiciona a las personas afrodescendientes como el segundo grupo más discriminado en México, después de las diversidades sexuales. Esta discriminación incluye desde la falta de respeto a sus tradiciones y costumbres, hasta la explotación de sus recursos naturales sin consulta previa.
Para las mujeres afromexicanas, estos problemas se agravan con la falta de acceso a servicios básicos, atención médica adecuada y representación política real. “El colorismo y la visión eurocéntrica de belleza perpetúan violencias desde la niñez hasta la vejez, tanto en el ámbito familiar como en la escuela y los espacios laborales”, denunció Cruz.
El reconocimiento oficial en el artículo 2 de la Constitución no ha significado un cambio estructural. Las acciones afirmativas políticas han sido criticadas por la falta de inclusión de personas con trayectoria en el activismo y representación comunitaria.
“Lo que se ha logrado queda en el papel, no en la realidad”, lamentó Cruz, quien destacó que la lucha por los derechos civiles de los afromexicanos apenas comienza, en comparación con movimientos como el de Estados Unidos en la década de 1960.
El informe Identidades entrelazadas señala que es indispensable adoptar un enfoque interseccional para abordar las desigualdades que enfrentan no solo las mujeres afromexicanas, sino también las indígenas, con discapacidad y de la diversidad sexogenérica.
Entre las prioridades urgentes, destacan:
Acceso a la justicia: Reformar los sistemas judiciales para garantizar un trato justo y con perspectiva intercultural.
Salud mental: Fortalecer los servicios de apoyo emocional, con especial atención a los efectos de la violencia de género en mujeres indígenas, afromexicanas y con discapacidad.
Educación y sensibilización: Implementar programas educativos que eliminen prácticas discriminatorias y promuevan la igualdad desde un enfoque feminista, antirracista y de diversidad sexogenérica.
Reconocimiento político y cultural: Garantizar la representación de mujeres afrodescendientes y otras identidades en el ámbito legislativo y social.
A medida que se acerca el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los desafíos que enfrentan las mujeres afromexicanas resaltan como un recordatorio de que la inclusión no puede limitarse a discursos. Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que esta población reciba el reconocimiento, los recursos y las oportunidades necesarias para erradicar las violencias estructurales que aún las afectan.
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